FILAC, 5 de mayo de 2020. / En una reciente nota informativa de mayo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dedica su edición a analizar las condiciones en las que los Pueblos Indígenas están enfrentando a la COVID19 y sus consecuencias sociales y económicas que estarían alterando drásticamente la trayectoria hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Precisamente, serían las condiciones de precariedad económicas y sociales anteriores a la pandemia que los ubica en una posición de desventaja mayores al resto de la población mundial para enfrentar la pandemia. Su posición de desventaja en el mercado laboral, la elevada proporción de indígenas entre la población pobre, las condiciones sanitarias y de salud precaria, acceso limitado a infraestructura y servicios públicos como los de salud, agua y saneamiento, vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y las condiciones de discriminación hacia las mujeres indígenas, son varios de los componentes que la OIT analiza para afirmar que los Pueblos Indígenas serán los más amenazados.
La COVID19, el trabajo y la economía de personas indígenas
El mundo del trabajo se ha visto particularmente afectado por la COVID19 poniendo en crisis los rubros de servicios, incluyendo el servicio doméstico, la hostelería o el turismo, el transporte, la manufactura, la construcción y el comercio informal, es decir, aquellos sectores donde las personas indígenas tienen una presencia importante y siendo restringidos aún más los que perciben ingresos por la agricultura familiar y las industrias de elaboración de alimentos.
La OIT señala que aunque más del 70% de las personas indígenas viven en áreas rurales muchas de ellas han emigrado a centros urbanos en busca de trabajo. En América Latina el fenómeno es precisamente inverso, hay un 70% de la población indígena que vive en centros urbanos y varios de ellos tratando de retornar a sus comunidades rurales, según un últimos estudio de CEPAL.
Las desigualdades económicas se agravan con las vulnerabilidades sanitarias y ambientales que existen entre la población indígena como la tuberculosis y la diabetes tipo 2, altos índices de malnutrición y enfermedades cardiovasculares. Están en primera línea de las poblaciones que sufren las consecuencias del Cambio Climático y la pérdida de la diversidad biológica ya que tienen una relación cultural y espiritual directa con su entorno natural.
Efectos cascada de los colapsos económicos
Desde la perspectiva de la OIT, con la reducción de la demanda laboral y la imposibilidad de brindar su mano de obra, sus bienes y servicios, la capacidad de los Pueblos Indígenas para adquirir productos básicos, incluidos alimentos, aumenta los riesgos en la seguridad alimentaria y amplía la hambruna entre su población.
Esta crisis alimentaria, sobre todo en las zonas en las actividades basadas en medios tradicionales de la tierra no se constituyen ya en una opción para las familias indígenas. Si sumamos la precariedad de las viviendas se suele agravar aún más la situación donde no es posible el distanciamiento físico, condiciones de higiene mínimas y acceso limitado a servicios de agua y saneamiento.
Sobre este último punto la OIT toma en cuenta el informe del FILAC “Los Pueblos Indígenas ante la pandemia de la COVID-19” presentado a inicios del mes de abril donde hace un análisis amplio sobre cómo enfrentaron los Pueblos Indígenas en la región latinoamericana el fenómeno de este Coronavirus.
Para Álvaro Pop, Secretario Técnico del FILAC, el que la OIT haya referido por primera en un documento oficial el trabajo del FILAC quiere decir que “todos los esfuerzos que estamos realizando en estos últimos meses están generando reflexión y han llamado la atención sobre los enormes riesgos que están enfrentando pueblos enteros, en especial de la Amazonia”. Estamos ante una emergencia alimentaria donde precisamente el FILAC está acudiendo con programas de cooperación, dijo.
También la presidenta del Consejo Directivo del FILAC, Myrna Cunningham, se congratuló sobre esta importante mención al informe realizado ya que “demuestra la complejidad de la realidad de los PI y la necesaria alianza para enfrentarla juntos para aprovechar la riqueza de todas las culturas que la humanidad ha producido”, mencionó.
Preparar la recuperación socioeconómica inclusiva
Con el marco del Convenio 169, como una norma internacional, los países tienen un marco legal para priorizar la atención humanitaria, de emergencia, pero también para el periodo de recuperación post pandemia.
Recomienda que se elaboren y difundan materiales informativos en lenguas indígenas, se apoyen las medidas de prevención propios de los pueblos indígenas, realicen los Estados evaluaciones rápidas de las repercusiones económicas de la COVID-19, se asegure la inclusión efectiva de las personas indígenas en la asistencia social y se elaboren medidas de seguridad y salud en el trabajo para facilitar las transiciones de regreso al trabajo.
Pero sobre todo, concluye su análisis, está la de mejorar considerablemente el acceso de los pueblos y comunidades a los servicios de salud, incluidos los servicios comunitarios, teniendo en cuenta sus condiciones y culturas, así como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales.
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