PRESSENZA/Colombia.- Presentamos el tercer informe del especial periodístico sobre la crisis humanitaria de los pueblos indígenas en Colombia, que viene produciendo nuestro medio aliado Hacemos Memoria, a través de la Red de Periodismo y Memoria de la que hacemos parte como Agencia Internacional de Prensa, con el fin de acercar al público internacional los hechos de violencia política que han afectando históricamente a las comunidades más vulnerables en el país suramericano, por causa del conflicto armado interno y la marcada exclusión social y política.
Minería, deforestación, siembra de coca y presencia de grupos armados tienen en emergencia humanitaria a los pueblos indígenas de la región amazónica. Tercera entrega de una serie periodística sobre la crisis de los indígenas.
En agosto de 2019 la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) declaró estado de emergencia ante la crisis humanitaria que atraviesan las comunidades de los seis departamentos que componen la región amazónica: Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Ocho meses después, los 150 mil indígenas que habitan esta zona del sur del país siguen esperando soluciones a sus problemas.
Hablamos con Róbinson López, líder indígena de la Opiac, quien explicó las causas de esta crisis humanitaria y la manera cómo afecta la vida social, cultural y espiritual de los pueblos indígenas de la Amazonía donde, según él, habita el 90% de la población indígena que está en vía de extinción en Colombia.
¿Cómo son los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana y cuál su situación actual?
Nuestra vida tiene que ver con lo espiritual, lo cultural y el arraigo territorial. Los amazónicos por naturaleza somos de la cultura del yagé, del ambil, de la coca, de la yuca dulce, de la caguana, del yopo, entre otras prácticas amazónicas. Nuestra manera de relacionamiento con el mundo exterior se fundamenta en lo espiritual y el territorio. A través de una maloca y el mambe podemos tener conexión con el territorio. Los Ingas del Putumayo, por ejemplo, tenemos una conexión espiritual con el territorio a través del yagé y así no tenemos que ir al bosque o a 35 mil hectáreas caminando, sino que podemos hacerlo desde la casa de sanación y hacer esos recorridos y tener esa visión para saber qué es lo que tiene el territorio, conectarnos con otros seres, con otros espíritus que hay ahí. Esa es nuestra visión holística e integral del territorio. Afectar el bioma y ese sistema con megaproyectos petroleros o mineros afecta las cuencas sagradas, los sitios sagrados, las plantas, los humedales, los salados. Afectar todo eso implica condenar a todos los pueblos al exterminio físico y cultural.
Desde agosto de 2019 declararon una crisis humanitaria ¿De qué se trata exactamente?
La Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) hace presencia en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas, y representa a 66 pueblos indígenas de los 115 que hay en el país, de los cuales hay confirmados dos pueblos en aislamiento voluntario, es decir, pueblos que no han tenido contacto con la civilización, y hay indicio de 14 más. Todos estos pueblos han vivido milenariamente en este bioma, el bioma más importante del mundo, en una relación espiritual y una visión holística del territorio, conservan sus tradiciones, lengua materna, costumbres y es aquí donde realizan sus planes de vida.
Durante los últimos años estos territorios y estos pueblos se han visto afectados por diferentes situaciones de orden público. A pesar de que hay un Acuerdo de Paz suscrito con el gobierno y las FARC siguen matando a los líderes indígenas y hay sistematicidad en estos asesinatos, sobre todo en los casos de Putumayo y Caquetá donde la violencia se ha recrudecido.
Sumado a ello tenemos la presencia de multinacionales petroleras y mineras: el tema de la minería es un tema muy complicado que ha generado contaminación y sigue contaminando los ríos Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guainía y Guaviare con mercurio, poniendo en riesgo la vida de las familias y los pueblos porque eso es un veneno. Hay informes científicos del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) en los que se ha detectado la presencia de mercurio en la leche materna de las mujeres de estos pueblos y también en el cabello. También hay estudios que dan cuenta de que familias ubicadas en el Caquetá están siendo afectadas por este fenómeno.
Así mismo está el tema de la deforestación a gran escala por la ampliación de la frontera agrícola, la extracción maderera y la ganadería extensiva. Y está la especulación de la tierra, lo que quiere decir que están llegando nuevas familias foráneas a apropiarse de territorios que son ancestrales de los pueblos indígenas. Todo esto está generando impactos irreversibles en la vida y los territorios de los 66 pueblos que hay en la Amazonía colombiana, que son cerca de 150 mil personas nativas.
¿Esos problemas se presentan en toda la región?
Los seis departamentos se ven afectados. En todos hay minería, presencia de grupos armados, deforestación. En Guaviare, por ejemplo, se están registrando altos índices de deforestación especialmente por la ganadería, poniendo en riesgo la supervivencia del pueblo Nukak.
En estos territorios hay siembra de coca y, de nuevo, hay presencia de guerrilla como las disidencias de las FARC. También llegan los paramilitares y bandas criminales al servicio del narcotráfico como ‘Los Urabeños’, especialmente en Putumayo, Caquetá y Amazonas.
El tema es muy complicado. Nosotros, de la mano de la Comisión de la Verdad, hicimos un viaje al Amazonas por el tema de restitución de tierras y derechos humanos, y nos encontramos con esta información tan dolorosa. La gente no denuncia por miedo.
¿Qué acciones han tomado para exigir soluciones al Estado?
Nosotros le hemos presentado la Agenda Ambiental de la Amazonía a la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Ahí están detalladas las principales problemáticas estructurales de la región y el rezago social y ambiental que históricamente ha tenido. En esa agenda hay trece puntos estructurales entre los cuales está el Decreto 632 de 2018 por el cual se dictan las normas necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
La idea es que con el decreto se les dé la autonomía y el gobierno a las autoridades indígenas, y que no se creen municipios en esos territorios. Pero a pesar de los ocho años de gestión de la Opiac y de los líderes en la Mesa Permanente de Concertación Nacional, ese decreto no se ha cumplido. Todo lo contrario, hace poco el presidente Iván Duque estuvo allá y creó un municipio dentro de esas áreas no municipalizadas, violando las leyes que protegen a los pueblos indígenas. Y lo hizo eligiendo a dedo a una indígena que se prestó para eso.
Entonces ahí qué pasa: primero, se incumple el decreto; segundo, se deja de fortalecer a las autoridades indígenas y la autonomía de gobierno; y tercero, se crea una municipalidad, que es justamente lo que no se debería hacer porque las estructuras municipales son la forma en que llegan la colonización y sus maquinarias a estos pueblos.
¿Qué problemas se generan cuando se crean municipios en sus territorios?
El decreto se pensó de acuerdo con la Ley de Origen: preservar nuestros usos y costumbres, el Derecho Mayor y, sobre todo, la visión y conservación del territorio. Cuando una zona es municipalizada como, por ejemplo, Barranco Minas en Guainía, queda bajo la administración y tutela del gobierno nacional, lo cual quiere decir que queda expuesta a megaproyectos petroleros y de minería y, de paso, pierde la autonomía de los pueblos indígenas. Y estamos hablando de una zona muy importante y estratégica para la conservación del territorio. Si, por ejemplo, se cumpliera el decreto y la zona quedara bajo la tutela y la gobernanza de las autoridades indígenas, cualquier tipo de decisiones como esas tendría que someterse a consulta previa. Pero bajo la autonomía del gobierno es muy difícil que haya consultas previas o que se cumplan.
¿Cómo debería llegar entonces el Estado para que no se afecte la conservación ambiental y la vida de los pueblos indígenas en estos territorios?
Lo ideal sería por medio de las autoridades e instituciones de los pueblos indígenas: los capitanes, los caciques, los cabildos, los resguardos, las asociaciones creadas por el Decreto 1088 de 1993. Y ahora con el Decreto 632 de 2018 crear el sistema de gobierno adscrito al Ministerio del Interior. Es decir, hay instituciones y herramientas que tienen la vocación de conservación y de cuidado, porque nuestra forma de vida tiene que ver con una cosmovisión y con una cultura, pero sobre todo con una relación espiritual con el territorio y la vida, porque ahí está la madre de los pueblos indígenas y, sobre todo, porque la Amazonía es el pulmón del mundo.
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónia (Coica) de la mano con el Instituto Reims de Puebla ha hecho monitoreo sobre la deforestación y realizó un mapa del carbono forestal de la Cuenca Amazónica detectando que el 92% de la deforestación que se hace en la región sucede por fuera de los territorios indígenas. Entonces el análisis que hacemos es que sí somos gente idónea para cuidar y administrar los territorios a través de los sistemas de conocimiento tradicional y espiritual.
¿Y cuál es la situación con los otros problemas que los afectan?
Son temas que tienen cada uno sus intereses. El conflicto armado trae la pelea por el poder en los territorios, los cultivos ilícitos y el control de las rutas del narcotráfico. El recrudecimiento de la guerra tiene sus orígenes en que no hay un Acuerdo de Paz consolidado; muchas células están reproduciéndose otra vez y se financian con el narcotráfico, la minería, la extorsión y de muchas otras maneras.
En la minería están los intereses de las empresas multinacionales que están buscando cómo lucrarse con la explotación de los recursos naturales, la mayoría han llegado ilegalmente y el Estado debería controlar eso a través de las autoridades ambientales como las Corporaciones Autónomas Regionales que a través de la Ley 99 de 1993 tienen marco normativo para regular y administrar esas situaciones y no permitir que eso ocurra, más habiendo vidas de por medio.
La deforestación sí tiene conexión con la agroindustria para monocultivos como la palma aceitera en el Guaviare, con la ganadería generada por grandes empresarios que compran cada vez más tierras y con las familias que llegaron a sembrar hoja de coca en el postconflicto, porque como se fue la guerrilla de las FARC están llegando a adueñarse.
¿Cuáles serían las soluciones ideales y las más viables, según el conocimiento de primera mano que ustedes tienen por su trabajo?
Primero tiene que haber un reconocimiento de los acuerdos pactados con los pueblos indígenas en las diferentes mesas. Segundo, se deben respetar los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto entre el Estado y las FARC, que establecen unos mínimos y no se están respetando; además hay una estrategia del gobierno de desmonte de la política de postconflicto. Se tiene que respetar ese sistema y se tienen que facilitar los recursos necesarios para saber la verdad, qué ocurrió en los territorios, porque nosotros también tenemos muchas víctimas que no sabemos qué pasó con ellas en el conflicto. Ese sistema puede ser la garantía para saber dónde están los desaparecidos, para que se garantice la no repetición.
También se debe garantizar la Agenda Amazónica y se debe incluir la participación real y efectiva de los pueblos indígenas amazónicos que son los actores. Es un reclamo que se hace al gobierno: todo el mundo quiere salvar la Amazonía pero sin tener en cuenta a los pueblos indígenas, o a la comunidad campesina, o a los afrocolombianos. Todos los asuntos de la Amazonía colombiana deben ser discutidos y concertados con los pueblos indígenas. Hay una sentencia que declara a la Amazonía sujeta de derechos, pero no involucra a los pueblos indígenas: eso no tiene ni pies ni cabeza. Está el pacto de Leticia, que se firmó con siete mandatarios de la región, que también habla de que se debe concertar con los pueblos indígenas como una herramienta de conservación de la Cuenca Amazónica, pero tampoco están las organizaciones ni las instituciones.
Ahora, de seguir así, es muy difícil que se logre la sostenibilidad y la conservación de la Amazonía. Aquí lo que está en riesgo es la vida de los pueblos indígenas amazónicos y también la de todo el planeta. El mundo tiene su esperanza puesta en la Amazonía porque alberga el 20% del agua del planeta y hay más de 516 pueblos con 3.5 millones de nativos incluyendo los de Colombia: por eso es el bioma más importante del mundo. Esos saberes y conocimientos ancestrales son los que han contribuido a la conservación del territorio y a la mitigación del cambio climático.
¿Qué tan latente es el tema de la extinción de los pueblos indígenas amazónicos de seguir esta crisis humanitaria?
La extinción se refiere a lo físico y a lo cultural, a la desaparición de los pueblos y a la pérdida de su cultura. Y eso pasa cuando los sacan de sus territorios, vulnerando sus derechos, acabando con su cultura, no financiando la educación, la salud. Las políticas de fumigación con glifosato del Estado que envenenan y contaminan las chagras medicinales y las plantas sagradas. El conflicto armado en sí mismo es una forma de desaparición física. Hay muchos pueblos ya desaparecidos. Hay uno en este momento con un solo integrante en la Amazonía. Los Siona, por ejemplo, pasaron de ser siete mil a ser setecientos. Los Cofán eran catorce mil y ahora son ochocientos. El 90% de la población indígena en vía de extinción en Colombia está en la Amazonía.
La Corte Constitucional por medio de la sentencia T-025 de 2004 declaró el estado inconstitucional de cosas que han puesto en vía de extinción a los pueblos indígenas amazónicos y ordenó a las instituciones crear planes de salvaguarda que deberían hacerle frente al asesinato sistemático y a la vulneración de derechos humanos asociados al conflicto. Pero no se implementaron. Ahí están consignados en documentos. Nunca se les asignaron los recursos para su implementación.
Próximamente el cuarto informe: El exterminio sistemático de los indígenas Wayúu se da con el abandono estatal: José Silva
Por Adrián Atehortúa
Ilustración: Didier Pulgarín
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