ULTIMAHORA/Paraguay.- El informe revela el impacto de la pandemia del coronavirus (Covid-19) en los pueblos indígenas de Colombia y Paraguay y fue realizado bajo la coordinación de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), la Organización Indígena de Antioquía, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y Almáciga, con apoyo de la Unión Europea.
Los datos de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) mencionan que 14 de los 19 pueblos indígenas que existen en Paraguay, integrados por 117.150 personas, según el Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena del 2012, se vieron afectados por la pandemia.
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A la fecha, existen 70 comunidades en riesgo, 251 casos confirmados de coronavirus, 138 hombres y 113 mujeres indígenas. Además, hay 25 fallecidos, de los cuales 20 se registraron en el Departamento de Boquerón, según detallan.
Asimismo, señalan que la afectación principal se dio en el Chaco, donde se registra una mayor población en comunidades urbanas y periurbanas y el acceso a servicios de agua y saneamiento es peor.
“Si bien el nivel de propagación del virus y de decesos en las comunidades indígenas es uno de los más bajos de la región, el impacto de la pandemia es considerable entre la población rural, especialmente la indígena, debido al deficiente y debilitado sistema sanitario público y, sobre todo, a las condiciones de pobreza y exclusión preexistentes”, indican.https://www.ultimahora.com//_post/viewerpdfjs.php?file=https://media.ultimahora.com/adjuntos/161/documentos/009/973/0009973993.pdf?0000-00-00-00-00-00
También recuerdan que, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares a 2017, 81.000 personas indígenas viven en situación de pobreza, el 66,2% de la población indígena total, de las que la mitad se encuentra en situación de pobreza extrema.
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“La llegada de la pandemia ha agudizado las condiciones de carencia y vulnerabilidad de las comunidades indígenas del país y ha sacado a la luz los graves problemas de inseguridad alimentaria, falta de acceso al agua potable y el saneamiento básico, ausencia de viviendas dignas, deficiente acceso a servicios de salud, discriminación, violencia y ausencia de políticas públicas específicas”, manifiestan.
Problemas de tierras
De igual manera, informan que para numerosas comunidades indígenas, el Covid-19 no es el principal tema de preocupación, ya que muchas demandan el acceso, la ampliación, el aseguramiento o la restitución de sus tierras y territorios y mantienen desde hace décadas conflictos con terceros, los cuales se acrecentaron en los últimos meses.
“Según el Censo de 2012, 134 de las 493 comunidades indígenas del país, el 27,6%, carece de tierras propias, a pesar de que en el artículo 64 de la Constitución Nacional se menciona que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida”, especifican.
Entre otras cosas, explican que la economía paraguaya depende en gran medida de la ganadería y la agricultura de monocultivo a gran escala, que se identifican como una de las causas principales de la deforestación y la pérdida de la biodiversidad.
“Según un informe de la FAO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Paraguay es el sexto país del mundo con mayor tasa de deforestación anual. A pesar de la existencia de la Ley de Deforestación Cero desde 2004, en la Región Oriental se han perdido 600.000 hectáreas de bosques en los últimos 15 años. En el Chaco se deforestan anualmente entre 230.000 y 300.000 hectáreas. Los recursos de los que dependen las comunidades indígenas para su subsistencia desaparecen, así, a un ritmo alarmante”, alertan.
Sistema de Salud
Entre otras cosas, aseguran que en el plano de la Salud los sistemas sanitarios son insuficientes y no cuentan con un buen sistema de atención a pacientes indígenas, ya que en la mayoría de los casos no existe asistencia inmediata o transporte para trasladar a pacientes indígenas hacia los centros asistenciales, en tanto que en los puestos o centros de salud no cuentan con suficientes profesionales, botiquines, equipos o medicamentos básicos adecuados para atender a personas con síntomas de Covid-19.
“A pesar de contar desde 2015 con una Dirección Nacional de Salud Indígena (Dinasapi), creada mediante la Ley de Salud Indígena, el sistema de salud no tiene pertinencia cultural, no se atiende en los idiomas indígenas, no se permite usar la medicina indígena de manera integrada al sistema público, ni desarrollar e integrar la espiritualidad indígena al proceso de curación y no se está dando participación a las organizaciones tradicionales y autoridades indígenas para coordinar la atención de la salud de sus comunidades”, denuncian.
Situación alimentaria
En el informe exteriorizan que el confinamiento impactó fuertemente en la situación alimentaria de los pueblos indígenas, ya que gran parte de las comunidades de ambas regiones del país se encuentran en áreas en las que la tierra y el bosque ya no son suficientes para abastecerse mediante la caza o la recolección.
“Ante esta situación de escasez, los comuneros y comuneras se ven obligados a realizar trabajos externos (changas), vinculados en su mayoría a la producción agrícola y ganadera, la venta de miel y artesanías u otros servicios. La cuarentena ha dificultado el desarrollo de tales trabajos, acrecentando la situación de necesidad, principalmente de las mujeres, los niños y niñas y los ancianos y ancianas de las comunidades”, exponen.
Otros de los factores que afectan a las comunidades es el prolongado periodo de sequía generado por el fenómeno de La Niña, la invasión de tierras indígenas, el avance de tala ilegal o la caza furtiva, como también los recientes incendios forestales incontrolados, que son provocados en su mayor parte por malas prácticas agrícolas vinculadas con la expansión agroexportadora o cultivos ilegales que afectan los ecosistemas vitales para la reproducción de las comunidades a partir de sus prácticas tradicionales, según citan.
“Frente a la grave situación derivada de la pandemia y de las condiciones de vulnerabilidad previas, la respuesta del Estado se ha caracterizado por la absoluta ausencia de planes para proporcionar asistencia oportuna y suficiente durante el confinamiento y garantizar una adecuada protección integral y la mejora de la calidad de vida de las comunidades indígenas en situación de múltiples emergencias”, revelan.
Por su parte, afirman que la asistencia del Instituto Paraguayo del Indígena y de la Secretaría de Emergencia Nacional se ha caracterizado por la descoordinación, los prolongados retrasos y la insuficiencia”.
“Para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la provisión de insumos básicos de protección durante estos meses a líderes y lideresas, referentes comunitarios, comunicadores y promotores de salud, la FAPI emprendió una campaña solidaria de recaudación de alimentos no perecederos, con la que pudo asistir a 10 comunidades indígenas en situación de alta vulnerabilidad de ambas regiones del país con la distribución de más de 6.000 kilogramos de alimentos para ollas comunitarias”, cuentan, entre otras acciones.
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