Cooperación Internacional
Iniciativas propuestas para enfrentar la pandemia
CIDH pide a los estados de la región acelerar políticas de acceso universal a internet durante la pandemia del COVID-19
DIARIOLIBERTAD/Región.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), en el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia (SACROI COVID-19), manifiestan preocupación por las serias limitaciones en la falta de acceso a internet en la región de los sectores más vulnerables de la población y la consiguiente limitación para el ejercicio de otros derechos fundamentales, lo que afecta de forma diferenciada a comunidades indígenas, población afrodescendientes, mujeres, niños, niñas y adolescentes y personas mayores, entre otros grupos.
En el contexto actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19, el acceso de las personas a una Internet de calidad adquiere una centralidad insoslayable. A partir de las medidas de aislamiento y/o distanciamiento social impuestas por los gobiernos a nivel global y su extensión en el tiempo, la conexión a internet aparece como la herramienta por excelencia para continuar con las tareas cotidianas que anteriormente requerían el contacto presencial, además de ser crucial para el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales. El acceso a Internet tampoco debe ser interrumpido con bloqueos, filtros de páginas o caídas de servicio por razones políticas o discriminatorias.
La infraestructura y el nivel de alfabetización digital requeridos para afrontar la denominada “nueva normalidad” presenta grandes desafíos en la región. Las últimas cifras publicadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) a fines de 2019 señalan que a nivel global solo el 53.6% de la población (4.1 billones de personas) tiene acceso a internet, mientras que el restante 47% (3.6 billones de personas) aún se encuentra desconectado. En las Américas, casi un 23% de la población no cuenta con acceso a Internet; al mismo tiempo, se observan distintos niveles de acceso según países, subregión y comunidades. En América Latina y el Caribe se calcula que al menos 300 millones de personas no tienen acceso a Internet, encontrándose los mayores índices de desconexión principalmente en países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur.
La CIDH y su Relatoría Especial han identificado que las comunidades indígenas, las mujeres, los afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, entre otros grupos con necesidades específicas, están sufriendo limitaciones de forma desproporcionada en el acceso y asequibilidad de las tecnologías digitales. Esta brecha digital refuerza las desigualdades preexistentes que sufren estos grupos de personas y que han sido ampliamente documentadas.
Llamamos también la atención respecto a la inexistencia de cifras oficiales y estudios sistemáticos respecto a cómo impacta la falta de acceso a internet en comunidades indígenas y afrodescendientes. Esto se debe a que la variable étnica aún no es considerada en muchos de los reportes más importantes a nivel mundial que analizan las desigualdades de acceso a las tecnologías digitales. La variable de género se encuentra más presente en las estadísticas sobre acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, aunque falta aún sistematización a nivel regional.
No obstante, el hecho de que esta información no sea recabada y sistematizada de forma oficial no quiere decir que no exista como problema. En este sentido, la ITU ha reconocido que “los pueblos indígenas, los habitantes de zonas rurales, las personas con discapacidades y las mujeres, los jóvenes y niños de ambos sexos” constituyen algunos de los grupos con necesidades específicas a atender. Asimismo, numerosas organizaciones de la sociedad civil y activistas en el continente están intentando proveer información sobre esta brecha digital.
La CIDH y su Relatoría Especial llaman especialmente la atención a los Estados respecto al problema de la desconexión de estos grupos de los tendidos de redes de Internet, lo que supone dificultades para acceder derechos, incluyendo las ayudas financieras que los gobiernos están ofreciendo para paliar las necesidades derivadas de la pandemia. En general los organismos públicos utilizan la web para difundir información sobre estas ayudas, y en la mayoría de los casos las solicitudes requieren de registro y seguimiento en línea. En otros casos, aunque la población pudiese acceder a tal información, se encuentran con barreras de lenguaje, ya que por ejemplo existe escasa o nula información sobre Covid-19 en lenguas originarias.
El acceso a Internet también tiene un vínculo directo con el acceso a la educación. Según UNICEF, en América Latina y el Caribe aproximadamente 154 millones de niños, niñas y adolescentes –más del 95% de los matriculados en la región– se encuentran temporalmente fuera de las escuelas a causa del Covid-19, y un gran porcentaje de ellos no tienen forma de acceder a los contenidos educativos de manera virtual. Esta situación se extendió más de lo esperado inicialmente, y podría aumentar el riesgo de abandono escolar definitivo, especialmente de los niños y niñas más vulnerables.
Por estas razones, las medidas de urgencia para garantizar el acceso a Internet deben privilegiar la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos grupos de personas, de modo que puedan contar con la posibilidad de acceder a servicios básicos como educación, atención médica, oportunidades de trabajo remoto y contacto con sus familias.
La CIDH reconoce las medidas positivas que distintos gobiernos y reguladores del continente han adoptado para garantizar el acceso y continuidad del servicio de acceso a internet y telecomunicaciones. Algunos Estados, como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia o Ecuador, han impedido a las empresas prestadoras de telefonía móvil o fija, Internet y TV por cable la suspensión o el corte de los servicios en casos de mora o falta de pago hasta una determinada cantidad de meses. En El Salvador se aprobó el pago diferido de los servicios de telecomunicaciones.
También se han implementado aplicaciones de educación virtual bajo la modalidad zero-rating, que no consumiría datos, para permitir que los y las estudiantes no se vean perjudicados en su formación y puedan continuar con sus clases de manera virtual sin costos extras. Es el caso, por ejemplo, de los portales “Colombia Aprende” y “Seguimos Educando” en Argentina. Los proveedores ofrecen la navegación en esta plataforma educativa de manera gratuita desde todos los teléfonos móviles, sean prepagos o pospago. Aunque es una medida que de sostenerse en el tiempo podría ser problemática en términos de pluralismo, parece ser adecuada y proporcional durante una emergencia como la del Covid-19.
En políticas de educación y cultura digital, Uruguay se presenta como uno de los países mejor preparados de la región. El Plan Ceibal, creado en 2007 para democratizar el acceso de las tecnologías digitales, permitió que el cierre de establecimientos educativos en marzo no afectara la continuidad de las clases; al inicio de la pandemia, la plataforma virtual ya contaba con un ecosistema de más de 173.000 recursos educativos.
No obstante, estas medidas transitorias para garantizar el acceso a Internet requieren ser acompañadas de planes y políticas públicas sólidas, planificadas, de largo plazo y con especial énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad. También son cruciales la generarción de información pública respecto a la falta de acceso a Internet y sus impactos diferenciados; las acciones y medidas que adopten otros actores del ecosistema digital, como empresas privadas de telecomunicaciones o prestadores de servicio en internet; y el rol de la sociedad civil y la academia, en materia de capacitación, así como en la investigación que permita ofrecer soluciones alternativas –sin fines de lucro, de carácter social y comunitarias– para hacer efectivo el derecho a la información.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se suman a los esfuerzos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), y la UNESCO en la promoción de políticas de ampliación de acceso a las TICs y reducción de la brecha digital, como así también en la visibilización y concientización del problema de falta de acceso a internet. En este sentido, la CIDH y su RELE se encuentran trabajando en una guía sobre el estado de situación del acceso a internet en la región y el especial impacto de la brecha digital en el contexto de la pandemia, que reunirá además recomendaciones para que los Estados, las empresas, el sector privado, y la sociedad civil avancen hacia una mayor y mejor inclusión de las personas en las carreteras de la información y comunicación.
Frente a este contexto, y en línea con la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos la CIDH y su Relatoría Especial refuerza el llamado a los Estados a garantizar el acceso a una internet asequible y plural a todos sus ciudadanos y ciudadanas, en especial aquellos grupos de personas en situaciones de vulnerabilidad, e instamos a que lleven a cabo medidas positivas para reducir las brechas digitales. Además de permitir interacciones descentralizadas, instantáneas, sin bloqueos y sin límites de frontera, internet constituye una condición sine qua non para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, como la libertad de expresión y opinión, de asociación y reunión, así como el acceso a los derechos a la salud, la educación, el trabajo y la cultura.
La CEPAL y la UNESCO publican documento que analiza los desafíos para la educación que ha traído la pandemia en América Latina y el Caribe
CEPALNOTICIAS/Región.- Ambos organismos de las Naciones Unidas lanzan informe que visibiliza las consecuencias y medidas tomadas por los sistemas educativos de la región ante la crisis de COVID-19, y plantea recomendaciones para sobrellevar el impacto, proyectando oportunidades para el aprendizaje y la innovación.24 DE AGOSTO DE 2020|COMUNICADO DE PRENSA
El nuevo Informe CEPAL-UNESCO La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19 alerta a la comunidad internacional acerca del incremento de brechas existentes producto de la pandemia, tanto en términos de acceso como de equidad y calidad, situación que afectará especialmente a los más vulnerables.
La interrupción del ciclo escolar ha significado una oportunidad en materia de adaptación e innovación de los sistemas de enseñanza, lo que puede significar enormes avances, pero que también puede implicar una acentuación de las brechas educativas preexistentes en la región entre estudiantes de situación más vulnerable y aquellos más aventajados en cuanto a resultados de aprendizaje y otros indicadores educativos, como la progresión y la permanencia en la escuela, plantea el documento.
El informe preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) resalta que la contracción de la actividad económica que se proyecta para la región llama a poner urgente atención en la necesidad de salvaguardar el financiamiento como una prioridad fundamental para proteger a los sistemas educativos nacionales de la exacerbación de las desigualdades en el acceso a la educación y la crisis de aprendizaje.
Este horizonte se hace aún más apremiante porque, de acuerdo con cifras disponibles de la UNESCO respecto a 25 países de la región, de no ser por la pandemia el gasto educativo habría aumentado un 3,6% de 2019 a 2020. Dada la contracción económica, la cantidad de recursos disponibles para la educación podría disminuir más del 9% tan solo en 2020 con consecuencias reales en el presupuesto que podrían observarse recién en 2021.
El documento subraya la urgencia de calcular los costos de los sistemas educativos nacionales y priorizar el gasto, así como garantizar la protección de la educación como un derecho humano fundamental y aprovechar el potencial transformador de la educación, no solo para construir sistemas resilientes sino también para contribuir a la recuperación social. El estudio llama a atender especialmente el riesgo de abandono escolar de los grupos más vulnerables a los efectos de la pandemia y la consecuente crisis sanitaria, social y económica.
Medidas regionales y desafíos emergentes
El informe señala que las respuestas nacionales en materia de educación permitieron detectar desafíos prioritarios a la hora de implementar medidas para proyectar la continuidad, la equidad y la inclusión educativas durante la suspensión de clases presenciales y en los procesos de reapertura de los centros educativos. Estos retos son:
En equidad e inclusión, centrarse en los grupos de población más vulnerables y marginados —incluidos los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, las personas refugiadas, desplazadas y migrantes, las poblaciones socioeconómicamente más desfavorecidas y las personas con discapacidad—, así como en la diversidad sexual y de género. La pandemia ha puesto en evidencia la deuda en inclusión digital y señala que la desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital aumenta las brechas preexistentes en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que —más allá del proceso de aprendizaje que se está tratando de impulsar a través de la educación a distancia— dificulta la socialización y la inclusión en general. En cuanto a la calidad y pertinencia, centrarse en la mejora de los contenidos de los programas de estudios (relacionados con la salud y el bienestar, en particular) y en el apoyo especializado al personal docente, asegurando condiciones contractuales y laborales adecuadas, la formación docente para la educación a distancia y el retorno a clases, y el apoyo socioemocional para trabajar con las y los estudiantes y sus familias.
Asimismo, el texto indica que los retos de los sistemas educativos tienen relación con la preparación para responder ante las crisis, es decir, la resiliencia y capacidad de adaptación tanto de los sistemas educativos como de los servicios sociales concomitantes. Por ello se subraya la necesidad de interdisciplinariedad e intersectorialidad; las estrategias de retorno y recuperación de los procesos educativos requieren coordinar y articular la planificación y la ejecución del sector educativo con la de otros sectores, particularmente en lo que respecta a la salud, la nutrición y la protección social.
Estos desafíos son un llamado específico al cumplimiento del derecho a la educación. Para ello, es indispensable contar con los recursos necesarios en la asignación y distribución presupuestal, la que se verá enfrentada a un efecto doble de la crisis, según un análisis inicial del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE): habrá un impacto significativo en la disminución de la inversión en educación durante la crisis, así como en el costo adicional que resulte de ella, y se reducirán los recursos financieros disponibles para el sector.
Luces en el camino
Los organismos de Naciones Unidas describen en el documento que las respuestas que han implementado los diversos países han mostrado que existen iniciativas innovadoras y prácticas prometedoras, así como importantes avances en tiempo récord para intentar garantizar la continuidad del aprendizaje. Además, se observa que los sistemas educativos nacionales se enfrentan a problemas y desafíos sistémicos que exigen la aplicación de estrategias a mediano y largo plazos basadas en la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4.
El texto indica que la actual crisis ha favorecido también la resignificación de los vínculos sociales y la reconstrucción de identidades y del sentido de ciudadanía, incluso en una dimensión global.
En este escenario, repensar la educación, sus propósitos y formatos, se vuelve esencial. Es preciso replantear los contenidos y la organización del aprendizaje de cara a las lecciones que hasta ahora nos deja la pandemia: contenidos que preparen a las y los estudiantes para comprender la realidad y actuar de manera solidaria y responsable, y formatos que respondan a la diversidad y a la incertidumbre, más allá de los tiempos de crisis.
Al tiempo que los países examinan la mejor manera de abordar las incertidumbres y reabrir sus instituciones de enseñanza en condiciones de seguridad, esta crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Webinar acceso a vacunas contra COVID-19 en Pueblos Indígenas
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y el Programa Subregional para América del Sur de la Organización Panamericana de la Salud (OPS-SAM) están organizando varios webinarios sobre la Salud Indígena y este es el primero de la serie a desarrollarse con el tema el Acceso a Vacunas Contra COVID en Pueblos Indígenas y será realizado por la Plataforma Zoom. Con comentarios de OTCA, COICA, FIOCRUZ, OPS-SAM y FILAC
El objetivo del webinar es intercambiar propuestas entre los principales mecanismos de integración sobre acceso equitativo de la vacuna contra COVID-19 por parte de las poblaciones indígenas, en respuesta a la actual pandemia del Coronavirus. Las instituciones promotoras buscan abrir un espacio de intercambio de experiencias y propuestas entre los principales bloques de integración y cooperación en América del Sur: ORAS-CONHU, OTCA y MERCOSUR; con la finalidad de discutir propuestas de acceso a poblaciones indígenas de esta vacuna.
9 de agosto – Día Internacional de los Pueblos Indígenas: OTCA
OTCA/Región.- Con el fin de crear conciencia sobre las necesidades de los pueblos indígenas, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) y los gobiernos de sus Países Miembros, en conjunto con el Programa Subregional para América del Sur de la Organización Panamericana de Salud (OPS-SAM), y con el apoyo financiero y técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han decidido avanzar en la implementación del proyecto de Planes de Contingencia para la Protección de la Salud en Pueblos Indígenas Altamente Vulnerables y en Contacto Inicial, enfocado a áreas de fronteras donde la amenaza y el avance del COVID 19 exige alerta máxima y actuación concertada.
En el espíritu del Tratado de Cooperación Amazónica, la acción regional a través de la OTCA apunta al fortalecimiento de las políticas públicas y de las instituciones responsables por las mismas. En este proyecto aprobado por el BID, la OTCA y sus miembros buscarán trabajar en estrecha coordinación con los actores de la sociedad civil y de instancias locales.
Las condiciones de salud de los pueblos indígenas amazónicos son precarias, lo que los hace altamente vulnerables a enfermedades tropicales y al COVID 19 en particular. Hay muchos factores que favorecen la aparición y diseminación de enfermedades zoonóticas y potencialmente pandémicas, como, por ejemplo, la contaminación de ríos por mercurio y la cacería ilegal.
Particularmente en referencia a los Pueblos Aislados y Contacto Inicial (PIACI), la OTCA ha formulado, en el marco de convenios anteriores con el BID, una propuesta de Lineamientos Regionales Amazónicos de Protección de PIACI, una Estrategia Regional de Atención en Salud y una Guía para la Vigilancia en Salud en Pueblos Indígenas de la Región Amazónica, entre otros instrumentos. Los mencionados productos serán parte de las bases para implementar el proyecto recientemente aprobado
Teniendo en cuenta la problemática de la pandemia y para la mejor implementación de este proyecto, la OTCA estará promoviendo próximamente, en cooperación con la OPS-SAM una serie de seminarios virtuales sobre la gestión del COVID-19 en pueblos indígenas y salud en áreas de frontera, que serán difundidos a través de la página web de la OTCA y de la OPS-SAM.
Políticas Públicas con participación de los Pueblos Indígenas para proteger sus derechos
MERCOSUR/REGIÓN.- En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) destaca la relevancia histórica y cultural de los pueblos indígenas y sus contribuciones para el fortalecimiento del proceso de integración regional. Al mismo tiempo, señala la importancia de que, en el actual contexto de lucha contra la pandemia del COVID-19, se tomen medidas de respuesta específicas para este grupo, que sean participativas, con enfoque intercultural e interseccional, y respetuosas de sus derechos.
Según la Organización de las Naciones Unidas, existen alrededor de 476 millones de indígenas en el mundo viviendo en 90 países, que constituyen poco más del 5% de la población mundial, y sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más pobres. Los datos señalan que el 86% de las personas indígenas de todo el mundo trabajan en la economía informal, en comparación con el 66% de aquellas no indígenas. Además, el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tiene educación, frente al 17% de aquellas no indígenas; y esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Los datos indican que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que las personas no indígenas.
Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha alertado que los pueblos indígenas de varios países de las Américas están experimentando un creciente número de casos y muertes por COVID-19, y señala la importancia de redoblar esfuerzos para prevenir el avance de la infección en dichas comunidades, así como también para asegurar el acceso a los servicios de atención de salud, tanto para aquellos que viven en áreas urbanas como los que viven en asentamientos remotos o aislados.
La pandemia causada por el COVID-19 está teniendo un fuerte impacto en la vida y la salud de los pueblos indígenas. Asimismo, las repercusiones socioeconómicas pueden profundizar la situación de vulnerabilidad de este grupo y afectarlo en mayor medida en el pleno disfrute de sus derechos humanos. En este sentido, en el ámbito regional, las Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR y Estados Asociados recientemente adoptaron la Declaración de Asunción sobre la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Situación de Pandemia COVID-19, en la que se destaca el deber y obligación de los Estados de proteger a todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, en su salud física y mental y en el acceso a los servicios de salud, a medicinas, a tratamientos médicos y a información adecuada para la prevención del contagio. Del mismo modo, en la Declaración se “comprometen a fortalecer las políticas públicas para evitar que a causa de la pandemia de COVID-19, se profundicen desigualdades preexistentes, y de esta manera hacer frente a los nuevos desafíos enfrentados por las personas que se encuentran en mayor riesgo, particularmente las pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad”.
La protección y promoción de los derechos humanos de los pueblos indígenas es prioridad para el MERCOSUR. En el año 2014, se creó por Decisión del Mercado Común la Reunión sobre Pueblos Indígenas (RAPIM). Esta reunión especializada es coordinada por representantes de los Estados y cuenta con participación de los pueblos indígenas y el apoyo técnico del IPPDH. Tiene como función coordinar políticas e iniciativas que beneficien a los pueblos indígenas de los Estados del MERCOSUR, así como promover su interconexión cultural, social, económica, política e institucional en el marco del proceso de integración regional. En 2019, en ocasión de la LIV Cumbre de Presidentes del bloque, y con motivo del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, fue aprobada la Declaración de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR y Bolivia. Allí los presidentes reiteraron su firme compromiso con la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y con el mecanismo de la RAPIM y reafirmaron la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que resguarda los derechos individuales y colectivos.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para celebrarse el 9 de agosto, este año tiene por tema «COVID-19 y la resiliencia de los pueblos indígenas».
En este contexto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es una ocasión para redoblar los esfuerzos para la toma de acciones concretas de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a la pandemia del COVID-19 con plena participación de estos grupos en las decisiones que los afecten, respeto a sus prácticas de medicina tradicional y a su diversidad lingüística, cultura y cosmovisión. Es, también, una oportunidad para fortalecer la participación de estos pueblos, caracterizados por una historia de lucha por sus derechos, conocimientos ancestrales y una relación de preservación de la naturaleza y de armonía con la tierra, en el diseño e implementación de políticas públicas de recuperación posterior a la pandemia a fin de construir sociedades más justas, inclusivas, resilientes y respetuosas de los derechos humanos.
Hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas implica incluirlos en la respuesta al COVID-19
ONUNOTICIAS/Región.- La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 476 millones de indígenas en el mundo. Ya antes de la emergencia global las comunidades originarias carecían de servicios básicos y sufrían desigualdad y racismo. En la jornada dedicada a esos pueblos, el titular de la ONU llama a atender sus necesidades y respetar sus derechos inalienables, que implican la inclusión y el acceso a la salud.
“A lo largo de la historia, los pueblos indígenas han sido diezmados por enfermedades traídas de otros lugares, frente a las que no tenían inmunidad”, recordó el Secretario General de las Naciones Unidas y llamó la atención sobre la precariedad en la que viven esas comunidades en la actualidad.
António Guterres subrayó en un mensaje de video para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado cada 9 de agosto, que ya antes de la pandemia de COVID-19, esos pueblos originarios “hacían frente a situaciones arraigadas de desigualdad, estigmatización y discriminación”.
Esas condiciones aunadas a la pobreza y exclusión de los planes de respuesta a la emergencia han afectado a 476 millones de indígenas en el mundo desde el inicio de la pandemia.
Conocimientos tradicionales
La ciencia ha demostrado que existe un vínculo entre el daño al medio ambiente y las emergencias sanitarias. Los indígenas también lo han notado, lo percibieron desde tiempos ancestrales.
Gracias a sus conocimientos tradicionales y su relación con el mundo natural, saben desde hace mucho tiempo que la degradación de la naturaleza tiene el potencial de desencadenar enfermedades.
Los pueblos indígenas poseen una fuente de conocimientos que podrían ayudar a reequilibrar la relación de los seres humanos con la naturaleza. Sin embargo, la mayor parte de ellos carece de acceso o tiene acceso insuficiente a servicios básicos como la salud, el agua limpia y el saneamiento, lo que los hace más vulnerables.
El titular de la ONU destacó, además, que las personas indígenas trabajan principalmente en oficios tradicionales o en la informalidad.
Se refirió también a las mujeres de esas comunidades, que por ser las encargadas de alimentar a sus familias padecen la suspensión del quehacer económico ya que no pueden comerciar sus artesanías o productos agrícolas.
En cuanto a los niños, Guterres enfatizó su falta de acceso al mundo virtual que se está utilizando para las actividades educativas en vista del cierre de las escuelas.
Las amenazas y la violencia han sido una constante de la historia moderna para los pueblos indígenas, que son despojados de sus tierras y recursos y, en ocasiones, asesinados cuando defienden sus derechos.
No obstante, han demostrado que cuando cuentan con autonomía, la seguridad alimentaria no es un problema para ellos y que pueden mantener los cuidados de salud primaria con sus cultivos y medicinas tradicionales.
OIT/R. LordMujeres indígenas en una calle de La Paz, Bolivia
Garantías inalienables
En esta jornada internacional, António Guterres conminó a los países a asignar recursos para atender las necesidades de esos pueblos y respetar sus garantías inalienables en el marco de la pandemia y en el futuro.
“Hacer realidad los derechos de los pueblos indígenas implica garantizar su inclusión y participación en las estrategias de respuesta al COVID-19 y de recuperación posterior. Se les debe consultar respecto de todas las iniciativas orientadas a reconstruir con más solidez y recuperarnos mejor”, puntualizó.
Afirmó que la ONU trabaja con los pueblos originarios desde el comienzo de la pandemia para ayudar a proteger su salud y a integrarlos a las medidas de protección social.
“El sistema de la ONU sigue decidido a hacer realidad la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a apuntalar la resiliencia de esos pueblos”, enfatizó el Secretario General.
Consejo Permanente de OEA celebra Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas
OAS/Región.- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) conmemoró la tercera Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas -que se realiza entre el 5 y el 12 de agosto- y el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en una sesión virtual.
El Secretario General Adjunto de la OEA, Nestor Mendez, afirmó que con el inicio de la pandemia del COVID-19 “la desigualdad y exclusión histórica de los pueblos indígenas se ha exacerbado”. “La OEA se mantiene a la vanguardia defendiendo y promoviendo los derechos de los pueblos indígenas y exhortando a los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y otros actores sociales a implementar políticas y programas inclusivos”, agregó el Secretario General Adjunto Mendez.
En tanto, el Presidente del Consejo Permanente y Embajador de Honduras, Luis Cordero, dijo que “el COVID-19 ha cambiado la vida de todas las personas y ha hecho mas visible las brechas existentes antes de la pandemia, provocando un impacto desproporcionado en grupos vulnerables como son los pueblos indígenas”. Asimismo, el Embajador Cordero destacó que varios Estados de la región han tomado medidas para atender la emergencia sanitaria y social que viven los pueblos originarios, que van desde “la traducción de la información sobre COVID-19 en lenguas indígenas hasta la distribución de alimentos en sus respectivas localidades”.
En intervenciones y video mensajes, varios representantes de los pueblos indígenas de las Américas relataron ante el Consejo los desafíos a los que se enfrentan sus comunidades frente a la pandemia.
El tema central de la semana de los pueblos originarios este año es “COVID-19 y la resiliencia de los Pueblos Indígenas”.
Unicef hace un llamado a la acción en Día Internacional de Pueblos Indígenas
ANDINA/Perú.- Según datos del International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), en América Latina existen más de 45 millones de personas que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas, de los cuales la mitad cuenta con menos de 3,000 personas.
En los últimos meses, las repercusiones ocasionadas por el Covid-19 se han expandido con fuerza por toda la región, afectando seriamente a las poblaciones indígenas, que en la mayoría de los países habitan en zonas con baja o insuficiente cobertura de salud y servicios sociales.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido sobre “la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos indígenas, particularmente aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial, y resalta la necesidad de elaborar respuestas específicas para este colectivo, que sean respetuosas de su cosmovisión y diversidad cultural”.
A pesar de la difícil situación creada por la pandemia, es preocupante que las estadísticas oficiales de los países, incluso de aquellos con alto porcentaje de población indígena, no reflejen la verdadera magnitud de los casos de Covid-19 en los pueblos originarios, lo cual es consecuencia de una tendencia general a invisibilizar a estos grupos especialmente vulnerables.
El Foro Internacional de mujeres indígenas, ha señalado que la pandemia “está aumentando las desventajas interseccionales que impactan a las mujeres indígenas, aunado al empobrecimiento, limitado acceso a servicios de salud y agua potable, y el desplazamiento forzado de nuestros territorios”.
Además, la degradación de los recursos naturales debido a las industrias extractivas, los proyectos de energía y las consecuencias del cambio climático, que afectan a los pueblos indígenas en general”.
Principales desafíos
Si bien, algunos países prestan educación a distancia en lenguas originarias, la oferta está concentrada en los idiomas predominantes (español, portugués) o los contenidos trabajados no son culturalmente pertinentes.
En Perú, por ejemplo, de las 47 lenguas indígenas, solo se ofrecen programas de educación a distancia en 9 lenguas. En Paraguay los programas educativos se difunden solo en radios comunitarias de 4 de los 19 pueblos indígenas. En México, los materiales educativos a distancia para radio se han traducido solo a 15 de las 68 lenguas indígenas reconocidas.
Llamado a la Acción
Considerando lo anterior, con este llamado a la acción Unicef busca redoblar los esfuerzos en educación para las poblaciones indígenas, con el fin de mitigar las brechas que se están ahondando.
Esto supone: aprovechar la situación de crisis por la pandemia para lanzar o relanzar programas de Educación Intercultural Bilingüe relevantes y consistentes, que respondan a las necesidades educativas en cada uno de los países.
Estos deben estar centrados en el fortalecimiento de la formación a docentes que hablen las lenguas originarias, la expansión de servicios de educación primaria y secundaria intercultural bilingüe y la atención a personas con discapacidad.
Para ello se requiere contar con mayores recursos y voluntad política para adelantar las transformaciones necesarias para atender a todos los pueblos indígenas.
Lo anterior no será posible sin construir o reforzar sistemas de información, monitoreo y supervisión que reflejen la realidad y necesidades educativas de las poblaciones indígenas.
Inversiones
Es imperativo redoblar esfuerzos y aumentar las inversiones para que los programas de educación a distancia que implementan los países lleguen a las comunidades indígenas con calidad y pertinencia cultural.
Esto, mejorando la conectividad digital, la provisión de equipos (computadores, tabletas, teléfonos móviles, etc.) y medios (radio, televisión, internet, etc.) junto con material impreso y otras ayudas educativas.
Si bien, varios países están comenzando a reabrir las escuelas con protocolos de bioseguridad adecuados, es urgente priorizar el regreso seguro de los niños, niñas y adolescentes indígenas a sus escuelas, con énfasis en programas de refuerzo y aceleración, así como otros servicios complementarios de salud, alimentación y protección contra la violencia.
Asimismo, es preciso involucrar de manera decidida a las organizaciones indígenas a fin de incluirlas en consultas y procesos de toma de decisiones, como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por ejemplo, es particularmente importante que las medidas de reapertura gradual y segura de las escuelas tomen en cuenta la opinión de las comunidades, salvaguardando el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación de calidad y culturalmente pertinente.
Se requiere configurar alianzas más potentes entre las autoridades educativas nacionales/locales y las propias comunidades.
Unicef está comprometido con estos esfuerzos, por lo que continuará apoyando las iniciativas de los gobiernos para mejorar la gobernanza y respuesta a la crisis, al tiempo que permanecerá cerca de las comunidades indígenas y escuelas de zonas priorizadas para contribuir a materializar estas políticas.
Unicef trabaja también con otras agencias de las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias buscando soluciones creativas y sostenibles.
Finalmente, es preciso fortalecer la cooperación sursur, que permita el intercambio de experiencias y cooperación técnica entre países de la región en torno a estrategias exitosas de educación a distancia para poblaciones indígenas.
En tiempos de pandemia, urge incluir a los pueblos indígenas en la reconstrucción de Latam y el Caribe
LAESTRELLA/Panamá.- Los pueblos indígenas de América Latina (Latam) y el Caribe son enormemente resistentes. Lo han demostrado durante siglos. Pero las desigualdades padecidas en épocas normales exacerbaron las vulnerabilidades que sufren ahora en tiempos de pandemia.
Su situación es hoy sumamente frágil. Aunque representan el 8 % de la población regional, son el 14 % de los pobres y el 17 % de los extremadamente pobres. Es decir, en forma desproporcionada integran las filas de los más vulnerables. Esto se traduce en menos acceso a servicios de salud, menos recursos para comprar insumos básicos y más exposición al contagio.
Los resultados de siete estudios realizados por organizaciones indígenas, financiados por el Banco Mundial, revelan que los pueblos indígenas se sienten una vez más invisibilizados. Perciben que no tienen garantizadas las condiciones mínimas de testeo, tratamiento y rehabilitación; que los costos asociados a la atención por coronavirus -usualmente en centros urbanos alejados- están fuera de su alcance, y que problemas crónicos, como malnutrición, enfermedades respiratorias y diabetes, agravan el cuadro sanitario. Una parte de los casi 4000 millones de dólares que el Banco Mundial ha destinado a la región para mitigar los efectos de la pandemia están dirigidos a paliar estas situaciones.
A esto se suman las consecuencias económicas desastrosas del coronavirus, que han exacerbado las desigualdades y la exclusión. Los pueblos indígenas han visto sus ingresos menguados por la menor actividad y sufren el cierre de mercados locales. Algunos alimentos e insumos básicos para la higiene, como jabón y cloro, no se consiguen en sus comunidades o se encarecieron mucho. Y las ayudas estatales no siempre llegan o requieren de los beneficiarios trámites electrónicos, cuentas de banco o facturas de servicios, exigencias que no contemplan la realidad económica y cultural de las comunidades.
Frente a la ola de contagios, muchas comunidades decidieron aislarse e impedir el ingreso de visitantes. Pero no fue suficiente. Hemos visto en regiones del Amazonas y en Panamá, por ejemplo, que con el regreso o el paso de trabajadores migrantes los casos de coronavirus se multiplicaron entre la población indígena. El resultado son tasas alarmantes de mortalidad.
Lo mismo ocurre entre quienes viven en las ciudades, aislados en barrios marginales, y con empleos informales en su mayoría. La falta de datos epidemiológicos desagregados por origen étnico impide apreciar la verdadera dimensión del problema. Es necesario echar luz sobre estas realidades, si queremos lograr una mayor inclusión y apoyar el desarrollo sobre bases sólidas e igualitarias.
El Banco Mundial ha asumido el desafío de colaborar en forma concreta en los esfuerzos por promover el bienestar de los pueblos indígenas de la región. Ese compromiso está hoy más vigente que nunca y la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, hoy, 9 de agosto, nos da la oportunidad de recordarlo.
En Panamá, por ejemplo, donde la población indígena representa más del 12 % del total, tenemos en marcha desde 2018 un proyecto de US$80 millones que surgió de una mesa de diálogo con 12 pueblos indígenas y que está dirigido a promover el desarrollo y cerrar brechas persistentes de exclusión. En el Ecuador se avanza en esta misma dirección. Y en Paraguay tenemos un programa de más de diez años, liderado por las propias comunidades indígenas, dirigido a promover la agricultura y el desarrollo sustentable mediante capacitaciones, gestión de recursos, organización comunitaria y mejor acceso a mercados.
Además, el grueso de los proyectos del Banco Mundial en la región incluye estándares sociales y ambientales que en un 70 % de los casos activan medidas específicas para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Salud, educación, seguridad, infraestructura sanitaria y de transporte, inclusión tecnológica y financiera, planes de estímulo económico, promoción cultural y fortalecimiento de las instituciones y las organizaciones comunitarias son algunos de los aspectos que se toman en cuenta.
También el trabajo analítico y la asistencia técnica que desde el Banco Mundial desarrollamos en la región son clave para iluminar el diálogo político con diagnósticos precisos, que permitan reordenar prioridades y dirigir los mayores esfuerzos hacia los más necesitados.
No podemos seguir tolerando las injusticias del pasado, una de las cuales -quizá la mayor- ha sido la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Repensar el futuro de América Latina y el Caribe implica acabar con la discriminación, levantar a los que han sido excluidos y que los beneficios del crecimiento y la inversión pública y privada lleguen a los sectores con más necesidades.
La pandemia subraya la urgencia de avanzar hacia estos objetivos.
Escrito por Carlos Felipe Jaramillo Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Estamos perdiendo la sabiduría de los pueblos indígenas de América Latina
ONUNOTICIAS/Región.- A la pobreza que de por sí sufrían los pueblos indígenas de América Latina se ha añadido el impacto desproporcionado que la pandemia de COVID-19 tiene en las comunidades más vulnerables. “Si no los protegemos, perderemos sus conocimientos, su visión y su respeto por nuestros ancestros”, advierte Alicia Bárcena, la máxima dirigente de la comisión económica para la región.
Buena parte de América Latina y el Caribe padece años de retraso económico y la crisis generada por la pandemia de COVID-19 hará que millones de personas caigan en la pobreza, sumándose a los otros cerca de 230 millones que ya viven en esa situación.
Entre los grupos de población más susceptibles a empeorar las condiciones de por sí precarias en las que se encuentran, destacan los pueblos indígenas, que padecen un efecto desproporcionado de los embates sanitario y económico de la actualidad.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) expuso su preocupación por este colectivo, que atesora un cúmulo de conocimientos en ocasiones subvalorados y que a menudo carece de acceso a servicios de salud y agua potable, entre otros.
Al principio de su carrera profesional, Alicia Bárcena trabajó con comunidades mayas en su natal México y pudo observar los riesgos sanitarios y de otro tipo que enfrentan los pueblos originarios.
En una entrevista con la responsable de las comunicaciones de la ONU, Melissa Fleming, Bárcena habló del golpe que la pandemia asesta a los pueblos indígenas de la región, así como de su alarma por la pérdida de los conocimientos ancestrales a causa de la pobreza y la desigualdad, que los obliga a abandonar sus costumbres para tratar de sobrevivir en sociedades que los excluyen.
“Es un mal momento para la región: somos el epicentro de la pandemia y la pobreza extrema está aumentando. Se prevé que la pobreza afectará a unos 230 millones de personas, 95 millones de las cuales caerían en una situación de pobreza extrema. Cuando vemos quiénes son estas personas, nos damos cuenta de que, sobre todo, son indígenas, y que más de la mitad son mujeres.
Además, el mundo afronta una falta de liderazgo. Necesitamos un liderazgo global, no nos hace falta que cada país se centre en sus problemas. Necesitamos cooperación, acción colectiva”, advirtió la secretaria de la CEPAL.
ONU CEPALAlicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina
Eres mexicana y creciste en México. ¿De dónde viene tu especial preocupación por los pueblos indígenas?
“Soy bióloga y empecé mi carrera profesional trabajando como especialista en botánica en una comunidad indígena maya. Así que en cierta forma empecé aprendiendo de los mayas los nombres de las plantas y sus usos. Ahí entendí que tienen una cosmovisión y una percepción del mundo totalmente diferente de la nuestra, quiero decir la del mundo occidental. Tienen una visión muy clara de que somos parte de la naturaleza, no de que estamos aquí para conquistarla.
Me preocupa que por no proteger a los pueblos indígenas perdamos sus conocimientos, su sabiduría, su visión de la biodiversidad del mundo, del futuro y su respeto por nuestros ancestros.
También temo por las comunidades de la Amazonía, donde estamos perdiendo muchas hectáreas de selva y los pueblos están en riesgo porque, desde luego, no tienen acceso a servicios de salud o agua limpia y están marginados de las mejores tierras.
“Siempre me ha impresionado la cultura prehispánica de México y la confrontación con el colonialismo que surgió del remplazamiento de la cultura y los pueblos indígenas. Sin embargo, es un país que respeta el legado histórico de los pueblos indígenas.”
En tu región se había logrado un gran avance en la reducción de la pobreza, pero llegó el COVID-19 y dio lugar a un retroceso. ¿Cómo te sientes por esto?
“Muy frustrada. América Latina y el Caribe había empezado a registrar una disminución de la desigualdad por primera vez en 2002. Eso se debió en parte a un liderazgo progresista, con gobiernos que de verdad buscaban reducir la pobreza. Y conseguimos progresar mucho. La región pudo sacar de la pobreza a unos 60 millones de personas.
“Los problemas actuales no empezaron con la pandemia. La tendencia a la reducción de la pobreza empezó a revertirse en 2014. Comenzamos a tener un crecimiento mediocre con programas de austeridad fiscal que no evitaron que se incurriera en una mayor deuda.
“Y ahora, con la pandemia, encaramos una situación muy delicada y una crisis aún peor que la de la década de los años 80. Más que nunca, vamos a ver a mucha gente caer en la pobreza, quizá a unos 230 millones de personas.”
ONU/Rocio FrancoUna mujer guaraní teje en las calles de Asunción, Paraguay
En muchos países de tu región se ha distorsionado el conocimiento científico sobre la pandemia, incluso por parte de los líderes políticos. ¿Cuál es la reacción ante esto de una persona entrenada en la ciencia?
“Hay muchas cosas que no sabemos sobre esta pandemia y, de alguna manera, esta emergencia nos ha recordado la importancia de la evidencia y el conocimiento científicos. Trato de leer todo lo que puedo sobre este virus y sobre el comportamiento de la pandemia.
“La ciencia debe ser la base de nuestras decisiones. Por ejemplo, queremos reabrir nuestras economías. Y no hay un dilema entre salud y economía, la salud es primero. Por eso necesitamos apoyar el ingreso básico de la gente, porque ésta no será una crisis de corto plazo.”
¿Hay algo positivo, algo que te dé esperanza en esta situación?
“Espero que sea posible el establecimiento de un nuevo contrato social, una relación diferente entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. De verdad creo que necesitamos que la gente hable. Tengo mucha fe en la comunidades, en la solidaridad que muestran. Creo que hay mucha esperanza en que podamos unirnos en una acción colectiva de mayor cooperación porque esa es la única manera de salir de esto”.