Cooperación Internacional
Iniciativas propuestas para enfrentar la pandemia
CIDH reitera preocupación por indígenas bolivianos afectados por covid-19
INFOBAE/Bolivia.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este sábado su preocupación por la situación de los pueblos indígenas de Bolivia afectados por el coronavirus, luego de que el gobierno extendiera la cuarentena por otro mes ante la multiplicación de los contagios.
“Existen 77 casos positivos en los pueblos yuqui, guarayo, yuracaré, cayubaba y charagua iyambae. Algunos pueblos en riesgo de extinción”, dijo el organismo de la Organización de Estados Americanos a través de Twitter.
Bolivia suma en total más de 29.400 casos de coronavirus y unos 930 decesos.
La CIDH reclamó la falta de atención médica y acceso a equipos de bioseguridad, alimentos y ayuda económica para las comunidades indígenas, algunas de ellas asentadas en terrenos petroleros donde se registraron contagios.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), que congrega a la mayor parte de pueblos originarias del país en la Amazonía, Oriente, el Chaco y otras regiones, reporta numerosos infectados y muertos en sus comunidades.
“Está faltando alimentación y medicamentos para las comunidades, se están presentando muchas dificultades (…) para nosotros es algo doloroso escuchar las quejas de nuestros hermanos”, manifestó Gregorio Queti, presidente de la CIDOB, al portal de la red Erbol.
La CIDH «urge a Bolivia coordinar con estos pueblos indígenas respuestas efectivas y culturalmente adecuadas para desarrollar medidas de prevención, contención, diagnóstico, tratamientos, alimentación», escribió en la red social.
En tanto, la ministra de Salud, Eidy Roca, dijo que el país está «entrando en una etapa de rápido ascenso de casos de covid-19», luego de que el gobierno anunciara la extensión hasta el 31 de julio de la cuarentena que comenzó en marzo.
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América Latina debe prepararse para brotes recurrentes de COVID-19 en los próximos dos años
ONUNOTICIAS/Región.- La agencia de la ONU para la salud en la región señala que a menos que se supere esta crisis sin atender las necesidades de los más vulnerables, se corre el riesgo de que los dos últimos años se parezcan a los últimos meses. Por ese motivo, solicita también un aumento de la inversión en sanidad del 6% del producto interior bruto.
La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa F. Etienne, afirmó que en ausencia de tratamientos efectivos o la disponibilidad amplia de una vacuna, la región de las Américas podría experimentar brotes recurrentes de la COVID-19, intercalados con períodos de transmisión limitada, durante los próximos dos años.
«Frente a una pandemia que cambia rápidamente, el liderazgo hará efectiva o romperá nuestra respuesta. Ahora es el momento de que líderes superen divisiones políticas y fronteras geográficas para aumentar el apoyo para una respuesta proporcional a esta crisis sin precedentes», sostuvo Etienne en una rueda de prensa.
Los casos de COVID-19 en las Américas han superado los 4,5 millones, con 226.000 muertes al 23 de junio. Desde el mes pasado, los casos se han triplicado en América Latina y el Caribe, de casi 690.000 el 23 de mayo, a más de 2 millones hoy. «Ahora hay transmisión generalizada en la mayor parte de Centroamérica. En América del Sur este fin de semana, Brasil superó el millón de casos de COVID-19, sumándose a Estados Unidos como el único otro país del mundo con casos en los seis dígitos. El Caribe va mejor, pero con zonas rojas en la frontera de Haití y la República Dominicana, así como dentro del escudo guyanés», detalló.
«Debemos ser realistas sobre el futuro: todos tenemos que adaptarnos a una nueva forma de vida y redefinir nuestro sentido de lo normal», dijo Etienne.
Triple amenaza
Los Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud aprobaron esta semana en el Comité Ejecutivo de la organización una resolución que «busca equilibrar la triple amenaza que esta pandemia representa para la salud de los pueblos, el bienestar social y las economías nacionales”.
Dijo también que los países deben ajustar y coordinar su respuesta a la COVID-19 en base a datos cada vez más detallados.
«Los gobiernos tendrán que tomar decisiones, considerando simultáneamente indicadores de salud, económicos y sociales. Esto permitirá a los funcionarios de salud comprender dónde se está acelerando la transmisión y qué grupos corren un mayor riesgo con el fin de orientar mejor sus esfuerzos«, añadió.
La flexibilidad en la respuesta es clave, señaló.
«Las medidas de salud pública, así como los esfuerzos de protección social, tendrán que ser revisados periódicamente para minimizar el impacto del virus en nuestras sociedades. La provisión de protección social, financiera y fiscal, especialmente en las comunidades que dependen en gran medida de las economías informales es fundamental», remarcó.
Solo se supera la crisis si todos la superan
«No superaremos esta crisis sin atender las necesidades de los más vulnerables: los más propensos a enfermarse y los menos propensos a recibir atención, como los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas en situación de pobreza en zonas urbanas y las poblaciones migrantes. Si los descuidamos, corremos el riesgo de que los próximos dos años parezcan los últimos meses«, manifestó la directora de la OPS.
La doctora Etienne llamó a «priorizar la detección temprana de casos sospechosos, las pruebas de laboratorio, el seguimiento de contactos y la cuarentena como base de una estrategia específica y sostenible para controlar la COVID-19». Indicó además que se necesitarán más inversiones en recursos humanos, suministros, mejor vigilancia, así como el desarrollo y adopción de nuevas herramientas.
Inversión en sanidad
También abogó por el fortalecimiento de los sistemas de salud, a los que consideró la “defensa más fuerte contra la COVID-19, hoy y en el futuro”.
Etienne insistió en la recomendación de la Organizacón para que los países inviertan en salud pública al menos el 6% del PIB, algo que dijo, “es más relevante ahora que nunca”. Y pidió que, de todas las inversiones en salud pública, al menos el 30% se destinen al primer nivel de atención.
«Si asignamos recursos a centros de salud primaria, hospitales y laboratorios, incrementamos la fuerza laboral en salud, invertimos en funciones esenciales de salud pública y ampliamos nuestras reservas y suministros, podremos mantenernos adelante de la pandemia y salvar vidas», consideró.
Además, pidió una cooperación regional concertada contra la enfermedad. «Aunque nos alegramos cuando un país aplana con éxito su curva epidémica de COVID-19, el riesgo de resurgimiento siempre existirá, a menos que todos aplanemos la curva a nivel regional y global«.
Es urgente lograr la plena inclusión de los pueblos indígenas en el cumplimiento de la Agenda 2030, garantizando el ejercicio de sus derechos colectivos
CEPAL/Región.- La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, y la Presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Myrna Cunningham, presentaron hoy un estudio que aborda la realidad de los pueblos indígenas en la región.11 DE JUNIO DE 2020|COMUNICADO DE PRENSA
Los más de 800 pueblos indígenas presentes en América Latina deben tener un rol protagónico en los espacios de toma de decisiones no solo para resguardar su derecho a la autodeterminación, sino también por los grandes aportes que pueden hacer en la reformulación de los modelos de desarrollo, destacaron hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) en una publicación conjunta.
El estudio “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, fue presentado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y Myrna Cunningham, Presidenta del FILAC, en un lanzamiento virtual que fue moderado por Javier Ciurlizza, Director de la Oficina de la Fundación Ford para la región Andina.
El estudio de la CEPAL y el FILAC visibiliza la situación de los pueblos indígenas y presenta un panorama actualizado sobre el estado de los derechos territoriales y la situación de los bosques, la demografía y el derecho al bienestar de los pueblos indígenas de América Latina, con el propósito de contribuir al seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 y a las acciones urgentes que se requieren para acelerar el cumplimiento de los compromisos asumidos por los países de la región.
Según el documento, la población indígena en América Latina – Abya Yala se estima en 60 millones de personas, que representan un 10% del total de la región, las que pertenecen a más de 800 pueblos indígenas diferentes.
Agrega que, a 30 años de la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a pesar de que los Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito.
El estudio precisa que uno de los más importantes retos que enfrentan los países de la región es la construcción de sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, en que los derechos de los pueblos indígenas estén efectivamente reconocidos y garantizados.
“La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por las naciones del mundo en 2015, puede constituir una gran oportunidad para ello, si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas”, subraya el documento.
Con ese fin, insta a generar condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente y materialicen el compromiso asumido por los países del mundo en 2014 —en el marco de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas— de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Durante el lanzamiento del estudio, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, llamó a garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas de América Latina y asegurar que no se queden atrás en el desarrollo sostenible.
Advirtió que los procesos de criminalización de demandas territoriales de los pueblos indígenas son un fenómeno generalizado en la región, los que lamentablemente están en aumento.
Precisó que en América Latina existen 1.223 conflictos territoriales que han generado movilizaciones de los pueblos indígenas, a las que se ha respondido con represión y criminalización. Producto de ello, 232 defensores y defensoras de la vida y los territorios indígenas fueron asesinados entre 2015 y el primer semestre de 2019, lo que implica que, en promedio, cuatro defensores o defensoras indígenas son asesinados por mes en la región.
La alta funcionaria de las Naciones Unidas advirtió que la población indígena continúa padeciendo un mayor nivel de pobreza respecto de la no indígena y que las desigualdades salariales entre trabajadores indígenas y no indígenas se profundizan según nivel de escolaridad y género.
“Debemos terminar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones y que hemos heredado de la Colonia. Tenemos que vencer la cultura del privilegio e irnos a una cultura de la igualdad que respete especialmente la gran riqueza de los pueblos indígenas. Abya Yala es una tierra en plena madurez, con sangre vital y donde urge garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, afirmó.
Myrna Cunningham, Presidenta del FILAC, por su parte, destacó que el documento refleja una realidad que la pandemia del COVID-19 ha desvelado: la agudización del racismo, la visibilización de la desigualdad que hay entre pueblos indígenas y otros sectores de la sociedad y la crisis del modelo económico vigente en nuestra región.
“El documento aporta elementos que nos pueden ayudar no solo a responder a la situación actual de emergencia, sino comenzar en serio como región a reconocer los aportes de los pueblos indígenas que se basan en sus potencialidades, en sus conocimientos tradicionales, en su capacidad de gobernanza y de articulación entre lo nacional, lo local y lo internacional”, expresó.
CEPAL y FILAC presentaron hoy estudio “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”
Hoy, jueves 11 de junio, se realizó la presentación del estudio “Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial”, preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), con el apoyo de la Fundación Ford.
La actividad fue iniciada por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “a través de este estudio, en respaldo a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y de la agenda 2030, se busca garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas para asegurar que no se queden atrás en el desarrollo sostenible, partiendo de aspectos como lo son la autodeterminación, consulta previa informada, territorios, bienestar, educación, trabajo, salud”, a tiempo de explicar cada uno de los siete capítulos que conforman el documento.
De igual manera, la presidenta del FILAC, Dra Myrna Cunningham destacó que “este estudio invita a tomar acciones, en otros aspectos, muy relevantes para la vida de los Pueblos Indígenas y de la sociedad en su conjunto. Nos convoca a revisar los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la visión de los Pueblos Indígenas estableciendo metas e indicadores concretos que debieran considerarse para que cada uno de los ODS realmente cubra las necesidades de los Pueblos Indígenas”.
Añadió, que el contenido del mismo permite fortalecer aún más la capacidad de incidencia y aportes como pueblos indígenas tanto en el ámbito nacional como regional. “Nos convoca a revisar los modelos económicos y de desarrollo actuales a la luz de ver otras formas de ver el mundo a través de los ojos del Buen Vivir”.
El estudio, según Cunningham, también promueve la reflexión para la protección de las personas que defienden los derechos de los Pueblos Indígenas, de la naturaleza, de sus territorios, toda vez que en muchas partes del continente siguen sufriendo diversas formas de discriminación y represión porque ningún derecho puede hacerse realidad si quienes lo defienden no pueden hacerlo sin ponerse en riesgo.
Según el estudio, en se registraron 1.223 casos de conflictos derivados por demandas territoriales que han sido informados por organismo nacionales y regionales, así como 232 líderes indígenas defensores de la vida y de derechos territoriales que han sido asesinados.
El FILAC considera este estudio — que contabiliza alrededor de 58,2 millones al 2018, que hoy deben alcanzar unos 60 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas y más de 800 pueblos— como un aporte de gran valía para divulgar la situación de los Pueblos Indígenas y para ayudar a encontrar respuesta a sus principales problemas y además por que aparece en el momento en el cual más necesitamos de estos insumos para superar la emergencia actual de la pandemia.
El estudio fue comentado por Martha Delgado, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México: Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Eva Gamboa, Punto Focal del Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas del Mecanismo de Participación del Foro de los países de América latina y El Caribe y Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional de Colombia (ONIC), quienes destacaron que es un estudio bastante importante para la promoción y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas.
VER PUBLICACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK:
Los Pueblos Indigenas de AméricaLatina y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
CIDH alerta sobre la situación del pueblo warao ante el covid-19
ELNACIONAL/Venezuela.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó este martes sobre la situación del pueblo warao en zonas urbanas y rurales de Venezuela por falta de atención sanitaria ante la pandemia del covid-19.
«Falta de acceso a alimentos, presencia de foráneos en territorio ancestral y contaminación de aguas por actividades mineras«, son parte de las problemáticas que vive esta etnia venezolana, denunció la comisión en Twitter.
En ese sentido, instó al régimen a atender las demandas del pueblo warao y a brindar atención sanitaria, equipos para diagnósticos, alimentos y agua saludable, así como controlar ingreso de foráneos para prevenir contagios.
«La CIDH reitera las recomendaciones de la resolución 01/20, así como del Comunicado de prensa Nº. 103/20 para que los Estados adopten medidas específicas de protección para los pueblos indígenas, acordes con su cultura y respeto a sus territorio», agregó.
La @CIDH insta a #Venezuela a atender las demandas del pueblo Warao y adicionalmente urge al Estado a brindar atención sanitaria, equipos para diagnósticos, alimentos y agua saludable, así como controlar ingreso de foráneos para prevenir contagios por la #COVIDー19. #DDHH 2
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 9, 2020
La @CIDH reitera las recomendaciones de la Res. 01/20, así como del Comunicado de prensa Nº. 103/20 para que los Estados adopten medidas específicas de protección para los pueblos indígenas, acordes con su cultura y respeto a sus territorio. #DDHH #PueblosIndigenas 3
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 9, 2020
Comisión Interamericana de Derechos Humanos alerta sobre la grave y crítica situación sanitaria que sufre la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo en Perú
DIARIOCONSTITUCIONALCL.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación sobre la grave y crítica situación sanitaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 que actualmente enfrenta la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo en Perú, y hace un llamado al Estado peruano a que brinde especial atención a esta población.
ado 12 de mayo, el 73% de la población de indígenas shipibo-konibo que viven en el distrito de Rímac, en Lima, resultaron positivas para el COVID-19. Además, según noticias publicadas, se han registrado tres muertes en la Comunidad por las complicaciones del virus. La Comisión toma nota que la situación preexistente de vulnerabilidad que ha vivido esta población, en lo que respecta a sus derechos, económicos, sociales y culturales y otros derechos humanos, ha creado las condiciones para la propagación del COVID-19 a esos niveles elevados.
Al respecto, la Comisión destaca que la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo está integrada por 238 familias provenientes del pueblo indígena shipibo-konibo que se asentaron en Lima hace más de 2 décadas, luego de haber salido de sus tierras ancestrales en la región amazónica por motivos económicos y de seguridad. A raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Comunidad se encuentra en aislamiento social obligatorio y habría recibido muy pocos servicios sociales básicos de la Municipalidad de Lima y otras autoridades estatales. La Comunidad enfrenta la insuficiencia de los servicios de agua y saneamiento, alimentación, vivienda, acceso a medicamentos y a la alimentación.
La Comisión ha reconocido las medidas de contención de la pandemia adoptadas por el Estado peruano, al tiempo de observar con preocupación la situación económica de las familias de la Comunidad. Según la información obtenida, a la vez que los miembros de la Comunidad se han vistos privados de la venta de arte y otras actividades culturales, su principal fuente de ingresos, solamente el 30% de las familias lograron acceder a los bonos distribuidos por el Estado en el marco de la pandemia, así como tampoco habría recibido apoyo del Estado en relación a los fallecimientos que se han dado por el COVID-19.
En el marco de su monitoreo de la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH tiene particular preocupación por los impactos diferenciados e interseccionales que la pandemia puede generar sobre los derechos humanos de colectivos y poblaciones en especial vulnerabilidad, incluyendo de los pueblos indígenas. En ese particular, la Comisión ha advertido que la histórica discriminación hacia los pueblos indígenas se ha traducido en una vulneración estructural y sistemática de sus derechos humanos, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Adicionalmente, la Comisión urge al Estado de Perú a que, en coordinación con las autoridades y representantes indígenas shipibo-konibo de la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo, tome todas las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proveer alimentación, medicamentos, servicios de agua y saneamiento, vivienda y otras necesidades para asegurar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y otros derechos humanos de sus habitantes, incluyendo las personas que recientemente llegaron a la comunidad. Asimismo, que aseguren medidas coordinadas y culturalmente adecuadas para hacer frente a la propagación de la pandemia, incluyendo la atención médica, las medidas para disponer de los muertos por el COVID-19, así como para facilitar los medios de protección de bioseguridad para todos los miembros de la Comunidad.
Vea texto íntegro del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“COVID-19 está devastando a las comunidades indígenas del mundo y no sólo se trata de la salud” – advierte experto de la ONU
ONU/OHCHR.- El nuevo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresó hoy su grave preocupación por el devastador impacto que la pandemia de la COVID-19 está teniendo en los pueblos indígenas, más allá de la amenaza para la salud.
“Cada día recibo más informes de todos los rincones del mundo sobre cómo las comunidades indígenas se ven afectadas por la pandemia de la COVID-19 y me preocupa profundamente ver que no siempre se trata de cuestiones de salud.
Los estados de emergencia están exacerbando la marginalización de las comunidades indígenas y, en las situaciones más extremas, se está produciendo una militarización de sus territorios.
Se está negando a los pueblos indígenas su libertad de expresión y asociación, mientras que los intereses empresariales están invadiendo y destruyendo sus tierras, territorios y recursos.
En algunos países se están suspendiendo abruptamente las consultas con los pueblos indígenas y también las evaluaciones de impacto ambiental para forzar la ejecución de megaproyectos relacionados con la agroindustria, la minería, las represas y la infraestructura.
Los pueblos indígenas que pierden sus tierras y medios de vida se ven empujados a una mayor pobreza, a tasas más elevadas de malnutrición, a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, así como a la exclusión de los servicios médicos, lo que a su vez los hace particularmente vulnerables a la enfermedad.
Pero frente a esas amenazas y en medio de ellas, las comunidades indígenas que han logrado resistir mejor la pandemia de la COVID-19 son las que han logrado la autonomía y el autogobierno, lo que les permite gestionar sus tierras, territorios y recursos, y garantizar la seguridad alimentaria mediante sus cultivos tradicionales y su medicina tradicional.
Ahora más que nunca, los gobiernos de todo el mundo deben apoyar a los pueblos indígenas para que apliquen sus propios planes de protección de sus comunidades y participen en la elaboración de iniciativas nacionales para garantizar que éstas no los discriminen.
Los Estados deben velar por que los pueblos indígenas tengan acceso a la información sobre la COVID-19 en sus idiomas y es necesario adoptar medidas especiales urgentes para garantizar la disponibilidad y el acceso a servicios médicos culturalmente apropiados. El hecho de que las instalaciones de salud pública sean a menudo escasas en las comunidades indígenas constituye un gran desafío.
Los derechos al desarrollo, la libre determinación y las tierras, territorios y recursos deben garantizarse para que los pueblos indígenas puedan gestionar estos tiempos de crisis y promover los objetivos mundiales de desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
La pandemia nos está enseñando que tenemos que cambiar: tenemos que valorar lo colectivo por encima de lo individual y construir sociedades inclusivas que respeten y protejan a todos. No se trata sólo de proteger nuestra salud”.
FIN
El Sr. José Francisco CALÍ TZAY (Guatemala) es el nuevo Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Es maya kaqchikel de Guatemala, con experiencia en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, tanto en Guatemala como a nivel de las Naciones Unidas y la OEA. El Sr. Calí Tzay fue fundador y miembro de diferentes organizaciones indígenas de Guatemala y el Embajador de Guatemala en la República Federal de Alemania. Fue Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala; miembro de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas de Guatemala (CODISRA) y Presidente del Programa Nacional de Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado Interno. El Sr. Cali Tzay fue Presidente del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, órgano creado en virtud de un tratado, del que fue elegido por cuatro períodos consecutivos de cuatro años cada uno.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y vigilancia del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.
Los Pueblos Indígenas y el COVID-19
NNUU.- “Instamos a los Estados Miembros y a la comunidad internacional a incluir las necesidades y prioridades específicas de los pueblos indígenas para abordar el brote global de COVID 19.”
– Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Anne Nuorgam.
La pandemia del coronavirus (COVID-19) constituye una grave amenaza para la salud de los pueblos indígenas de todo el mundo. Los pueblos indígenas ya experimentan un acceso deficiente a la atención sanitaria, tasas significativamente más altas de enfermedades transmisibles y no transmisibles, falta de acceso a servicios esenciales, saneamiento y otras medidas preventivas clave, como agua limpia, jabón, desinfectante, etc. Asimismo, la mayoría de las instalaciones médicas locales cercanas, si es que las hay, suelen estar mal equipadas y carecen de personal. Incluso cuando los pueblos indígenas pueden acceder a los servicios de salud, pueden enfrentarse al estigma y la discriminación. Un factor clave es asegurar que en esas instalaciones se presten servicios en lenguas indígenas y, según proceda, en función de la situación específica de los pueblos indígenas.
Los estilos de vida tradicionales de los pueblos indígenas son una fuente de resiliencia, pero este momento pueden representar una amenaza para evitar la propagación del virus. Por ejemplo, la mayoría de los pueblos indígenas organizan periódicamente grandes reuniones tradicionales en sus comunidades para conmemorar acontecimientos especiales como, cosechas, ceremonias de llegada a la mayoría de edad, etc. Algunas familias indígenas también viven en viviendas multigeneracionales, lo que les pone en peligro, especialmente a los ancianos.
A medida que aumenta el número de infecciones por el COVID-19 en todo el mundo, así como las altas tasas de mortalidad entre ciertos grupos vulnerables con problemas de salud subyacentes, todavía no se cuenta con datos sobre la tasa de infección en los pueblos indígenas (incluso donde hay informes y pruebas disponibles), o no se registran por origen étnico. Tampoco se dispone de información pertinente en lenguas indígenas sobre las enfermedades infecciosas y las medidas preventivas.
Los pueblos indígenas experimentan un alto grado de marginación socioeconómica y corren un riesgo desproporcionado en las emergencias de salud pública, haciéndose aún más vulnerables durante esta pandemia mundial, debido a factores como su falta de acceso a sistemas eficaces de vigilancia y alerta temprana y a servicios sanitarios y sociales adecuados.
A medida que las medidas de aislamiento continúan en numerosos países, sin un calendario a la vista, los pueblos indígenas que ya se afrontan a la inseguridad alimentaria, como resultado de la pérdida de sus tierras y territorios tradicionales, se enfrentan a retos aún más graves en el acceso a los alimentos. Con la pérdida de sus medios de vida tradicionales, que a menudo se basan en la tierra, muchos pueblos indígenas que trabajan en ocupaciones tradicionales y economías de subsistencia, o en el sector no estructurado se verán afectados negativamente por la pandemia. La situación de las mujeres indígenas, que suelen ser las principales proveedoras de alimentos y nutrición para sus familias, es aún más grave.
Sin embargo, los pueblos indígenas están buscando sus propias soluciones a esta pandemia. Están tomando medidas y utilizando los conocimientos y prácticas tradicionales, como el aislamiento voluntario y el cercamiento de sus territorios, así como medidas preventivas, en sus propias lenguas.
Si desea compartir cómo está trabajando su comunidad para prevenir y luchar contra la propagación del COVID-19, por favor envíenos un correo electrónico a indigenous_un@un.org Esta información puede ayudar a otras comunidades indígenas a estar mejor preparadas para hacer frente a la pandemia. #Somosindígenas
Llamado a contribuciones: Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre el Impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas
NNUU.- De conformidad con la resolución 42/20 del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas dedicará parte de su informe a la Asamblea General a evaluar e informar sobre las repercusiones del COVID 19 en los derechos de los pueblos indígenas. El informe estudiará las iniciativas existentes emprendidas por los Estados, los pueblos indígenas y otras entidades para garantizar que los derechos y las necesidades específicas de los pueblos indígenas se tengan en cuenta y se aborden en la lucha contra la pandemia. También se identificará las deficiencias en materia de protección que requieren la atención de los Estados Miembros y sus asociados.
El Relator Especial solicita insumos de los Estados Miembros, los órganos y organizaciones representativos de los pueblos indígenas, los agentes de la sociedad civil, los trabajadores y organismos sanitarios, las instituciones nacionales de derechos humanos y otras partes interesadas, para contribuir a la preparación de su informe, que se presentará a la Asamblea General en octubre de 2020.
Al Relator Especial le preocupa que COVID-19 esté poniendo de relieve y exacerbando las situaciones de derechos humanos actuales y en curso a las que se enfrentan muchos pueblos indígenas. Este informe permitirá al Relator Especial reunir, presentar y señalar a la atención de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos estas preocupaciones fundamentales para que las examinen y adopten medidas al respecto. Los pueblos indígenas están excesivamente representados entre los pobres y sufren tasas más elevadas de malnutrición, a lo que se suman los efectos de la contaminación ambiental y, en muchos casos, la falta de acceso a servicios adecuados de atención de la salud como consecuencia de ello, muchos tienen sistemas inmunológicos reducidos, afecciones respiratorias y otros problemas de salud, lo que los hace particularmente vulnerables a la propagación de enfermedades.
Los toques de queda, los cierres, la cuarentena y otras medidas de aislamiento impuestas como respuesta a la pandemia pueden causar dificultades adicionales para el acceso a los derechos económicos, culturales y sociales básicos. El aumento de las medidas de seguridad del Estado impuestas durante las situaciones de emergencia, ya que esto también puede repercutir directamente en las comunidades indígenas.
Se debe investigar y documentar el impacto de COVID-19 en los pueblos indígenas para orientar las respuestas de los Estados y asegurar que estos momentos excepcionales no exacerben o justifiquen la impunidad por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Teniendo en cuenta la importancia de la diversidad cultural humana y la innovación para sobrevivir a crisis como las pandemias, las respuestas nacionales e internacionales a la COVID-19 también pueden encontrar respuestas en los conocimientos y prácticas indígenas tradicionales.
El Relator Especial tratará de presentar ejemplos de buenas prácticas, de participación y consulta indígenas en la aplicación de soluciones y respuestas a la pandemia de COVID-19. Este informe ayudará a los Estados a comprender mejor los efectos concretos de la crisis y a preparar respuestas específicas con la participación, la visión y el enfoque de los pueblos indígenas.
El Relator Especial hará un balance de la nueva orientación sobre el tema, incluida la Nota de orientación del Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Pueblos Indígenas, la Nota del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DESA) sobre las consideraciones que deben tenerse en cuenta en relación con los pueblos indígenas durante la pandemia de COVID-19, la declaración de la FAO sobre la salud de los pueblos indígenas y la declaración del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también se inspiran en las posiciones adoptadas a nivel regional, como el comunicado de prensa del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Comisión Africana y la declaración y la resolución 1/2020 de la Comisión Interamericana sobre la pandemia y los derechos humanos en las Américas.
Posibles cuestiones que se abordarán en el informe:
Incidencia, tasas de mortalidad y aumento del riesgo de infección en las comunidades indígenas.
Las disparidades y los obstáculos a la atención sanitaria, el agua, el saneamiento y la información adecuados, y la falta de servicios culturalmente apropiados y accesibles.
Participación de los pueblos indígenas en la elaboración de la respuesta estatal y provincial a la pandemia, así como en la aplicación de los programas y políticas elaborados por los programas e instituciones indígenas.
Repercusiones de los cierres, las cuarentenas y otras respuestas en el acceso a los alimentos, los medios de vida, la educación y la justicia.
Disponibilidad de información en lenguas indígenas.
Impacto de la pandemia y las respuestas conexas en las mujeres, los ancianos, los niños y las personas con discapacidad indígenas.
Discriminación y efectos desproporcionados de las restricciones estatales, las medidas de confinamiento y otras políticas relacionadas con la pandemia en los pueblos indígenas.
Efectos de las medidas de emergencia nacional en la seguridad de la tierra, la tenencia de la tierra y la mayor vulnerabilidad a la apropiación de tierras y el desarrollo impuesto que afectan a las tierras y aguas de los pueblos indígenas durante la pandemia de COVID-19.
Comunidades indígenas que viven en aislamiento voluntario.
Función de la salud de los pueblos indígenas, los modelos de curación y los sistemas de conocimientos en la elaboración de respuestas eficaces.
Sírvase indicar si en el informe debe abordarse alguna otra esfera.
Cuestionario para las respuestas de los Estados, los pueblos indígenas y otros agentes:
¿Cómo recopila y analiza el gobierno del Estado la información sobre los efectos de COVID-19 en los pueblos y personas indígenas? ¿Se dispone de datos desglosados sobre los pueblos indígenas, incluidas las repercusiones en la salud?
Sírvase proporcionar información y ejemplos concretos que muestren el aumento de los riesgos y/o el impacto desproporcionado de la pandemia en la salud de los pueblos indígenas. ¿Qué medidas se han adoptado para prestar atención de salud y otras formas de asistencia urgente a las comunidades remotas?
¿Cómo se apoya a los pueblos indígenas en sus propias iniciativas para luchar contra la pandemia, proteger la salud y prestar asistencia en sus propias comunidades? ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de las prácticas tradicionales indígenas y de los programas comunitarios en materia de cierre y emergencia?
¿Cómo se da a los pueblos indígenas la posibilidad de dar forma a la respuesta nacional a la COVID-19 para garantizar que no tenga un efecto discriminatorio en sus comunidades
¿Se busca y respeta su aporte en los programas que podrían afectarlos?
¿Cómo se difunde la información sobre COVID-19 y las medidas de prevención en las comunidades indígenas? ¿Se dispone de dicha información en lenguas indígenas?
Sírvase proporcionar ejemplos de buenas prácticas y medidas específicas para corregir los efectos desproporcionados de la pandemia en la salud de los pueblos indígenas. Si son los gobiernos estatales, provinciales y locales los que las aplican, sírvase explicar cómo se concibieron esas medidas en consulta y aplicando el consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas interesados a fin de garantizar que dichas medidas se adapten a las necesidades culturales y otras necesidades específicas de esas comunidades indígenas.
Sírvanse proporcionar información sobre las repercusiones económicas, sociales y culturales de los cierres, las cuarentenas, los viajes y otras restricciones a la libertad de circulación de las comunidades indígenas.
Sírvase proporcionar información sobre las medidas adoptadas para garantizar que las comunidades indígenas no sufran efectos discriminatorios en su acceso a los medios de vida, los alimentos y la educación. ¿Cómo se tiene en cuenta a los pueblos indígenas en la elaboración de los programas de asistencia y socorro? ¿Dónde están las lagunas, si las hay?
Sírvase proporcionar información sobre la forma en que las mujeres, las personas de edad, los niños, las personas con discapacidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de los pueblos indígenas se enfrentan o pueden enfrentarse a nuevos problemas de derechos humanos durante la pandemia.
Sírvanse proporcionar información sobre las medidas específicas adoptadas para prevenir las formas de discriminación que se entrecruzan y garantizar el acceso, la protección y los servicios de las mujeres, los niños, las personas de edad, las personas con discapacidad y las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero de las comunidades indígenas, teniendo debidamente en cuenta sus necesidades específicas.
Sírvanse proporcionar información sobre la forma en que los estados de excepción pueden contribuir a las amenazas o agravar las actuales violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular en lo que respecta a la libertad de reunión y la protección de sus tierras y recursos tradicionales. ¿Qué medidas se han adoptado para proteger las tierras, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas contra las invasiones y el acaparamiento de tierras por agentes externos durante la pandemia?
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Las respuestas al cuestionario anterior pueden presentarse en español, francés o inglés. Por favor, envíen sus aportaciones por correo electrónico a indigenous@ohchr.org antes del 15 de junio de 2020. Por favor, limite sus respuestas a un máximo de 3.000 palabras. Se pueden adjuntar como anexos a la presentación informes, estudios académicos y otros tipos de material de referencia. Sírvase presentar sus respuestas en un formato accesible, como MS Word o PDF accesible.
A menos que se solicite lo contrario, las presentaciones pueden ser referenciadas en el informe y en las sesiones informativas del Relator Especial y en los productos de información conexos.
Acciones interinstitucionales con los pueblos indígenas ante el COVID-19
UNESCO.- Las agencias de Naciones Unidas UNESCO, OIM, ACNUR y FAO junto al SICA, el Foro de Abya Yala, el Consejo Indígena de Centroamérica y las organizaciones que lo integran (CICA) y el Fondo para el Desarrollo de Los Pueblos Indígenas de Latino América y el Caribe (FILAC) se reunieron para coordinar posibles acciones y articular diferentes perspectivas en torno al combate de la pandemia causada por el nuevo coronavirus.
Las necesidades de los pueblos indígenas en el entorno rural son enormes, por ello es fundamental contar con espacios de diálogo que permitan compartir información y articular medidas de prevención, control y reactivación económica con enfoques multiculturales.
El encuentro evidenció además la necesidad de identificar posibles oportunidades de colaboración no solo con pueblos indígenas, sino también con la población afrodescendiente. Para ambos grupos de la región SICA resulta apremiante fortalecer las capacidades para superar las condiciones de vulnerabilidad que perjudican sus comunidades, no solo en medio de la crisis por la emergencia actual, sino también en el largo plazo.
Como parte de los esfuerzos por contar con una coordinación a nivel de la región SICA, se cuenta con la Plataforma Regional, la cual permite conocer con claridad donde están y cuáles son las comunidades de pueblos indígenas en situación de mayor riesgo. La información desagregada es crítica para mostrar la situación en los pueblos indígenas y poder tomar acción.
Las comunidades y pueblos indígenas de Centroamérica viven en gran medida en territorios con el reconocimiento de Reservas de Biosfera y sitios de Patrimonio Mundial naturales. Desde UNESCO trabajamos en el marco de la Política de Colaboración con los Pueblos Indígenas, desde una plataforma de dialogo intersectorial y multicultural avanzando en el conocimiento indígena para la gestión de estos territorios y su participación en las estructuras de gobernanza.
En conclusión, se considera crítico continuar y fortalecer los diálogos entre pueblos indígenas y gobiernos para avanzar en la ejecución de los programas a desarrollar. Entre los múltiples elementos a tener presente están las condiciones de riesgo que generalmente traen problemas sociales en las zonas vulnerables y los planes para gestionar ese riesgo, el suministro de alimentos y otros bienes esenciales durante la emergencia, el acceso a las conexiones en línea y educación a distancia, la seguridad alimentaria, el desarrollo territorial y la resiliencia climática con énfasis en el mundo rural, incorporando la cosmovisión indígena y la relación con la naturaleza.