DIARIOCONSTITUCIONALCL.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación sobre la grave y crítica situación sanitaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 que actualmente enfrenta la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo en Perú, y hace un llamado al Estado peruano a que brinde especial atención a esta población.
ado 12 de mayo, el 73% de la población de indígenas shipibo-konibo que viven en el distrito de Rímac, en Lima, resultaron positivas para el COVID-19. Además, según noticias publicadas, se han registrado tres muertes en la Comunidad por las complicaciones del virus. La Comisión toma nota que la situación preexistente de vulnerabilidad que ha vivido esta población, en lo que respecta a sus derechos, económicos, sociales y culturales y otros derechos humanos, ha creado las condiciones para la propagación del COVID-19 a esos niveles elevados.
Al respecto, la Comisión destaca que la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo está integrada por 238 familias provenientes del pueblo indígena shipibo-konibo que se asentaron en Lima hace más de 2 décadas, luego de haber salido de sus tierras ancestrales en la región amazónica por motivos económicos y de seguridad. A raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, la Comunidad se encuentra en aislamiento social obligatorio y habría recibido muy pocos servicios sociales básicos de la Municipalidad de Lima y otras autoridades estatales. La Comunidad enfrenta la insuficiencia de los servicios de agua y saneamiento, alimentación, vivienda, acceso a medicamentos y a la alimentación.
La Comisión ha reconocido las medidas de contención de la pandemia adoptadas por el Estado peruano, al tiempo de observar con preocupación la situación económica de las familias de la Comunidad. Según la información obtenida, a la vez que los miembros de la Comunidad se han vistos privados de la venta de arte y otras actividades culturales, su principal fuente de ingresos, solamente el 30% de las familias lograron acceder a los bonos distribuidos por el Estado en el marco de la pandemia, así como tampoco habría recibido apoyo del Estado en relación a los fallecimientos que se han dado por el COVID-19.
En el marco de su monitoreo de la situación de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIDH tiene particular preocupación por los impactos diferenciados e interseccionales que la pandemia puede generar sobre los derechos humanos de colectivos y poblaciones en especial vulnerabilidad, incluyendo de los pueblos indígenas. En ese particular, la Comisión ha advertido que la histórica discriminación hacia los pueblos indígenas se ha traducido en una vulneración estructural y sistemática de sus derechos humanos, especialmente sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Adicionalmente, la Comisión urge al Estado de Perú a que, en coordinación con las autoridades y representantes indígenas shipibo-konibo de la Comunidad Indígena Urbana de Cantagallo, tome todas las medidas necesarias y culturalmente adecuadas para proveer alimentación, medicamentos, servicios de agua y saneamiento, vivienda y otras necesidades para asegurar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales y otros derechos humanos de sus habitantes, incluyendo las personas que recientemente llegaron a la comunidad. Asimismo, que aseguren medidas coordinadas y culturalmente adecuadas para hacer frente a la propagación de la pandemia, incluyendo la atención médica, las medidas para disponer de los muertos por el COVID-19, así como para facilitar los medios de protección de bioseguridad para todos los miembros de la Comunidad.
Vea texto íntegro del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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