CICA/CostaRica. Durante tres meses y medio desde que oficialmente se reconoció la existencia de la pandemia Coronavirus con su enfermedad COVID–19, en Costa Rica, la población indígena ha resistido y mostrado su capacidad de resiliencia ante los embates de tal letal mal que ataca a todas las clases sociales y generaciones del mundo.
Las comunidades indígenas tomaron sus propias decisiones y medidas de previsión ante la COVID–19, formaron comités comunitarios, establecieron el aislamiento social, colocaron puestos de control de ingreso y salida de sus jurisdicciones con vigilancia de la dirigencia, la población, y en algunos casos en coordinación con la seguridad pública; pusieron en marcha una campaña de información y medidas de prevención de la enfermedad, a través de afiches, carteles, radios comunitarias, redes sociales y equipos de sonido instalados en vehículos con los que recorren las comunidades. Ante la escaseas de alimentos, inmediatamente activaron el principio indígena de la solidaridad, dotando de productos alimenticios prioritariamente a los mayores, mayoras, mujeres jefas de horas y familias con mayor necesidad, y el intercambio de productos entre vecinos y comunidades, demostrando que el sistema de trueque está vivo. En los territorios se fortalecen los sistemas culturales indígenas de producción y conservación.
La población indígena mantiene alerta permanente ante la COVID–19 y una gran preocupación sobre todo en los territorios ubicados en las fronteras sur y norte, por el alto tránsito de personas provenientes del exterior y del interior del país.
Las medidas de prevención y organización indígena ha sufrido un duro golpe por parte de la Sala Constitucional (Sala IV) mediante la Resolución Nº 2020010034, Expediente 20-008139-0007-CO, en un recurso de amparo presentado por un no indígena residente fuera de los territorios, Sala que irrespetando el derecho indígena, autonomía y propiedad privada colectiva, ordena al territorio de Ujarrás, pueblo Cabécar, que se abstengan de impedir libre tránsito por las vías del territorio, y les advierte de sanciones penales en caso de incumplimiento de lo ordenado. No nos imaginamos, a la Sala IV ordenando a los finqueros, terratenientes, empresas privadas nacionales o transnacionales que se abstenga de impedir el libre tránsito por las vías dentro de sus fincas. La irresponsabilidad la Sala IV, pone en inminente peligro de contagio por COVID–19 a los pueblos indígenas del país.
En los dos últimos días, los cantones de cantón (municipio) de Corredores, Puntarenas, donde se localizan 3 territorios del pueblo Ngöbe, con 26 casos confirmados y 25 activos (26 junio); Guatuso, Alajuela, donde se ubica el territorio y pueblo Maleku, con 51 casos confirmados y 49 activos (26 junio), fueron declarados ALERTA NARANJA; y el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, donde se ubican 6 territorios de los pueblos Bribri, Brunka, Cabécar y Térraba, con un caso confirmado y activo (26 junio).Dirigentes indígenas comunitarios que prefieren que sus nombres se mantengan bajo confidencialidad, manifestaron el gran temor existente en sus territorios de posibles casos sospechosos de COVID–19.
Costa Rica reconoce oficialmente 8 pueblos indígenas: Bribri, Brunka, Cabécar, Chorotega, Huetar, Ngöbe, Maleku y Térraba, con un total de 24 territorios creados mediante decretos ejecutivos, ubicados en 6 de las 7 provincias que conforman el país, y con una tenencia de aproximadamente 350,000 hectáreas, lo que representa el 7% del total del territorio nacional. Según el censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del año 2011, la población indígena costarricense es de 104,147 habitantes de los cuales 51,709 son mujeres (49,65 %) y 52,434 son hombres (50,35 %), lo que representa el 2.4 % de la población nacional de 4,301.712 habitantes.
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