ELPAÍS/CostaRica.- Los pueblos indígenas de Costa Rica mantienen la lucha de recuperación por la vía de hecho, de sus territorios ancestrales, ante la inacción del Estado, tras una década de que fueran ‘arrastrados’ de la Asamblea Legislativa.Luego de cumplirse el 9 de agosto el décimo aniversario de ese suceso, conocido como la ‘arrastrada’, el líder bröran Pablo Síbar rememora que ‘nos sacaron de la Asamblea Legislativa por estar reclamando que el Proyecto de Autonomía Indígena lo pusieran en la corriente de debates, bien fuera para la aprobación o el rechazo’.
Sin embargo, prosigue, ‘lo que logramos fue que después de sembrarnos miedo, cerrando los servicios, dejándonos sin luz, a las 02:00 (hora local) fuimos expulsados y arrastrados desde el salón Beneméritos de la Patria hasta la calle, donde con frío insoportable vimos con impotencia cómo actuaban contra nosotros, solo por defender nuestros derechos’.
‘Afuera gran cantidad de antimotines estaban listos como si fuéramos seres peligrosos. Con mi hermano Sergio Rojas (asesinado en marzo de 2019), llevábamos muchos años de lucha desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), trabajando ese proyecto y le dábamos seguimiento’.
Es en esas circunstancias, cuenta Síbar, que Magdalena Figueroa, una fuerte mujer bribri de Salitre, dijo: nada tenemos que buscar en estos ‘peladeros’, defendamos nuestras tierras en nuestros territorios, que ahí nos arrastren.
Síbar indica que en ese momento decidieron comenzar con las recuperaciones por la vía de hecho, ya que en los tres Poderes de la República no existe ninguna voluntad de solucionar los derechos que les pertenecen.
Esa acción la comenzaron en 2011 en Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, pero hoy está extendida a Cabagra, Rey Curre, China Kichá, Terraba, Maleku y todos los territorios que integran el Frenapi.
Tras apuntar que siguen en lucha y solicitar a todos los costarricenses que no los olviden, el líder bröran pide que no los miren como los malos por los procesos de recuperación emprendidos, pues es la única forma que el Gobierno les ha dejado.
‘No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que para mí son solo papeles más. Como un bröran que llevo 40 años de lucha, quisiera escuchar cuestiones reales, no papeles, no habladas’, sostiene Síbar.
Quisiera que nuestros hijos, nuestros nietos, no sigan llevando el miedo, como ese temor del Covid-19, que es lo que vivimos los pueblos indígenas, por los terratenientes, hace mucho tiempo, detalla Síbar.
A pesar de haber perdido a Sergio Rojas en 2019 y a Jhery Rivera en 2020, las recuperaciones continuarán, asevera y añade que espera no haya más asesinatos de sus hermanos. ‘Quiero seguir viviendo, pero sintiéndome libre, sin persecuciones’, subraya.
Seguro soy un nativo ignorante, pero los tres Poderes de la República deberían conjuntamente abordar el tema indígena, para que juntos busquen la solución. Quisiera morir viendo que esos poderes han solucionado nuestras luchas, y si esto pasara, de seguro no habría más originarios asesinados, concluye Síbar.
Coincidiendo con la postura del líder bröran, los investigadores Luis Paulino Vargas y Marcos Guevara divulgaron un amplio estudio sobre la situación de las comunidades originarias de Costa Rica intitulado La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses. 2010-2020: una década de violencia e impunidad.
Aseveran que la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Costa Rica estuvo teñida de sangre por los asesinatos de dos líderes, bribri Sergio Rojas y bröran Jhery Rivera, en menos de un año.
‘Estos crímenes (aún impunes) tuvieron lugar a pesar de que ambos líderes se encontraban bajo la supuesta protección de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Costa Rica desde 2015, lo que sin duda aumenta la indignación y la gravedad de estos hechos’, puntualizan.
Refieren que a pesar de las bondades observadas en la mayoría de la normativa reciente, como el Protocolo de Consulta, la Ley de Acceso a la Justicia y la Construcción de la Política Pública Intercultural, incluyendo la modificación a la Constitución Política, los avances en esta materia parecen agotarse en lo meramente retórico.
Luego de señalar que las últimas tres administraciones de gobierno han invertido gran cantidad de tiempo y recursos desplazando funcionarios a territorios indígenas, refieren que es injustificable que en 10 años no haya verdaderos avances en la resolución del conflicto por las tierras ni en la aplicación de los derechos indígenas, y persistan la inseguridad, la zozobra, las agresiones y la impunidad.
También, resaltan, resulta notoria la profunda desconfianza de las comunidades indígenas en las autoridades estatales, la cual se ha profundizado, en particular hacia policías, fiscales y jueces, al persistir la situación de indefensión e impunidad.
Por eso afirmamos que la grave situación en los territorios indígenas es injusta, insoportable e insostenible, muestra una violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas de esas comunidades, la inacción e inoperancia estatal y la complacencia con los agresores.
Todo ello, enfatizan, comporta responsabilidades muy serias que deben ser asumidas por toda la sociedad tica, pero especialmente por las autoridades políticas, técnicas, legislativas, ejecutivas y judiciales, a quienes les plantean cumplir las recomendaciones y solicitudes de la Defensoría de los Habitantes y de organismos internacionales con los pueblos indígenas.
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