Por Alicia Bárcena
Es verdad que la historia registra antes el paso devastador de grandes pandemias, pero ninguna irrumpió en un mundo tan poblado (más de 7.700 millones de personas) ni tan interconectado y con un planeta ambientalmente enfermo. Es la mayor crisis humana y de salud que hemos encarado. Su abordaje efectivo ha de mantener esta afirmación como brújula central. Tiene, por cierto, profundas implicancias económicas, pero el centro de la atención, el foco de las decisiones de política pública, ha de estar en la salvaguarda de uno de los bienes públicos globales más preciados: la salud y el bienestar de las personas.
Con esto en mente, es oportuno señalar que cinco son los principales canales externos de impacto para América Latina y el Caribe: la declinación de la actividad económica de nuestros principales socios comerciales, especialmente China; la baja en el precio de nuestras materias primas, la interrupción de las cadenas globales y regionales de valor, la baja aguda en la demanda de servicios de turismo que afecta fundamentalmente al Caribe, y un aumento en la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras globales y la salida de capitales de la región, con la consecuente devaluación de nuestras monedas.
El embate de covid-19 nos encontró en mal momento. Para el mundo, el año pasado –2019– había registrado el peor desempeño de la última década (crecimiento del PIB de 2,5 por ciento). Para América Latina y el Caribe, el desempeño era aún más dramático. Para encontrar crecimientos peores a los que la región registró en los pasados siete años hay que remontarse siete décadas.
Hace solo pocos meses, y tras cerrar un 2019 con un pobre crecimiento regional de solo 0,1 por ciento, la Cepal estimaba que el 2020 vería un repunte tímido y que la tasa alcanzaría un alza de 1,3 por ciento del PIB. Hoy, una aproximación conservadora, con los datos que aún se van consolidando, nos dice que América Latina y el Caribe registrarán para este año un crecimiento negativo de 1,8 por ciento, con probables sesgos a la baja.
Los efectos consecuentes de crecimiento negativo y aumento del desempleo se traducen en incremento de la pobreza y pobreza extrema. Para 2020, de confirmarse los datos base, pasaríamos de los actuales 186 millones de pobres a 220 millones, y de los actuales 67,5 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en condición de pobreza extrema a 90,8 millones.
Esta crisis nos encuentra con sistemas de salud fragmentados y sin cobertura universal, donde más del 47 por ciento de la población se encuentra sin acceso a la seguridad social. Una crisis que se encarniza especialmente con los 58 millones de mayores de 65 años en nuestra región.
En la actual situación no se puede desconocer que se necesita un estímulo fiscal masivo para, entre los varios desafíos, apuntalar los servicios de salud y proteger los ingresos y los empleos. Hoy no se puede interrumpir la provisión de bienes esenciales (medicamentos, comida, energía) y se debe garantizar el acceso universal al testeo de covid-19 y al cuidado médico de todos quienes lo requieren. Proveer de los fondos necesarios a nuestros sistemas de salud es un imperativo ineludible.
Cuando hablamos de estímulo fiscal masivo hablamos también de financiar los sistemas de protección social que atienden a los sectores más vulnerables. Hablamos de desplegar programas no contributivos como las transferencias directas, financiamiento a los fondos de desempleo, beneficios a los subempleados y trabajadores por cuenta propia.
Asimismo, los bancos centrales tienen que asegurar liquidez para que el aparato productivo garantice la continuidad de su funcionamiento. Estos esfuerzos deberán traducirse en apoyos a las empresas con préstamos a interés cero para pagar salarios. Igualmente, se deberá apoyar a las empresas y hogares con la postergación de pagos de créditos, de hipotecas y arrendamientos. Se requerirá de muchas intervenciones para asegurar que no se interrumpa la cadena de pagos. Los bancos de desarrollo deberán jugar un papel importante.
Y, por cierto, los organismos financieros multilaterales tendrán que considerar políticas nuevas de préstamos a bajo interés y ofrecer alivio y postergación en el servicio de las deudas actuales para abrir espacio fiscal.
También adopta sentido de urgencia el levantamiento de las sanciones y bloqueos unilaterales, impuestos en el mundo y en nuestra región, que dificultan a poblaciones enteras el acceso a bienes y servicios indispensables para combatir el desafío sanitario.
Esta pandemia entraña el potencial de transformar la geopolítica de la globalización, pero es también una oportunidad para relevar los beneficios de las acciones multilaterales y abrir espacio al necesario debate sobre un nuevo, sostenible e igualitario modelo de desarrollo.
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