CONTRALÍNEA/México.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) declaró que la entrada a la Fase 3 de la contingencia sanitaria en México ha puesto en evidencia la alta vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, puesto que están en constante riesgo de ataque con armas de fuego y por no contar con atención médica adecuada ante la posibilidad de contraer Covid-19.
En un comunicado, la organización indicó que el año pasado realizó intervenciones a 30 autoridades del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Rutilio Escandón Cadenas (gobernador de Chiapas) por agresiones armadas contra los pueblos originarios de ese estado.
El Frayba advirtió que la impunidad sigue y la violación grave a derechos humanos -como la privación arbitraria de la vida y el desplazamiento forzado- no ha cesado.
Al respecto, evidenció que del 24 de marzo al 27 de abril se registraron 47 actos de agresión armada en Chiapas, y explicó: “reportes de la Comisión Permanente de Comuneros y Desplazados de Aldama informan que los grupos armados de corte paramilitar procedentes de Chenalhó utilizan las trincheras de la comunidad de Saclum, para realizar disparos dirigidos hacia las casas en Aldama. El día de ayer [27 de abril de 2020] se reportaron nuevos ataques armados hacia las comunidades de Ye’ton, Koko’, Tabak, Chivit, Xuxch’en y San Pedro kotsilnab”.
Por lo cual, los representantes de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil en desplazamiento forzado de Aldama interpusieron una solicitud de amparo y protección de la justicia federal para la: “suspensión definitiva de la violencia de grupos civiles armados de corte paramilitar quienes actúan con la aquiescencia y tolerancia de funcionarios del Estado”, cuyo amparo 340/2020 -otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, en marzo de este año- no ha sido acatado por las autoridades responsables, provocando que “la violencia en la franja limítrofe con Chenalhó se haya intensificado en un contexto de alto riesgo para población vulnerable en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19”, manifestó el Frayba.
En el comunicado indicó que las Directrices Esenciales de las Naciones Unidas para Incorporar la Perspectiva de Derechos humanos en la Atención a la Pandemia establecieron que “los Estados deben aplicar medidas adicionales con el fin de abordar la repercusión desproporcionada que la Covid-19 puede tener sobre las minorías, a causa de las zonas remotas donde viven, en las que hay un acceso limitado a bienes y servicios esenciales”.
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos exhortó a las autoridades de los gobiernos de López Obrador y de Escandón Cadenas a que acaten el amparo 340/2020 y cumplan con las siguientes cuatro exigencias principales:
- Garantías de seguridad para proteger la vida de la población del Pueblo Maya Tsotsil del municipio de Aldama, en riesgo por hechos de agresiones armada que se intensificaron desde el 24 de marzo de 2020.
- Cumplimiento de las Recomendación número 71/2019, emitida el 23 de septiembre de 2019, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Investigación de las agresiones armadas, desde marzo de 2018, perpetradas por grupos civiles armados de corte paramilitar procedentes de Santa Martha, municipio de Chenalhó, que provocaron el desplazamiento forzado de las comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama.
- Atención humanitaria, vivienda, salud, alimentación adecuada y digna para las personas víctimas de desplazamiento forzado del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama, Chiapas, en mayor vulnerabilidad durante la pandemia por Covid- 19.
Escrito por VIRIDIANA GARCÍA
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