MECONSULTAS/México.- En lo que va de abril, la CONAGUA ha celebrado Convenios de coordinación con 12 Entidades Federativas con el objeto de establecer los lineamientos para conjuntar recursos y formalizar acciones en las materias de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento y cultura del agua en beneficio de cada una de las Entidades. Ante esta situación resulta necesario analizar los Convenios en función de los efectos que podrían producir en las comunidades indígenas, así como las implicaciones de que se hayan suscrito en el contexto del COVID-19.
Lo cierto es que las emergencias suponen oportunidades políticas para justificar decisiones que en otros contextos no hubieran pasado desapercibidas. En el caso de China significó que se aprobaran dentro de las primeras tres semanas de Marzo más proyectos alimentados con carbón que en todo el 2019 como parte de su estrategia para reactivar la economía, de acuerdo al reporte elaborado por Global Energy monitor.
Por su parte, Corea del Sur justificó una serie de reformas que permitían recolectar información de pacientes junto con videos de cámaras de seguridad, así como rastrear sus movimientos e identificar a las personas con las que había tenido contacto, posteriormente los datos fueron despersonalizados y compartidos con la población para que evitaran las posibles zonas de contagio. Dichas medidas parecen tener una lógica inicial en relación a la situación actual, dejando como algo secundario el cuestionamiento su legitimidad
En el caso de México, la firma de los Convenios firmados por las 12 Entidades, dos semanas después de que se declarará emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, suponen una oportunidad para cuestionar las decisiones políticas que se esconden de tras de la discusión central del COVID-19. Cuestionamiento que en este caso se debe hacer contrastando los efectos que dichos Convenios podrían tener sobre pueblos indígenas y comunidades equiparables
En primer lugar, se justifica la necesidad de crear y rehabilitar la infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento como demostró la fuga en el sistema de Cutzamala la cual afectara a 2.5 millones de personas , sin embargo, el cómo se pretenden ejecutar los Convenios no cumple con la obligación de las autoridades de garantizar a los diferentes pueblos indígenas y comunidades equiparables el efectivo control cultural de su territorio, pues ni en los Convenios firmados, ni en las normas de operación del programa se muestra la preferencia que se le dará a la conservación y creación de infraestructura hidroagrícola y pozos culturalmente adecuados, ignorando el hecho de que los pueblos contribuyen a la conservación, uso y manejo de la biodiversidad, así como a la producción de alimentos sanos con mayores grados de sustentabilidad. Siendo este último unos de los motivos principales de la firma dichos Convenios.
Así mismo, no se menciona como elemento mínimo, las acciones que se tomarán para garantizar que la infraestructura hidroagrícola creada, rehabilitada, no afecte el acceso a las fuentes de agua por parte pueblos indígenas y comunidades equiparables o al menos el proceso de consulta y consentimiento que se seguiría ante la posibilidad de afectar dichas fuentes. Esto es de suma importancia pues de las 12 Entidades suscritas al Convenio, 5 son colindantes en el área centro del país; Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Morelos y el Estado de México. Dicha concentración podría incentivar la implementación de megaproyectos que permitan cumplir con los objetivos del Convenio y como ha demostrado la historia los megaproyectos con frecuencia conllevaban la violación a múltiples derechos humanos como el de propiedad, autodeterminación, agua, medio ambiente sano entre otros.
Por lo tanto, la firma de los Convenios y la relevancia que tienen en el contexto Nacional, tanto por los derechos que se pueden violar de no aplicarse bien como los derechos que busca garantizar en su implementación nos lleva a pensar en la importancia de hacer las cosas bien, de que el logro de los Convenios este en su implementación y no en el consenso político al que se llegó para su firma, especialmente cuando estamos en una situación de emergencia, es decir, que la rehabilitación de los sistemas se haga con la idea de que esto deje de ser un problema a largo plazo, de que no presenciemos constantemente problemas de desabastos por averías que pudieron ser evitadas por una correcta rehabilitación y monitoreo como en el caso de Cutzamala y por el otro lado, que los proyectos que se implementen estén condicionados al consentimiento previo de las Comunidades indígenas en los supuestos en los que sus fuentes de agua se vean afectadas.
Por último, no cabe duda que las emergencias sanitarias propician un ambiente privilegiado para la toma de decisiones apresuradas cuyos posibles efectos negativos serán en muchos casos irreparables, es por eso que esas decisiones exigen ser cuestionadas, sacadas de la penumbra en que las ha puesto la discusión central del COVID.19. Necesitan ser contenidas para evitar que las personas y comunidades vulnerables lo sean aún más cuando el COVID-19 sea un recuerdo distante
Escrito por Ismael Baltazar Tapia
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