Asunción, IP (Paraguay).- El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) responde a la emergencia sanitaria generada por el Covid-19 con el Protocolo de ingreso a las comunidades indígenas en tiempo de pandemia, establecido por resolución, con el objetivo salvaguardar la salud y vida de los pueblos nativos en todo el territorio nacional.
Ante la emergencia ocasionada por la propagación del coronavirus y su posible contagio en las comunidades y el grave impacto que puede producir, el INDI establece a través de un documento medidas específicas a fin de prevenir su llegada a los pueblos indígenas.
El Protocolo se rige a las medidas de control, cuidado y tiempo de permanencia en las comunidades y fue diseñado con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El documento dispone que el ingreso o salida de las comunidades debe ser por consulta libre, previa e informada a las autoridades pertinentes, como líderes políticos y religiosos.
En caso de presentarse una respuesta positiva para el ingreso se prevé las medidas estándares sanitarias, así como también las recomendaciones expuestas por las comunidades desde su cosmovisión y prácticas tradicionales de prevención y cuidado de la salud.
Entre los puntos, el Protocolo garantiza el respeto por la cosmovisión y su conocimiento sobre la salud, incluyendo médicos tradicionales, métodos, medicina y creencias.
Por otra parte, limita a 10 la cantidad de personas que pueden ingresar, establece el uso de implementos de bioseguridad, el distanciamiento social de al menos dos metros, la desinfección de insumos, medicinas y todos los materiales que sean entregados a la comunidad.
Además, se procederá a la fumigación antes de ingresar y al retirarse; los funcionarios y el personal del Estado fumigarán toda el área que recorrieron y cubrieron con sus operaciones, desde que llegaron a la comunidad hasta que culminaron sus tareas.
Cabe destacar que la fase de revisión y aportes fue compartido a instancias e instituciones clave como la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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