IDL/Perú.- La comunidad shipiba Cantagallo – instalada en el Rímac (Lima) desde hace 20 años – ha interpuesto una demanda de amparo contra los ministerios de Salud, Cultura y Justicia y Derechos Humanos.
En estos momentos hay 476 casos comprobados de Covid-19, detectados por el Ministerio de Salud , y las autoridades han decretado que los 2000 habitantes estén en aislamiento total. Subsisten gracias a las donaciones de alimentos que les entrega el Ministerio de Cultura, pero no tienen un plan de salud, protocolos ni medicamentos. El problema se agrava porque el espacio que habitan no tiene agua potable no desagüe.
Los shipibo-conibos exigen al Estado peruano que elabore e implemente una política diferenciada para prevenir el brote de la COVID-19 en los pueblos indígenas y atender los casos confirmados. Para ello, reclaman también la participación de las organizaciones indígenas.
En la demanda, además, exigen que se tomen medidas específicas para las poblaciones de alto riesgo entre los indígenas: ancianos, personas con enfermedades preexistentes (como diabetes, hipertensión, hepatitis, tuberculosis, malaria, dengue, zika, VIH/SIDA y asma), mujeres gestantes y personas con discapacidad.
Igualmente, por su alta vulnerabilidad social, para los indígenas confinados en ciudades, comunidades indígenas urbanas (como Cantagallo) y fronterizas. Además, para los pueblos en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial, también vulnerables epidemiológicamente, que habitan en cinco reservas indígenas solicitadas y en proceso de creación: Yavarí-Tapiche, Sierra del Divisor Occidental, Kapanawa, Napo-Tigre, Yavarí-Mirim y Kakataibo.
A 65 días del estado de emergencia nacional, la actuación del Estado ha sido deficiente y errática, sin lograr el objetivo de proteger a la Amazonía indígena. Medidas como la Resolución N.º 109-2020-MC y el Decreto Legislativo N.° 1489 son claramente insuficientes frente a la magnitud del problema.
Esta acción legal busca contrarrestar los efectos de la pandemia en los pueblos indígenas amazónicos, donde los contagios y muertos por la COVID-19 se han incrementado vertiginosamente y vienen asolando a pueblos como el shipibo-conibo, awajún ticuna y yine, en las regiones de Loreto, Ucayali, Amazonas y Madre de Dios.
La comunidad de Cantagallo cuenta con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
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