NOTASPERIODISMO/Argentina.- Aunque las noticias parecen alentadoras en la provincia, se han registrado al día de la fecha más de 600 casos de personas contagiadas, y alrededor de 35 muertes. Más del 22% del total de los enfermos por Covid-19 corresponden a integrantes de pueblos indígenas.
El cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio en la provincia del Chaco son medidas que precedieron las definiciones que se tomaron desde el Poder Ejecutivo Nacional frente a la pandemia generada por el Covid-19. El pasado 17 de marzo, el gobernador Jorge Capitanich decretó la cuarentena y el cierre de los pasos para acceder a la provincia.
En las últimas semanas, los anuncios oficiales establecieron el cambio de la fase 3 a la fase 4 en el Chaco, y con ello la posibilidad de reabrir comercios y permitir el funcionamiento de actividades que, hasta el momento, no estaban permitidas.
En la provincia la situación cambia entre los conglomerados urbanos y las zonas periurbanas y rurales. Por un lado, es en las ciudades donde se detectaron la mayor cantidad de contagios, y las respuestas gubernamentales frente a este panorama no fueron las de aumentar los controles sanitarios y garantizar las condiciones de habitabilidad en las zonas más crítica, sino el de segregar a la población, obligándolos a permanecer en los barrios.
Esto sucede en la zona del Gran Toba, conformado por los barrios Toba, el Chilliyí, Américo y Cresencio López de la ciudad de Resistencia, donde el 11 de mayo se conoció el primer fallecimiento. Al día de la fecha este número se ha incrementado, superando los 12 casos mortales. Frente a esto, diferentes dependencias gubernamentales han dispuesto aislar a los habitantes del barrio, restringiendo la circulación a partir de la colocación de montículos de tierra y vallas en los accesos. Los vecinos y vecinas afirman que no reciben tratamientos médicos adecuados y no les envían alimentos para cubrir sus necesidades.
Al aislamiento se le suman los efectivos de las fuerzas de seguridad que patrullan la zona para prohibir la circulación de personas. Esto reafirma y profundiza los escenarios de violencia y discriminación que los pueblos indígenas sufren cotidianamente. Los bloqueos al barrio Gran Toba impiden que las ambulancias puedan ingresar fácilmente.
La criminalización a estos pueblos se reproduce en los medios masivos de comunicación. El pasado 17 de mayo, el diario Clarín sostenía: “En Resistencia, Chaco, el gobierno debió cerrar los barrios donde habita la comunidad Qom, luego de que esta semana se dispararan los casos de coronavirus”.
“Aun así, en el barrio Toba, en la periferia de la ciudad, se torna difícil entrar, ya que es un sector peligroso. Los aborígenes, en muchos casos, no acatan las disposiciones de aislamiento y distancia social, y el consumo de alcohol y drogas complica el panorama”, agregó el portal.
Este tipo de discursos, lejos de denunciar la falta de políticas de asistencia y prevención, justifica los abusos cometidos contra la población indígena y profundiza la discriminación, la exclusión y la estigmatización sobre este sector.
Paralelamente, en las zonas periurbanas y rurales el acceso a fuentes de agua potable no está garantizado para los habitantes. Si bien desde las diferentes dependencias gubernamentales afirman que es importante lavarse constantemente las manos y mantener el distanciamiento social, tales medidas no son posibles en contextos donde los habitantes deben agruparse para cargar bidones de agua en el único grifo que hay en la zona.
Otra de las flexibilizaciones permitió que los sectores destinados a la agroindustria pongan su maquinaria extractiva en marcha. Su trabajo se desarrolla en aquellos territorios donde la peor pandemia no es el coronavirus, sino las fumigaciones, las usurpaciones territoriales y el desigual acceso y utilización de la naturaleza (como es el caso del agua, la cual está garantizada para los cultivos de los empresarios del agro pero no para las poblaciones rurales). Tal es así, que durante el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de abril del 2020 se registraron más de mil las hectáreas desmontadas.
Frente a estos escenarios, hay una realidad que se repite en toda la provincia: centros de salud sin los medicamentos y materiales para brindar la atención necesaria; problemas en el acceso al agua en las viviendas particulares para llevar adelante los protocolos de higienización recomendados; aumento indiscriminado en los precios de los alimentos y cierre de los comedores escolares para garantizar el sustento de miles de familias; escasas campañas de difusión y prevención en lenguas indígenas y las nulas políticas interculturales. En Chaco, la discriminación a los miembros de los pueblos originarios aumenta a un ritmo mayor que el de los contagios por Covid-19.
Es de vital importancia atender con política públicas a la población indígena, dado que se encuentran en una situación de extrema vulneración en este escenario, el cual se ve agravado por sus problemas económicos (la subsistencia de gran parte de los habitantes es a partir de changas o trabajos temporales, los cuales son imposibles de realizar en este momento) y de acceso a la salud.
Las comunidades indígenas han sido históricamente criminalizadas y violentadas por parte de diferentes actores, y esto queda en mayor evidencia en el escenario actual. Por ello, es necesario y urgente generar mecanismos participativos, donde las comunidades articulen con aquellos sectores técnicos y de la administración pública, con el fin de proyectar acciones tendientes a prevenir y sanar a la sociedad en los diversos contextos y escenarios en que se desencadena este desastre.
Malena Castilla es Doctora en Ciencias Antropológicas
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