RPP/Perú.- Lejos de farmacias surtidas y de hospitales con personal especializado, las comunidades indígenas son muy vulnerables frente a esta pandemia. Pese a la normativa para su protección, lo ejecutado hasta el momento no ha sido suficiente.
El último fin de semana, el presidente Martín Vizcarra señaló -en mensaje a la Nación- que la defensa de los pueblos indígenas frente a la COVID-19 será una prioridad del Gobierno a través de su Ministerio de Cultura. Esta ratificación pública de compromiso vino en medio de un cambio en el sector. El sábado, juró por segunda vez como ministro de Cultura el diplomático Alejandro Neyra, en reemplazo de Sonia Guillén, quien renunciara al cargo el día anterior.
Neyra reingresa al sector con el avance de una norma a favor de las comunidades indígenas: el Decreto Legislativo Nº 1489, publicado hace tres semanas; es decir, casi a los 55 días de iniciado el Estado de Emergencia Nacional. Precisamente, el domingo -vía diario oficial El Peruano- fue recién autorizada la transferencia de S/ 5 millones al sector para así financiar el trabajo que dicta el decreto legislativo.
En este informe, revisamos cuál es la situación de los pueblos indígenas ante la emergencia sanitaria y qué tan oportunas han sido las acciones que ha emprendido el Estado con el fin de protegerlos.
El acceso a la salud, una demanda de larga data que se agudiza con el virus
“Nos estamos manteniendo con medicinas naturales. Niños, adultos y ancianos están con síntomas. Incluso yo presento síntomas”. Así informaba -por RPP- la semana pasada, Emerson Mucushua, el Apu (líder) de la comunidad de Pucacuro, ubicada en el distrito de Trompeteros, en Loreto.En su testimonio, Mucushua señalaba que la mayoría de los 800 miembros de su comunidad habría contraído la COVID-19 y que la posta médica cercana estaba desprovista de medicamentos y especialistas.
Para entender la dimensión de nuestras poblaciones indígenas, es necesario revisar cifras. A partir de los Censos Nacionales de 2017, se conoce que al menos 5’ 985 551 peruanos se consideran indígenas. Y, de acuerdo con el Ministerio de Cultura, en el país existen 55 pueblos indígenas u originarios. La mayor parte -51- se ubica en la Amazonía, mientras que los cuatro restantes corresponden a los Andes.
Todos estos pueblos se subdividen en miles de agrupaciones comunales. Solo en la región de Loreto, existen 1 560 comunidades que se originan de 32 pueblos indígenas con un total de 60 mil personas.
Además, es importante resaltar que la población indígena peruana no vive bajo un mismo modelo de comunidad. Están las comunidades nativas o rurales; las comunidades que viven en las ciudades (como el caso de Cantagallo, en el distrito del Rímac); y las comunidades que viven en aislamiento o en situación de contacto inicial. También debemos tomar en cuenta que existen 48 lenguas originarias registradas.
En el contexto de la pandemia, el Estado peruano no tiene una estimación sobre la cantidad de comunidades indígenas infectadas a nivel nacional. Tampoco una precisión sobre el número de indígenas que ya han fallecido a causa de la enfermedad.
Al igual que Pucacuro, la mayoría de comunidades indígenas no tiene hospitales cercanos ni centros de salud o postas mínimamente equipados. El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, señala que -en el escenario de la pandemia- el Gobierno ha emprendido acciones tardías e insuficientes para los pueblos originarios. “Yo, sinceramente, puedo decir que estamos en un total abandono porque todavía no llega a implementarse una atención sanitaria inmediata para las comunidades indígenas en la Amazonía peruana”, dijo Cauper para este artículo.
El último 21 de mayo, por resolución del Ministerio de Salud, se aprobó el “Plan de intervención del Ministerio de Salud para Comunidades Indígenas y Centros Poblados Rurales de la Amazonía frente a la emergencia del COVID-19”. Este documento técnico destina S/ 88 millones 426 mil 234 para la reestructuración y el equipamiento de centros de salud en el primer nivel de atención (postas). De acuerdo con las proyecciones, este presupuesto -que va de la mano del Decreto Legislativo Nº 1489, mencionado al inicio de este texto- beneficiaría a más de 800 mil personas.
“Lo que ahora debemos hacer es estar vigilantes sobre la manera en que se va a distribuir ese dinero. Lo ideal es que el 50% llegue a las comunidades donde no hay ningún tipo de sistema de salud y que con el otro porcentaje se implementen los puestos de salud con medicamentos, con equipos, con personal técnico, médico y de enfermería. Todo eso nos preocupa y, mientras esto va burocráticamente a su manera, la gente se está muriendo”, señaló Cauper.
Según informa Aidesep, la asociación elevó en abril, ante la Organización de Naciones Unidas, una demanda pública contra el Estado peruano por negligencia en la atención a las comunidades indígenas frente a la COVID-19.
Según informa Aidesep, la asociación elevó en abril, ante la Organización de Naciones Unidas, una demanda pública contra el Estado peruano por negligencia en la atención a las comunidades indígenas frente a la COVID-19. | Fuente: Difusión / Aidesep
¿Cómo se ha estado articulando la protección para los pueblos indígenas?
El puente de comunicación entre el Estado y las comunidades indígenas es -desde 2012- el viceministerio de Interculturalidad, que forma parte del Ministerio de Cultura. Este tiene como responsabilidad esencial generar marcos normativos y mediar -con información, estrategias de acercamiento y traducción de lenguas- en las acciones de otros sectores sobre las necesidades de esta población. De esta manera, se buscaría garantizar y vigilar el cumplimiento de sus derechos colectivos e individuales.
Como lo informamos antes, el 9 de mayo pasado, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo Nº 1489, que establece acciones para la protección de los pueblos indígenas u originarios en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19. La norma delega al Ministerio de Cultura -y, por consiguiente, al viceministerio de Interculturalidad- la elaboración de lineamientos que permitan llegar a estos grupos. Precisamente, uno de los ejes de desarrollo es el de Salud y se complementa con la reciente asignación de S/ 88 millones para la mejora de centros médicos.
Para este artículo, entrevistamos a Angela Acevedo Huertas, quien ocupa el cargo de viceministra de Interculturalidad desde julio de 2019, pero que -adicionalmente- viene laborando en el ministerio desde 2012 como directora en diferentes líneas trabajo. Le consultamos si considera que, al 9 de mayo, 54 días después de la declaratoria del Estado de Emergencia, una norma de esta magnitud habría llegado tarde. “El decreto legislativo establece las acciones concretas, marca la obligación y determina una ruta de desarrollo. Pero eso no significa que, antes de la emisión decreto legislativo, no hayamos estado insistiendo con los gobiernos regionales y haciendo que incluyan la atención de los pueblos indígenas”, aclaró.
Sin embargo, la funcionaria reconoce que, antes de la pandemia, los despliegues con relación al sistema sanitario para la población indígena no han alcanzado. “Nosotros, como Estado, tenemos una deuda histórica en cuanto a la atención de los pueblos indígenas. Esta epidemia nos ha mostrado cómo no hemos priorizado el fortalecimiento de la salud, en general, a nivel nacional. Y, por supuesto, una de las poblaciones más vulnerables es la indígena porque, claro, está repartida en zonas donde el sistema de salud no tiene todas las posibilidades de atención. Es lamentable que ahora, como país, tengamos que correr”, señaló Acevedo.
Según explica la viceministra, su despacho ha coordinado -tanto con la presidencia del Consejo de Ministros como con el sector Salud y los gobiernos regionales- el diseño de los planes de intervención y monitoreo con énfasis en las zonas más vulnerables. Con la estrategia planteada, se forman brigadas que ingresan a las comunidades previo diálogo con sus líderes. Para ello, se requiere traducción o método por parte de servidores especializados del propio viceministerio.
“En el caso de Loreto, la primera brigada que entró a algunas comunidades fue la de la Dirección Regional de Salud (Diresa). Entró para hacer las primeras pruebas de descarte y monitorear. Ahora estamos planificando un nuevo ingreso con una segunda brigada que ya es la del Ejecutivo con algunas personas de nuestro equipo. Por ejemplo, el equipo en Ucayali está acompañando a la Diresa con equipos mínimos a monitorear a varias comunidades, a llevar pruebas rápidas, a hacer los controles. Se va con un equipo mínimo para no poner en riesgo también la salud de la comunidad”, detalló.
¿Qué exigen las comunidades y cuáles son las limitaciones del Estado en esta pandemia?
Como lo informa el Ministerio de Cultura, existen siete organizaciones que representan a pueblos indígenas a nivel nacional y que participan en diálogo abierto con este sector del Ejecutivo. “Estamos permanentemente presentes en las regiones y también en coordinación con las Direcciones Desconcentradas de Cultura. Uno de los grandes retos que tenemos como viceministerio es que las direcciones desconcentradas, que son nuestros brazos territoriales en las regiones, se reestructuren y tengan mayor presencia en los temas interculturales. Generalmente, lo que hacemos ahora es abordarlos en sede nacional con algunos equipos regionales específicos. Pero lo cierto es que, por la gran diversidad de pueblos que tenemos, es clave reestructurar al propio ministerio en algunos puntos para una mejor atención”, señala la viceministra Acevedo.
Una de las organizaciones representativas que participa en estos grupos de diálogo es, precisamente, Aidesep, que tiene bases en siete regiones y agrupa a casi todos los pueblos indígenas amazónicos. Lizardo Cauper explica que las reuniones con el viceministerio de Interculturalidad no arrojan los resultados requeridos.
“Hemos tenido y seguimos teniendo muchas reuniones, pero varios puntos que hemos reclamado no se han podido atender. Hemos solicitado un decreto supremo de atención sanitaria diferenciada. Le explico por qué: no es lo mismo regular un aislamiento en zonas donde hay hospitales, boticas y farmacias que en zonas y comunidades donde ni siquiera hay puestos de salud”, dijo Cauper para este texto.
El presidente de Aidesep también señala que la asociación ha sugerido la implementación de bonos especiales para los indígenas que quedaron varados en centros urbanos o ciudades donde no residen. También indicó que las siete organizaciones del país habían solicitado la vocería de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, en cada conferencia de prensa del Ejecutivo respecto de las medidas contra la COVID-19. “Sin embargo, esto no pasó. Nosotros hemos evaluado que hasta ellos nos abandonaron totalmente. Ellos, que tienen toda la información y que pueden hablar por nosotros, no pudieron cumplir”.
La viceministra Angela Acevedo indica que la tarea urgente del sector es viabilizar la implementación del presupuesto destinado a la mejora de los centros de salud en las zonas donde habitan comunidades indígenas. “Tenemos que insistir y trabajar con los gobiernos regionales para que lo incluyan en sus presupuestos y no solo atiendan en zonas urbanas. Presupuesto hay. Lo que se tiene que hacer es implementarlo y agilizarlo, que quizá es de las cosas más complicadas en gestión pública. Eso, y que los recursos lleguen a su destino. Entonces, tenemos que hacer el seguimiento a los gobiernos regionales y a las entidades correspondientes”.
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