RPP/Perú.- Los líderes indígenas han sido asesinados durante el confinamiento, y al menos tres casos de amedrentamiento en el mismo periodo han sido denunciados ante las autoridades. La vulnerabilidad de las comunidades se ha incrementado debido a una menor vigilancia del Estado, que centra su atención en la epidemia de la COVID-19.
Las restricciones impuestas por la COVID-19 en nuestro país no han evitado que entre los meses de marzo y junio defensores de la selva hayan sido atacados, asesinados y sus comunidades continúen recibiendo agresiones, presuntamente de criminales dedicados a la invasión de terrenos y actividades como tala ilegal, minería ilegal y narcotráfico.
Estas amenazas no son recientes. Durante años, los criminales han aprovechado la poca vigilancia del Estado en poblaciones alejadas para desarrollar sus actividades ilícitas.
Las últimas muertes registradas son las de los líderes indígenas Gonzalo Pío Flores, jefe de la Comunidad Nativa Nuevo Amanecer Hawai, ubicada cerca del límite de las regiones Junín, Pasco y Ucayali; y Arbildo Meléndez, jefe de la Comunidad Nativa Unipacuyacu (Huánuco). Ambos luchaban por la titulación de sus comunidades y, tras años de amenazas y agresiones denunciadas ante las autoridades, de acuerdo con las versiones de sus familiares, fueron asesinados el 17 de mayo y el 12 de abril, respectivamente.
Víctor Pío, hermano del apu asháninka, sindica a presuntos traficantes de terrenos y madereros como los responsables de la muerte y las agresiones previas que había sufrido Gonzalo Pío. El mismo móvil, cuenta, estaría detrás del asesinato de su padre, Mauro Pío Peña, ocurrido en 2013.
Tras la muerte de Gonzalo Pío, las amenazas no han cesado. “Tanto a mi familia como a los miembros de la comunidad nos siguen amenazando. Los criminales mandan a sus familiares o nos llaman diciendo que nos van a asesinar”, denunció Víctor Pío.
Además, señala que las medidas restrictivas como la cuarentena no han logrado que disminuyan los amedrentamientos. En la selva es más difícil controlar el tránsito de las personas, explica.
La fiscal a cargo de este caso, Martha Baldeón, detalló que se han emitido órdenes de captura contra tres personas, dos de ellas menores de edad. Esta investigación, en etapa preliminar, también se ha pausado por el contexto del nuevo coronavirus.
En tanto, la investigación por la muerte de Arbildo Meléndez se encuentra en etapa preventiva, precisó la fiscal provincial Verónica Julca, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puerto Inca. Se detuvo a un sospechoso del homicidio, quien ahora cumple una orden de comparecencia con restricciones.
Zulema Guevara, viuda de Meléndez, señala que su esposo habría sido asesinado debido a conflictos territoriales. “Siempre nos llegaban amenazas de invasores de la comunidad de que nos iban a matar o de que iban a matar a Arbildo”, dice a RPP.
La representante del Ministerio Público explicó que las diligencias se vieron afectadas por las restricciones de movilidad ante el avance de la COVID-19, además de las dificultades que afronta su institución en estos casos por la lejanía de la comunidad. “Esperamos que cuando se levanten las medidas las diligencias se puedan realizar más rápido”, indica.
Actualmente, Zulema Guevara y sus hijos cuentan con protección y están lejos del alcance de los atacantes. Sin embargo, temen que una vez levantada la cuarentena y reactivado el tránsito interprovincial, los asesinos de su esposo puedan buscarlos para agredirlos.
0 comentarios