OJOPÚBLICO/Perú.- En pleno Estado de Emergencia por el coronavirus, las quejas por ingresos no autorizados a territorios indígenas no han cesado. El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (Gtanw) y la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap) denunciaron que trabajadores de la empresa Geopark, que tiene a cargo la concesión del lote 64 para la exploración y explotación de petróleo, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, en Loreto, ingresaron a sus territorios sin avisarles y a pesar de las prohibiciones debido a la emergencia sanitaria.
Para protegerse del Covid-19, los indígenas de Loreto se aislaron y cerraron sus fronteras. En ese contexto, los indígenas Achuar y Wampis decidieron en una asamblea general realizada a fines de marzo de este año no permitir el ingreso de las empresas extractivas a sus comunidades.
“La empresa (Geopark) en tiempo de cuarentena ha aprovechado para ingresar a nuestros territorios sin autorización ”, dijo Nelton Yankur, presidente de la Fenap.
Ambas organizaciones, Gtanw y Fenap, son autónomas y no están adscritas a las organizaciones indígenas como Aidesep, pero sí coordinan acciones en beneficios de las comunidades de la Amazonía peruana. Su principal objetivo es lograr su reconocimiento como nación indígena y defender sus territorios ancestrales de las amenazas externas, como las actividades extractivas.
LA EMPRESA EN TIEMPO DE PANDEMIA HA APROVECHADO PARA INGRESAR A NUESTROS TERRITORIOS SIN AUTORIZACIÓN, DIJO NELTON YANKUR.
Consultada sobre el tema, la empresa Geopark negó haber ingresado al territorio indígena. A través de una carta dijeron que no han realizado operaciones del denominado Proyecto Morona. Desde junio de 2019 el Lote 64 se encuentra suspendido, en una situación denominada de Fuerza Mayor, pues aún está pendiente el proceso de consulta previa para llevar adelante el proyecto.
La compañía petrolera añadió que desde el 15 de marzo ningún empleado de GeoPark efectuó visitas, reuniones o tuvo contacto físico con las comunidades vecinas del área de influencia directa ni indirecta. “Desde la misma fecha y hasta el 22 de junio, un reducido número de empleados permaneció en el interior del Campamento Morona ejecutando únicamente labores de mantenimiento dentro del perímetro del Campamento”, explicaron.
Sin embargo, los líderes indígenas se reafirman en su queja y los han denunciado penalmente.
PROTECCIÓN. La nación Wampis de Loreto defiende su territorio desde hace mucho tiempo, de todo intento de contaminación y actividad extractiva.
Foto: Jorge Camacho /Gtanw
La empresa Geopark, de matriz chilena, opera en Perú desde el 2016 luego de adquirir el el 75% de la concesión del lote 64, que hasta entonces era propiedad de Petroperú. Ahora la empresa del Estado posee el 25% de la concesión, que tiene una larga historia de desencuentros y conflictos. Dicho lote ha sido administrado antes por Occidental Exploradora, Amerada y Hess, Occidental Petroleum y Talismán, entre otras empresas.
El Lote 64, denominado Proyecto Morona, estima alcanzar según PetroPerú una producción de 10.000 barriles promedio diario de petróleo en su primera etapa. Según la empresa, explotarán el Yacimiento Situche Central, y luego el petróleo será transportado mediante una tubería flexible hacia el Campamento Base Sargento Puño (CBSP), donde será almacenado en tanques y luego transportado vía fluvial por el Río Morona mediante barcazas hasta la Estación de Bombeo Morona (EBM) de propiedad de Petroperú.
El Lote 64 se localiza en la provincia de Datem del Marañón y abarca cerca de un millón de hectáreas que afectan el territorio integral del pueblo Achuar del Pastaza y al territorio de la nación Wampis. “En su momento (la empresa) Talismán afectó los bosques, la flora y fauna de nuestro territorio”, dijo Yankur.
EL LOTE 64 ABARCA CERCA DE UN MILLÓN DE HECTÁREAS QUE AFECTAN EL TERRITORIO INTEGRAL DEL PUEBLO ACHUAR DEL PASTAZA Y AL TERRITORIO WAMPIS.
Por su parte, Shapiom Noningo Sesén, secretario técnico del Gtanw, dijo a OjoPúblico que la Nación Wampis lucha por preservar su identidad cultural. “Nosotros luchamos contra la presencia de empresas extractivas que con el aval del Estado pretenden ingresar a nuestros territorios. Las petroleras solo significan la destrucción de extensiones de bosques, contaminación de cochas, ríos, sobre todo en las llamadas cuatro cuencas. Nuestros territorios no son negociables”, dijo.
Indagaciones fiscales
El Gtanw y la Fenap denunciaron penalmente el 26 de mayo a la empresa Geopark. Katherine Paucar Quispe, abogada de Earthrights International y asesora de las naciones Achuar y Wampís en la demanda contra GeoPark, dijo que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Provincial Penal de Datem del Marañón y alcanza a Santiago Cichero, gerente general del GeoPark Perú S.A.C.; Nelson Soto, gerente de Medio Ambiente y Relaciones comunitarias; y la empresa GeoPark S.A.C., por haber ingreso sin autorización al territorio indígena y poner en peligro a la población Wampís del Morona en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid-19.
De acuerdo con la denuncia a la que accedió OjoPúblico, a fines de abril trabajadores del área de relaciones comunitarias de la empresa ingresaron al territorio que corresponde a las comunidades wampis del Morona. El 12 de mayo, mediante un pronunciamiento, el Gtanw dijo que “[dirigentes Wampis de la cuenca del Kankain (Morona) han reportado el traslado por río de personal de GeoPark Perú S.A.C en embarcaciones que son resguardadas por el propio Ejército Peruano. El flujo de persona de la empresa proveniente de Lima, Iquitos y otras ciudades que son foco de contagio, constituye una amenaza cierta y grave para la vida y la salud de la población del Morona”, dice la denuncia que presentaron ante la Fiscalía.
“La fiscalía viene realizando diversos actos de investigación. El 6 de julio debió declarar el representante legal de GeoPark y los representantes del Gtanw, para informar sobre los hechos denunciados”, explicó Paucar, quien además dijo que actualmente la empresa no cuenta con licencia social ni un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por las instancias correspondientes.
EQUILIBRIO. Los indígenas de Loreto conservan el medio ambiente, porque es su fuente de vida y su canasta de alimentos diario.
Foto: Jacob Balzani/ GTANW
En julio del 2018 la empresa presentó su EIA ante el SENACE, adscrito al Ministerio del Ambiente, pero un año después lo retiró en pleno proceso de evaluación por dicha entidad, en medio de varias observaciones que realizaron las organizaciones indígenas Achuar y Wampis. Actualmente el proyecto se encuentra paralizado por Fuerza Mayor, según Perupetro, debido a que está pendiente la aprobación de su EIA. Por lo tanto, Geopark no tiene permisos del Estado ni licencia social para ingresar a los territorios de su concesión, ni para realizar actividad alguna de construcción, perforación o intervención sobre pozos, ni mucho menos producción de petróleo. Tampoco hay fecha ni plazos para la realización de la consulta previa en las zonas de influencia del proyecto.
“Las naciones Wampis y Achuar hicieron muchas observaciones al EIA, entre ellas que se instaló la oficina de participación ciudadana al costado de la base militar Sargento Puño, lo cual era un uso irregular de la fuerza preventiva. Hubo más 173 observaciones técnicas al EIA, hechas por instituciones como el ANA, Serfor, entre otras”, comentó la abogada Paucar. Por dichas observaciones, la empresa decidió el año pasado retirar su EIA.
Al respecto, GeoPark dijo a OjoPúblico que decidió retirar su Estudio de Impacto Ambiental del proceso de evaluación ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) porque el Estado no ha definido el adecuado proceso de consulta previa para la actividad de desbosque. “Hasta que el Gobierno Peruano no defina los pasos por seguir en esta materia, GeoPark no presentará un nuevo EIA y por consiguiente se mantendrá vigente la Fuerza Mayor en que se encuentra el Proyecto Morona desde junio de 2019, a raíz de este mismo hecho”.
HASTA QUE EL GOBIERNO PERUANO NO DEFINA LOS PASOS POR SEGUIR EN ESTA MATERIA, GEOPARK NO PRESENTARÁ UN NUEVO EIA», DIJO GEOPARK
Pero Geopark no solo ha recibido reclamos en nuestro país. En Colombia, en la frontera con Ecuador, indígenas siona se oponen a que la empresa Geopark, que compró las acciones de Amerisur Resources, extraiga petróleo de sus territorios, en un conflicto que empezó en el 2013. La empresa también opera en Colombia, Argentina, Brasil, Chile y Ecuador.
En ese sentido, Shapiom Noningo Sesén, dijo a OjoPúblico que “la consulta previa se impulsó como una medida de reivindicación de los pueblos, tras los sucesos del llamado ‘Baguazo’, sin embargo en la práctica, como lo ha implementado el Estado, las demandas de los pueblos afectados no son respetadas, pues siempre el Estado decide en el proyecto que le interesa, eso implica imponer, afectando los derechos humanos de los pueblos”, dijo.
El investigador de la Amazonía, Alberto Chirif, dijo que la demanda penal que han interpuesto las naciones Achuar y Wampis está amparado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas. “La declaración de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas y comunidades dispone que sean ellos los que tienen derecho a decidir qué es lo que pasa en sus territorios. Simplemente a lo que están apelando es a eso, lo que se hace o no. No es una arbitrariedad”, explicó.
LA DEMANDA PENAL QUE HAN INTERPUESTO LAS NACIONES ACHUAR Y WAMPIS ESTÁ AMPARADO EN EL CONVENIO 169, DIJO ALBERTO CHIRIF.
El antropólogo comentó que “si se revisa documentos del Instituto Nacional de Estadística e Informática o del Programa de las Naciones Unidas, se verá que las zonas más pobres están en los lugares donde durante más tiempo se han estado haciendo actividades petroleras o mineras. Es una clara demostración de que no es cierto lo que dice el Estado de que esas actividades traen progreso a los pueblos. No les toca parte de la riqueza que ahí se produce, sino que además les dejan sus territorios hecho polvo”, comentó.
A su turno, José Aylwin, coordinador del Programa Globalización y Derechos Humanos para el Observatorio Ciudadano de Chile lamentó que los gobiernos, entre ellos el chileno, no hayan establecidos mecanismos para que sus sistemas judiciales o administrativos puedan hacer valer la responsabilidad extraterritorial de las empresas que tiene sedes en otros países, y así evitar daños ambientales en la Amazonía, por ejemplo.
Coincidió con el antropólogo Chirif, en que las naciones indígenas deben recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer su caso.
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