ELDIARIODECOAHUILA/México.- Colapsado el sistema estatal de salud pública, Chiapas vive un doble escenario: el que reflejan las cifras de las autoridades sanitarias y el que viven los chiapanecos todos los días.
En las 13 clínicas Covid ya no se reciben pacientes, las pruebas ya no pasan de 50 o 60 al día. Como la mayoría son clínicas y no hospitales, no entran en las cifras oficiales, los familiares de los pacientes tardan en encontrar medicamentos en las farmacias, recurren a la reventa y hacen largas filas para adquirir tanques de oxígeno.
En los dos panteones principales de la capital del estado ya no hay espacio para quienes se resisten a cremar a sus fallecidos. El ayuntamiento mandó a construir las primeras criptas con 52 gavetas de cuatro pisos. Además, las funerarias encarecieron sus servicios por los riesgos del manejo de cadáveres fallecidos por Covid.
En Chiapas tuvieron que pasar más de 120 días para que muchas personas empezaran a creer en la peligrosidad de los contagios, hasta que vieron fallecer a gente cercana y familiares. Para el viernes 16 la Secretaría de Salud reportaba 373 chiapanecos fallecidos por Covid-19, mientras el gobierno federal registraba 827.
No hay certeza
En una conferencia de prensa, cuando le preguntaron al secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, por la discordancia de esas cifras, contestó que a lo mejor eran chiapanecos muertos en otros estados.
Sin estímulos fiscales ni subsidios, cientos de negocios cerraron con la consiguiente pérdida de empleos. Manuel Pardo, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el estado, no ve cercana la recuperación económica.
Muchas comunidades rurales indígenas, como las zapatistas, implantaron sus propias medidas sanitarias, dice Marcos Arana, quien desde 1982 dirige el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos en Chiapas. Una de ellas es no dejar entrar a sus comunidades a los jóvenes que regresaban de otro lugar, sino después de 14 días en cuarentena.
María de Jesús Espinosa de los Santos, líder de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, afirma que no hubo una campaña previa de información masiva en las nueve lenguas indígenas y que cuando se desplegó, ya era tarde: la pandemia estaba en su pico más alto y había ataques contra el personal médico y las Brigadas de Fumigación contra el dengue, zika y chikungunya, así como destrozos en hospitales y clínicas.
Prejuicios mortales
Los prejuicios y mentiras sobre la enfermedad, como la versión de que el virus fue inventado por el gobierno o empresas trasnacionales, provocó disturbios, saqueos y el incendio de las casas del presidente municipal, de sus padres y sus suegros en el municipio de Venustiano Carranza.
Otro grupo de pobladores quemó ambulancias y patrullas fumigadoras contra el mosquito en el hospital rural de Villa Las Rosas y San Andrés Larráinzar. Ataques similares contra la fumigación y el personal de salud se realizaron en Totolapa, Simojovel, Tenejapa, Teopisca, Arriaga y Tuxtla Gutiérrez.
Hasta las avionetas que fumigan contra la mosca del Mediterráneo tuvieron que cesar sus sobrevuelos. Un empleado de la Secretaría de Agricultura federal casi fue linchado cuando colocaba trampas contra esos insectos en Aguacatenango, Venustiano Carranza.
El martes 7, en Las Margaritas, unos 2 mil indígenas tzeltales y tojolabales de la Organización Luz y Fuerza del Pueblo de Chiapas marcharon para protestar contra la mala situación económica que viven en sus comunidades a raíz de la pandemia.
Según ellos, la pandemia fue provocada por los gobernantes, mientras que el Covid-19 “fue inventado y financiado por la fundación Melinda Gates y la empresa Johnson & Johnson, en laboratorios de Inglaterra”.
Marcos Arana, quien desde 1982 dirige el Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos en Chiapas, se muestra muy preocupado de que la situación rebase a las autoridades estatal y federal. Dice que en los pueblos indígenas se viven los extremos, pues los zapatistas sellaron los accesos a sus comunidades, mientras los habitantes de otras “no creen” en el coronavirus y prosiguen su rutina sin cambiar sus hábitos.
Investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Arana indica que junto a una red de organizaciones civiles que apoyan a parteras, como el Comité por una Maternidad Segura, pidió a las autoridades sanitarias apoyo para fortalecer la partería tradicional indígena y evitar que las mujeres embarazadas salgan a hospitales que, además de estar colapsados, pueden constituir un serio riesgo de contagio.
La misma petición hizo el Movimiento de Parteras de Chiapas Nich Ixim, formado por más de 500 representantes de 30 municipios. Agregaron que requieren de apoyo porque en sus comunidades carecen de insumos básicos, como alcohol, cubrebocas, guantes, gel de alcohol y jabón líquido.
Sociedad civil al rescate
El gobierno estatal empezó su campaña de prevención en los centros urbanos de mayor densidad poblacional y dejó al final a los pueblos y comunidades rurales indígenas, a donde hasta ahora no ha bajado toda la información referente al coronavirus.
El abogado Leonel Rivero, del bufete Rivero & Asociados, Defensa Estratégica en Derechos Humanos, por medio de cuatro miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente, integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional —que hablan distintas lenguas—, obtuvo el pasado 6 de abril un amparo ante un juez federal para exigir que los tres niveles de gobierno bajen una campaña de información preventiva en las lenguas de los pueblos originarios.
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