ELPAÍS/Perú.- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció en el tradicional balance de gestión de cada 28 de julio, día de la independencia, que el Estado abonará un segundo subsidio de 216 dólares para las familias más vulnerables y añadirá unos 420 millones de dólares al presupuesto de salud del próximo año. Perú atraviesa una grave crisis, producto de la pandemia. En la capital, Lima, más de 2,6 millones de personas perdieron el empleo, 19.000 han muerto víctimas de la covid-19 y el sistema de salud trabaja solo con el 40% del personal.
Perú vivió 135 días de cuarentena entre marzo y junio, y lo peor de la pandemia no ha pasado. Las autoridades mantienen las restricciones de movimiento en siete regiones donde la propagación del virus continúa alta. En las ciudades, los familiares de los infectados forman colas desde la madrugada para comprar oxígeno y sigue el déficit de camas de cuidados intensivos en los hospitales públicos y en las clínicas privadas. La enfermedad, que afectaba desde inicios de mayo a comunidades de la Amazonia norte -donde los servicios de salud y las pruebas de diagnóstico son escasos o inexistentes- ha llegado en julio al pueblo indígena nahua, que vive históricamente en aislamiento voluntario en la selva sur.PUBLICIDAD
“Es una crisis muy superior a las que hemos enfrentado en el pasado, invertir en salud hoy es más que nunca un imperativo moral”, anotó Vizcarra en el Congreso, antes de ofrecer la que denominó “la mayor inversión en salud en la historia”.
El jefe de Estado peruano añadió que desde marzo, cuando llegó el virus, el sistema de salud contaba con 100 camas para cuidados críticos y actualmente cuenta con 1.500. En su mensaje también informó de que habrá una pensión de orfandad de 56 dólares mensuales para los menores que perdieron a sus padres durante la pandemia. La Defensoría del Pueblo ha alertado de que durante la pandemia en Perú han desaparecido más de 900 mujeres. En cuanto al sistema educativo, no hay cifras de la deserción escolar producida por la dificultad -en las familias más pobres- de acceder a las clases ‘Aprendo en casa’ por falta de Internet o de señal de radio o televisión en sus localidades.
“El eje de su discurso ha sido el presupuesto destinado a un conjunto de iniciativas, pero el reto principal del Ejecutivo es cómo va a articular esas propuestas con consensos políticos. El presidente ha expresado su preferencia por los proyectos de gobierno a gobierno, pero hay desafíos en la gobernanza, principalmente en salud. Entonces, hay un desfase entre los planes de infraestructura y los consensos necesarios para desarrollarlos”, comentó la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.
Urrutia destacó además el desencuentro del Gobierno central con algunos gobiernos regionales, como los de Arequipa y Junín. Vizcarra criticó en su mensaje, aunque sin nombrarlo, al gobernador regional de Arequipa, por no haber distribuido durante la emergencia sanitaria toneladas de insumos de equipos de bioseguridad y medicinas que se quedaron en los almacenes.
La presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas del Perú, Melania Canales, dijo a EL PAÍS que no encontró propuestas de medidas o acciones en el mensaje presidencial. “Los pueblos indígenas tuvieron solo una mención que se contradice con la prioridad de las actividades extractivas y los 15 millones de hectáreas de bosques en concesiones forestales”, comentó.
“Fue un mensaje esperanzador. Un discurso incoherente con la realidad, pero dirigido a responder a ella, lo cual se verá en los resultados de los proyectos. Se centró en responder a los problemas inmediatos, que a largo plazo no cambian, siguen ahí. No hizo mayor énfasis en los pueblos originarios y medio ambiente, como sí lo hizo casi todo el tiempo en su afán de desarrollo y progreso”, refirió el profesor universitario Bikut Toribio. El economista, que pertenece al pueblo indígena awajún, es una de las personas que, ante la parálisis estatal, ha promovido colectas, el envío de medicinas y la distribución de manuales a los enfermeros interculturales en la región amazónica.
Una democracia en crisis
En su última comparecencia anual ante el Congreso, Vizcarra hizo una invocación “respetuosa y democrática” a los parlamentarios para que aprueben normas de la reforma política que fueron descartadas por la representación anterior, como el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y el impedimento de postulación a cargos públicos para los condenados por delitos dolosos.
Desde diciembre de 2016, la débil democracia peruana se ha desdibujado, debido a que el caso Odebrecht ha golpeado a casi todos los expresidentes y excandidatos a la presidencia, como Keiko Fujimori. A ello se sumó, en julio de 2018, el descubrimiento de una red de corrupción en las capas más altas del sistema de justicia, ligada al partido fujimorista Fuerza Popular (opositor).
El Parlamento, que se instaló en marzo tras la disolución del anterior en octubre pasado, ha aprobado normas en abierta contradicción con el Ejecutivo como, por ejemplo, la exención del pago de peajes, el ascenso automático para personal del seguro social de salud o el retiro de fondos de las aseguradoras privadas de pensiones. Todas fueron normas aprobadas tras escaso debate parlamentario y, en ocasiones, en fin de semana o en la madrugada.
Frente a esa confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo, Vizcarra ha propuesto este martes un espacio de diálogo llamado Pacto Perú, en el que con «los partidos políticos» lleguen a un acuerdo para unificar el sistema de salud (actualmente dividido en cinco partes), garantizar la calidad educativa para las escuelas urbana y rural y promover un crecimiento económico sostenible.
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