ALAINET/Región.– Víctimas sin nombre. Sufrientes sin “ciudadanía”. Seres humanos que pagan con dolor propio y sin vergüenza ajena, el tributo a la historia que desde siglos los condena a la segregación. Aunque no puede silenciarlos completamente, gracias a su propia lucha. Y a festivales de cine, como el de Locarno, que en esta edición reducida del 2020 premió un film documental argentino en elaboración sobre la dignidad de los pueblos indígenas.
60 millones de personas, es decir un 10 % de la población total latinoamericana, conforman los pueblos originarios. Entre los más marginados a nivel económico-social y cultural del continente.
La segunda semana de agosto al celebrarse el Dia Internacional de los Pueblos Indígenas, las Naciones Unidas enfatizaban en el impacto destructor de la actual pandemia en muchas comunidades autóctonas. Y que sus territorios albergan el 80 % de la biodiversidad planetaria.
El 9 de agosto, la ONU recordaba en que el 86% de las personas indígenas de todo el mundo, en comparación con el 66% de sus homólogos no indígenas, trabajan en la economía informal. Además, que tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en condiciones de extrema pobreza que sus homólogos no indígenas. Y que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación, frente al 17 % de sus homólogos no indígenas. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres.
Premio Locarno 2020
El Festival Internacional de Cine de Locarno -reducido y adaptado en 2020 debido a la pandemia- otorgó el viernes 14 de agosto uno de los dos principales premios de esta edición a un proyecto de film documental, “CHOCOBAR”, que “interroga sobre la colonización y la cultura indígena”. La película, que debió interrumpirse en su elaboración debido al COVID-19, es de la realizadora argentina Lucrecia Martel. Narra el asesinato en el 2009 del activista indígena Javier Chocobar y la expulsión de su comunidad de las tierras ancestrales en el país sudamericano.
Rol protagónico de los pueblos indígenas
Un Estudio publicado en junio pasado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), subraya que “los más de los 800 pueblos indígenas han de tener un papel protagonista en los espacios de toma de decisiones”. Ese rol, enfatizan, no será solo para defender su derecho a la autodeterminación sino también para poder hacer una contribución destacada en los “procesos de reformulación de los modelos en desarrollo”.
De los dichos a los hechos, un mundo de distancia. La otra cara, es la verdad. Tanto la represión directa como su criminalización cuesta caro a sus líderes naturales. En los últimos cuatro años, entre 2015 y 2019, se contabiliza el asesinato de 232 defensores de los territorios indígenas. Es decir, un promedio de cuatro asesinatos mensuales. Con el agravante, que sin en 2015, la cifra era de dos por mes, en el 2018 y el primer semestre del 2019 la misma se triplicó, marcando una vertiginosa tendencia represiva. Las perspectivas futuras no presagian mejoría alguna.
Todo esto en el contexto de la dinámica conflictiva que viven numerosas comunidades indígenas, producto de pugnas por la tierra, por el territorio, de la persecución racial, o por estar en medio de conflictos armados (como sigue sucediendo en Colombia).
Mas de mil conflictos indígenas
En el continente existen hoy 1223 conflictos territoriales que las involucran directamente, denuncia el estudio Los pueblos indígenas de América Latina – Abya Yala y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Tensiones y desafíos desde una perspectiva territorial. (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45664/51/S2000125_es.pdf)
La industria minera generó un 40 % de dichos conflictos territoriales, que han generado movilizaciones indígenas y la consiguiente respuesta represiva. También tienen impacto considerable la explotación petrolera y los monocultivos agrícolas y forestales.
A la represión se le suma la segregación económico-social de las poblaciones autóctonas. En materia de pobreza y empleo, en todos los países analizados “se confirma el patrón de mayor incidencia de la pobreza indígena respecto de los no indígenas”. Y los ejemplos abundan. “En Panamá la tasa de pobreza indígena es seis veces más alta que entre no indígenas, en el Brasil la pobreza entre los pueblos indígenas triplica la del resto de la población, en el Ecuador es 2,5 veces más elevada y en el Perú es 2 veces más alta. La población indígena residente en zonas rurales se ve más afectada por la pobreza que sus pares urbanos en todos los países, con cifras muy dispares entre un país y otro. En Brasil y Perú las probabilidades de que los indígenas rurales estén en situación de pobreza triplican las observadas entre los indígenas urbanos.
Estos índices de desigualdades interétnicas son aún más amplios si se considera a quienes viven en situación de extrema pobreza. En Panamá, por ejemplo, la probabilidad de que una persona indígena se encuentre en esta situación es diez veces más alta que la de una persona no indígena, y en el Brasil y el Ecuador es seis veces más elevada.
Colombia sufre, también sus indígenas
El Estudio indica que la situación es “particularmente crítica en Colombia, donde se conjugan factores de desprotección territorial con procesos aún incipientes de restitución de tierras tras las décadas de conflicto armado y la disputa del control territorial por grupos paramilitares y del narcotráfico”.
En el Informe 2019 la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, publicada a fines de febrero del 2020, denunciaba la difícil situación de los pueblos indígenas. Solo en el Cauca, indica, el Instituto Nacional de Medicina Legal registró un incremento de casi 52% en los homicidios de ese tipo con respecto al 2018. Entre enero y noviembre del 2019, la Oficina registró el asesinato de 66 miembros del pueblo indígena Nasa en el norte caucano, incluyendo 13 autoridades indígenas (https://news.un.org/es/story/2020/02/1470201).
“Pareciera que no hay paz que valga ni emergencia sanitaria que detenga el derramamiento de sangre en Colombia”, subraya telefónicamente a este corresponsal, Irma Perilla, desde Bogotá. Perilla es la directora de la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), con presencia en diversas regiones del país y cuya tarea consiste en apoyo a movimientos sociales y comunidades que bregan, desde décadas, por la construcción de la paz; el derecho a la tierra y el territorio; los derechos humanos y la protección de los defensores. (https://www.pas.org.co/).
Perilla no esconde su preocupación al informar que en lo que va del año su organismo contabiliza la muerte de 115 dirigentes sociales y defensores de derechos humanos. Los indígenas, con 36 víctimas, constituyen el primer grupo más golpeado, siendo el segundo el de los campesinos comunales, con 26. Las otras víctimas son defensores del medio ambiente, afrodescendientes, activistas en zonas mineras etc.
El 13 de agosto la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Cauca publicó un comunicado de denuncia “ante la emergencia humanitaria y los violentos ataques de la fuerza pública contra comunidades liberadoras de la madre tierra en el norte del Cauca”. Hacía referencia, en particular, a los hechos ocurridos ese mismo día en el municipio de Corinto. El ataque violento de la fuerza pública contra comunidades y el asesinato de los comuneros indígenas Joel Rivera del resguardo de Jámbalo y Abelardo Lis, comunicador de la emisora Nasa Estéreo.
“La pandemia de la violencia contra los pueblos indígenas, no da tregua”, titulaba un comunicado publicado a inicios de junio de este año por comunidades de los territorios ancestrales de Jambaló y Pioyá – Sa’t Tama Kiwe. Daba cuenta de varias acciones represivas en el Municipio de Caldono, en el Cauca. La toma de posición fue difundida por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que junto con otras organizaciones pares informan regularmente sobe la dramática situación represiva ( https://www.cric-colombia.org/portal/).
El sitio Mongabay Latam, iniciativa que se define como de un “periodismo ambiental independiente”, puntualizaba en un amplio balance de las víctimas sociales durante la cuarentena hasta junio que Chocó y Cauca son dos de los departamentos más violentos para los indígenas y en general para todo tipo de liderazgo (https://es.mongabay.com/2020/04/indigenas-asesinatos-y-covid-19-en-cuarentena-colombia/).
“Mientras siga la indiferencia de la sociedad colombiana, la impunidad y la indolencia de un Estado, la defensa de los derechos humanos será una sentencia de muerte en mi país”, concluye Irma Perilla.
Sueños de futuro
El Estudio de la CEPAL y la FILAC subraya que uno de los retos esenciales del continente es construir “sociedades institucionalmente pluriculturales, diversas, inclusivas, equitativas y no discriminatorias». Con el supuesto clave que las mismas deben reconocer, y garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas.
Según esta lógica, la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible podría asegurar el futuro indígena. Siempre y cuando «si en los próximos diez años se presta la debida y adecuada atención a la armonización de sus Objetivos y las correspondientes metas con los derechos colectivos de los pueblos indígenas».
Dicha Agenda “constituye una oportunidad para la plena inclusión de los pueblos indígenas, que conlleva el desafío de comprender el paradigma del buen vivir, tanto para repensar el modelo de desarrollo vigente como también por sus implicaciones en la garantía de los derechos de estos pueblos”, insiste el Estudio.
Como reflexión final, las dos instituciones continentales, recuerdan los compromisos asumidos por la comunidad internacional en la 1era Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas que se realizó en septiembre del 2014 en Nueva York. E instan a crear «condiciones legislativas, institucionales, políticas y económicas que reflejen la diversidad existente». Y hagan efectivo el compromiso «de reconocer, respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de las comunidades originarias y de defender los principios de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”.
Epílogo, un “fracaso” anunciado
Las últimas frases -de las 266 páginas del Estudio-, se embeben, sin embargo, del sentido lapidario de la realidad latinoamericana actual.
Han pasado 30 años desde la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, (núm. 169), de 1989, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, a pesar de que los Estados del continente reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, “éste continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito”, señala.
El reto de la construcción de sociedades pluriculturales, inclusivas, equitativas y no discriminatorias, sigue pendiente. Los dalit de América Latina, los intocables-invisibles del continente no esperan dádivas. Y por ello, el precio de su protesta es tan alto como cara es la factura de pobreza y marginación que la pasa el modelo hegemónico actual latinoamericano.
– Sergio Ferrari, desde Suiza
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