ELESPECTADOR/Colombia.- Las comunidades indígenas ubicadas en la cuenca de la Troncal del Caribe, piden que el Gobierno Nacional desaloje de la zona a varias personas que llegaron desde el 19 de agosto, para apropiarse de los terrenos.
Las comunidades indígenas Arhuacas de asentamientos ubicados en la cuenca del río Don Diego, conocido como “La Troncal del Caribe”, en jurisdicción del Distrito de Santa Marta, solicitaron la ayuda urgente de las autoridades y del Gobierno Nacional luego de que un grupo de personas ingresaran al predio Don Diego, en el sector de la Lengüeta salida al mar, para iniciar posesión ilegal de estos terrenos que pertenecen, que hacen parte del área protegida Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con el Parque Nacional Natural Tayrona.PUBLICIDAD
Los residentes de los asentamientos de Bunkwimake, Seykwanamake, Jiwa, Kandumake, Aty Gumake y Katunsama, manifiestan que el 19 de agosto, a las 9:00 p.m., entre 300 y 1.200 personas ingresaron al predio Don Diego, que se encuentra en proceso de extinción de dominio por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y está bajo custodia de la Unidad Nacional de Parques Naturales (PNN), en coordinación con el gobernador Arhuaco del cabildo Magdalena-Guajira, para conservación de esa reserva natural.
“¿Quiénes están realmente detrás de esta acción por apoderarse del territorio indígena y de la Reserva Natural? Muy seguramente el Ministerio de Defensa tiene la respuesta, porque es bien conocido el dicho que en la Troncal del Caribe no se mueve una hoja sin el permiso de las fuerzas ilegales. Incluso, hay varios centenares de personas que participan de esta acción han sido traídos de otras ciudades”, señalaron las comunidades indígenas, a través de un comunicado.
Agregaron que, junto con la pérdida del control territorial del Estado, existe un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional a los acuerdos que han construido durante años con los campesinos legítimos de la región para que se les reconozcan sus derechos sociales, productivos, al trabajo y al acceso a la tierra, derechos que han sido respaldados por el pueblo Arhuaco. Sin embargo, señalaron que, ni el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, ni el gobierno de Iván Duque han cumplido con esos compromisos.
Ante esta nueva situación, indicaron las comunidades que, el 21 de agosto, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jhonson, convocaron una mesa de trabajo en la que participaron el comandante de la Brigada del Ejército y el comandante de la Policía, así como otros representantes de entidades públicas y comunidades indígenas. “Debemos registrar también que la fuerza pública y diversas instituciones hicieron presencia en el área para desarrollar diálogos con personas que adelantan la invasión”, indicaron.
No obstante, que “la relativa pasividad” del gobernador y la alcaldesa para adelantar el desalojo de estas personas se convierte en un incentivo para que continúen con su propósito de invadir los terrenos y obliga a los Arhuacos a que se movilicen en defensa de su territorio. Ante las insistentes peticiones de las comunidades indígenas para que controle la situación, el gobernador Caicedo invitó al Gobierno Nacional para que use sus capacidades en aras de restablecer el orden público y la seguridad en la región.
El mensaje de los pueblos indígenas de la Troncal del Caribe se extendió hasta el presidente Iván Duque a quien le solicitaron que se pronuncie y se manifieste ante este nuevo desafío en la región. “El Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Parques Naturales han adoptado una actitud negligente y pasiva para adelantar acciones integrales en la Sierra Nevada de Santa Marta. Incluso, y como se ha manifestado en otras ocasiones, el modelo de negocios turísticos del Parque Tayrona, que desea concesionar por 23 años la Unidad de Parques Nacionales reproduce negativamente este estado de cosas”.
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