REFORMA/Región.- Desde los picos nevados de Perú hasta las densas selvas amazónicas de Brasil, las comunidades indígenas en América del Sur, ancestrales poblaciones que han sido sometidas a brechas sociales, discriminación y carencia de oportunidades, han sido golpeadas por una pandemia, una más peligrosa, cuyo alcance ha ido más allá del coronavirus y ha puesto nuevamente en evidencia la falta de inclusión, así como de políticas públicas y de asistencia gubernamental.
Para muchos pueblos originarios, como los korubo, los yine, los kayapo mekragnotire y los wakuénai kurripako, la llegada de la cepa infecciosa —que hasta el momento ha cobrado la vida de más de 800 mil personas en todo el mundo— los ha colocado en una situación de especial fragilidad debido a factores como la falta de insumos médicos, la larga distancia para llegar a clínicas urbanas, la poca información sobre el virus y la imposibilidad de implementar medidas como el distanciamiento social al interior de sus aldeas.
De acuerdo con la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), más de 20 millones de indígenas, repartidos en alrededor de 420 etnias, han sido objeto de marginación por parte de las cúpulas de poder de los países sudamericanos, situación que ha complicado el escenario de estas personas de cara al avance de la enfermedad pandémica.
En Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Paraguay, entre otros, las historias de los nativos en el contexto de la pandemia han mostrado un escenario de desigualdad y vulnerabilidad, aquí una muestra de ello.
Las naciones sudamericanas con mayor presencia de pobladores originarios son Bolivia y Perú, con 6 millones cada uno; seguidos de Chile, con 2.2 millones; Colombia, con 1.9 millones; Argentina con 955 mil; y Brasil con 900 mil. Earth Observatory NASA.
Paraguay, una nación donde la población total de nativos —conforme a los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena de 2012— ronda en los 117 mil 150, fue uno de los primeros territorios sudamericanos en donde se reportaron problemas en relación con las comunidades autóctonas y su situación ante la pandemia.
El domingo 19 de abril, un grupo de pueblos indígenas, por medio de un comunicado de Tierraviva, organización que brinda asistencia a personas originarias de la región occidental del Chaco, urgió al Gobierno a que se instauraran mecanismos de entrega de alimentos dado que las aldeas y sus habitantes habían quedado aislados a causa de los cierres impuestos por prevención sanitaria.
Hay 5 familias lingüísticas indígenas en Paraguay: Guaraní, Maskoy, Mataco Mataguayo, Zamuco y Guaicurú. Además, se han reconocido oficialmente 493 comunidades distintas, conforme a lo difundido por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (Dgeec). AP.
Tierraviva recalcó que la «exclusión histórica de la población indígena por parte de las autoridades» se había hecho más notoria en el contexto de la contingencia de salubridad debido a que no se brindaba la atención adecuada, por parte de la Administración del Presidente Mario Abdo Benítez, a los nativos, quienes denunciaron estar en «una situación crítica por la escasez de alimentos».
El colectivo apuntó que el cese generalizado de actividades —que, en promedio, se dio en la región de América Latina entre el 11 y el 30 de marzo— hacía difícil la posibilidad de trabajar para los aborígenes, razón que derivó en la caída de los insumos básicos.
Según las últimas estimaciones de la Dgeec, realizadas en 2017, en las comunidades indígenas se calculó un índice del 76% de personas en condición de pobreza extrema.
Tierraviva enfatizó que los pueblos originarios han estado sujetos a constantes despojos y discriminación estructural, males replicados en diversos casos de la región y acentuados en el marco de la crisis de salud.
El avance de la pandemia de Covid-19 en Brasil ha dejado, hasta el momento, más de 114 mil defunciones y 3.5 millones de contagios, y ha puesto la credibilidad del Gobierno del Presidente Jair Bolsonaro en entredicho por el manejo que la nación más grande de Latinoamérica ha dado al problema.
La contingencia, como se ha observado a nivel internacional, impactó particularmente a los sectores más vulnerables de la población, como los migrantes, los refugiados y los indígenas.
Para el 18 de mayo, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) —instancia cuya información es alimentada mediante el Ministerio de Salud y reportes de líderes locales— notificó que al menos 88 nativos habían perdido la vida debido al coronavirus en la Amazonia.
Los mandos sanitarios brasileños explicaron que la cifra de indígenas muertos a causa de Covid-19 podía ser mucho mayor debido a que los hospitales no utilizan los nombres de los pacientes indígenas al momento de su ingreso. AP.
La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) en Brasil aseguró, para la fecha mencionada, que había agotado «todas las medidas» a su alcance para el combate a la pandemia en las poblaciones originarias. De acuerdo con el organismo, 45 mil despensas fueron repartidas en dichas comunidades a lo largo del país. Las localidades en las que presuntamente se entregaron estas ayudas no fueron especificadas.
Igualmente, el ente manifestó que desde mediados de marzo le dio aviso a los líderes de los grupos aborígenes para que evitaran el ingreso a sus territorios de gente ajena, y que se les pidió que bloquearan los accesos por ríos y caminos.
No obstante, Antônio Carlos Bigonha —quien es ese momento se desempeñaba como titular de la fiscalía publica responsable de cuestiones indígenas— aseveró que el FUNAI había ignorado los primeros llamados de contagios y decesos por Covid al interior de aldeas, proceder que, dijo, ralentizó la respuesta del organismo, misma que fue calificada por el funcionario como «criminal, laxa e insuficiente».
Otras organizaciones se unieron a las criticas al Gobierno brasileño por su estrategia para apoyar a los pueblos originarios en el contexto de la pandemia.
La región del Alto Solimoes, donde habitan hasta 76 mil indígenas, ha marcado una de las tasas de letalidad por coronavirus más elevadas de Brasil. El único nosocomio con respiradores artificiales se ubica en una instalación militar en Tabatinga y solamente cuenta con 13 aparatos, según el Ministerio de Salud. AP.
Hasta el 20 de julio, en concordancia con los datos del Instituto Socioambiental, más de 15 mil 500 indígenas habían sido diagnosticados con la cepa infecciosa en Brasil y al menos 523 habían muerto.
En el Valle del Javari —demarcación al noroeste de la nación en la que, según el FUNAI habita una de las mayores concentraciones de poblaciones nativas en el mundo— se habían identificado 220 transmisiones y un fallecimiento.
Ante el crecimiento exponencial de la afectación del virus en Brasil, países vecinos como Colombia y Uruguay optaron por desplegar efectivos militares en las zonas limítrofes, en un intento por contener la enfermedad. AP.
Arthur Virgilio Neto, alcalde de la ciudad de Manaos, capital del estado Amazonas, enunció públicamente el 20 de mayo que la pandemia de Covid-19 representaba un riesgo mortal para los indígenas de la región y advirtió sobre un «genocidio» si no se garantizaba protección gubernamental a este sector poblacional.
De acuerdo con el jefe del Ayuntamiento, la atención médica a los nativos —responsabilidad del Ministerio de Salud Federal y del servicio de salud indígena Sesai— no había sido suficiente para los integrantes de las múltiples tribus de la zona.
Un día antes, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) había expuesto su preocupación por la escalada de contagios en la triple frontera amazónica entre Brasil, Colombia y Perú, hogar de un gran número de indígenas.
Virgilio, en sus declaraciones, comentó que la Administración de Bolsonaro no estaba preocupada por la situación de los pueblos nativos de cara a la pandemia y consideró que las instituciones del Estado encargadas de la atención a estos grupos no se habían desempeñado a la altura de las circunstancias.
La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) informó, en conjunto con los datos obtenidos por los departamentos de salud pública, que el 9.1% de los aborígenes que contraían el coronavirus morían, lo que representó, del 1 de mayo al 9 de junio, casi el doble de la tasa de letalidad de la población general del país sudamericano, la cual fue del 5.2%.
Especialistas sanitarios han alertado sobre la expansión de la cepa dentro de regiones aisladas en las que la población, generalmente indígena, no cuenta con acceso a atención médica. AP.
Frente a la ausencia de datos oficiales, las organizaciones indígenas de Perú —la segunda nación más golpeada por la pandemia en América Latina— comenzaron, desde el 26 de mayo, a realizar sus propios recuentos de contagiados y fenecidos por Covid-19.
Martín Vizcarra, Presidente peruano, solicitó a las autoridades locales incluir la variable étnica en los reportes epidemiológicos. Sin embargo, aunque los datos han sido disgregados por demarcaciones y por distritos, no se han presentado números en relación con las estadísticas de víctimas indígenas.
La Organización de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) de Perú, en la cual están congregadas comunidades nativas de Loreto, reportó, hacia finales de mayo, signos ascendentes en las cifras de contagios entre comunidades étnicas. Tan sólo el 26 de dicho mes, 218 infecciones fueron notificadas en la región.
Pese a que la Amazonia ocupa más del 60% del territorio de Perú y que, de acuerdo con el censo de 2017, el 30% de la población del país andino se identificó como indígena, los boletines diarios del Ministerio de Salud no especificaban el origen étnico de las víctimas del coronavirus. EFE.
En este contexto, la falta de pruebas diagnósticas de Covid se alzó como otro obstáculo para conocer el verdadero alcance de la pandemia en las tribus originarias de la nación andina.
Unos 600 casos fueron marcados como sospechosos de coronavirus por parte de Emerson Mucushua, jefe de la comunidad de Pucacuro, quien sostuvo que el 90% de las personas, supuestamente, habían mostrado cuadros sintomáticos de la afección pandémica.
Ante este escenario, la asociación conservacionista Pro Purús activó un mapa en el que se mostraron las comunidades indígenas vulnerables en la zona de Ucayali, donde —al igual que ocurrió en Loreto— los mandos de los sistemas de salud ya habían reportado saturación e insuficiencia hospitalaria.
Conforme al seguimiento de Pro Purús, para el 26 de mayo ya habían perdido la vida 14 nativos, se habían confirmado 46 contagios y se registró un total de 2 mil casos sospechosos. AP.
Asimismo, el Consejo Shipibo-Konibo y Xetebo afirmó que ya se habían comenzado a reportar muertes relacionadas con Covid-19 entre shipibos, el pueblo indígena más numeroso de Ucayali.
Por otro lado, el Consejo Harakbut, Yine y Machiguenga transmitió que en la comunidad de Santa Teresita, perteneciente a la etnia yine, se habían encontrado ya los primeros contagios. En ese momento, se dio parte de 17 transmisiones confirmadas.
Debido al reporte del primer caso en la provincia del Manu, en la demarcación de Madre de Dios, la comunidad harakbut de Shintuya decidió bloquear la carretera que atraviesa su territorio.
CooperAcción —ONG ambientalista con sede en Lima que basa sus informes en datos oficiales— indicó que las comunidades indígenas residentes de las doce regiones amazónicas de Perú estaban en alto riesgo sanitario a causa de la falta de recursos como medicamentos y comida.
Las tribus originarias en Perú fueron catalogadas como poblaciones particularmente vulnerables, pues en la mayoría de ellas no hay centros de salud, por lo que las personas deben navegar entre intrincados ríos selváticos con el objetivo de arribar a la ciudad más cercana. AP.
El viernes 5 de junio, los indígenas waorani exigieron a las autoridades de Ecuador que se implementaran restricciones cautelares a fin de salvaguardar la vida de las comunidades remotas en la Amazonia ecuatoriana ante la diseminación del virus.
Representantes de las tribus de las provincias de Orellana, Pastaza y Napo, donde hasta ese momento se habían notificado 46 transmisiones, participaron en una conferencia virtual con los oficiales ecuatorianos en la que se expusieron las demandas de los nativos.
Igualmente, los waorani —oriundos del noroccidente de la selva amazónica— hicieron eco de las quejas y denunciaron que el Gobierno los había citado a una junta presencial para el 8 de junio, «sin importar los riesgos» que ello implicaba.
Los líderes comunitarios pidieron al Presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tomar el asunto de su seguridad en sus manos para que se ordene atender y contener la expansión de la pandemia a lo largo de zonas indígenas. AP.
De igual forma, los inconformes reclamaron que el Ministerio de Salud ecuatoriano, de acuerdo con su apreciación, había impuesto «un proceso cultural inadecuado» que no reconocía los conocimientos de los aborígenes y que no procuraba la difusión de insumos e información.
Los representantes de la etnia waorani aseguraron, por medio de un comunicado, que desde el 21 de mayo habían pedido al Estado inversiones por parte del fondo común amazónico traducidas en paquetes alimenticios y de bioseguridad.
Hacia el 6 de julio, Amnistía Internacional (AI) pidió al Gobierno de Ecuador conformar un plan de protección para los indígenas amazónicos, ya que, para esa fecha, ya habría registrados mil 276 contagios entre miembros de comunidades originarias, conforme a lo publicado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE).
Los waorani expusieron que su condición frente al virus estaba agravada dado que su sistema inmunológico era «más frágil ante enfermedades nuevas». AP.
En Colombia, la Organización Nacional Indígena (ONIC) enunció, el 24 de junio, que más de 360 mil familias de tribus originarias estaban en riesgo de ser infectadas con Covid-19.
De acuerdo con la instancia —que ha alertado de manera especial sobre el peligro al que están expuestos los nativos de las zonas limítrofes con Brasil—, se han notificado contagios en 40 pueblos autóctonos diferentes.
Luis Fernando Arias, presidente de la organización, comentó públicamente que la situación de la población indígena en Colombia de cara a la pandemia era «alarmante».
La organización detalló que las personas originarias más afectadas se encontraban en los departamentos del Chocó y del Amazonas, en donde, según Arias, se habían identificado entonces el 70% de las infecciones. La región de Nariño y Bogotá eran las dos zonas que seguían en cuanto a la incidencia del virus.
Conjuntamente, la ONIC explicó que unos mil 500 indígenas emberas estaban, en la capital colombiana, ante otro problema de notorias dimensiones. Debido a los cierres de negocios y el freno a la actividad económica, muchos de ellos, entre los que había menores de edad, mujeres embarazadas y ancianos, se quedaron sin la posibilidad de pagar los alquileres de las viviendas en donde habitaban, por lo que fueron expulsados.
Arias cuestionó al Gobierno del Presidente Iván Duque y señaló que no había «cumplido con el apoyo de material de bioseguridad».
Según los datos demográficos oficiales, recabados en el Censo Nacional de Población y Vivienda que realizó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en 2018, en Colombia hay aproximadamente 1.9 millones de nativos. AP.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas —calendarizado cada 9 de agosto—, las tribus nativas en la región de América del Sur no encontraron muchas razones para celebrar a causa del impacto en sus comunidades que ha tenido la pandemia de Covid-19.
Gregorio Díaz Mirabal, presidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) e integrante del pueblo wakuénai kurripako, expresó EFE que la crisis sanitaria había agudizado el abandono sistémico de las tribus originarias.
Millones de indígenas —repartidos en unas 420 etnias—, quienes representan casi el 5% de la población total de Sudamérica, han padecido marginación por parte de sus Gobiernos y algunas poblaciones, como los isconahuas o los awá, según la COICA, podrían extinguirse si el contexto no se modifica.
La mayoría de estas personas, al vivir en zonas rurales y remotas, no tienen acceso a gran parte de los servicios proporcionados por los Estados, por lo que muchas veces éstas no son incluidas en las políticas públicas gubernamentales.
Hasta el corte del martes 4 de agosto, la COICA había dado cuenta de 34 mil 598 infecciones entre indígenas de más de 20 etnias amazónicas. Además, notificó que mil 251 de los enfermos habían perecido.
«Estamos hablando de exterminio físico y cultural, pero la falta de diálogo está demostrando racismo y discriminación institucional hacia nuestros pueblos».
Gregorio Díaz Mirabal
Varias aldeas han perdido a sus líderes, encargados de mantener a los integrantes unidos, la defensa de su cultura, su lengua, su patrimonio y sus derechos sobre las tierras que habitan ante potenciales riesgos de invasión.
En Brasil el coronavirus arrebató al pueblo kayapó a su líder, Paulinho Paiakan. A los xingus les quitó al gran cacique Aritana Yawalapit y Messías Kokama —considerado la principal cabeza indígena de un barrio íntegramente nativo en Manaos— también perdió la vida.
Mientras tanto, en Perú se lloró la partida del awajún Santiago Manuin, protagonista de las violentas revueltas indígenas del «Baguazo» en 2009. El jíbaro sobrevivió a ocho disparos durante el referido episodio, pero, finalmente, el brote de Covid-19 le derrotó.
El avance del virus ha sido para las aisladas y remotas poblaciones de América del Sur, así como para otros sectores poblacionales vulnerables, un nuevo embate a su supervivencia. AP.
La desigualdad del impacto de la pandemia nos ha recordado a quienes regularmente han sido olvidados…
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