PROCESO/México.- A finales de mayo el médico de una empresa agrícola de Navolato, Sinaloa, consideró que la salud del jornalero Silvestre, indígena nahua de 66 años, le permitiría realizar el largo viaje de regreso a Zoquiapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero.
Silvestre y otros 44 pasajeros viajaron en autobús rumbo a la región guerrerense de La Montaña. En el trayecto, el indígena se sintió mal y se desmayó. Sus paisanos avisaron al chofer, quien detuvo la marcha en Toluca, donde un médico lo atendió y le suministró unas pastillas para normalizar su glucosa. Nadie advirtió en qué momento Silvestre expiró, y el 31 de mayo, al llegar a un filtro sanitario en Tixtla, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Salud de la entidad confirmaron su deceso.
Horas después Silvestre fue sepultado y días más tarde sus familiares fueron notificados de que murió por covid-19.
Esta fue una de las cuatro muertes por coronavirus ocurridas entre mayo y junio que la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas documenta a través de testimonios directos de los trabajadores indígenas de Oaxaca, Guerrero y Chiapas que migran temporalmente al norte del país para realizar “trabajos esenciales”.
Sin más datos oficiales que los testimonios de esos jornaleros que trabajan en Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Guanajuato, los integrantes de la organización civil han registrado 109 contagios de covid-19 entre mayo y junio pasados.
“Desde el discurso oficial se ha romantizado el concepto de trabajadores esenciales durante la pandemia, porque gracias a los jornaleros agrícolas llegan los alimentos a las mesas de la población en las ciudades, pero no ha cambiado en nada sus condiciones precarias de trabajo y de vida”, señala Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.
Destaca que en respuesta a la pandemia, las secretarías del Trabajo y de Salud publicaron la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas ante el covid-19, mismo que integrantes de la red nacional revisaron en una reunión con el Grupo Intersectorial de Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Competitividad.
La guía está dirigida a empleadores de al menos 3 millones de jornaleros que migran con sus familias, lo que, en cifras conservadoras, representaría al menos a 9 millones de personas que se mueven por el país realizando trabajo agrícola.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2286 del semanario Proceso
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