SURENIO/Argentina.- El informe publicado en junio sobre pueblos originarios y coronavirus mostró las problemáticas que sufren estas comunidades, como dificultades para acceder al sistema de salud, déficit habitacional, falta de agua y discriminación y violencia institucional. Cuestiones que venían desde antes, pero que se potenciaron con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
En este contexto, y de forma complementaria a ese informe, un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) trabaja de forma articulada con comunidades originarias para elaborar soluciones conjuntamente. “Con este proyecto, que dirigimos junto a Alejandro Martínez, planteamos que hay una necesidad de valorar las formas organizativas y los conocimientos de las comunidades y pueblos indígenas, subrayando su lógica colectivo-comunitaria”, señaló Carolina Maidana, integrante del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social (LIAS) de la UNLP y directora del proyecto.
La propuesta de la Universidad de La Plata fue uno de los 137 proyectos seleccionados por la convocatoria “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19” y está integrado por investigadores, docentes, becarios/as, estudiantes y referentes de tres comunidades: Qom, avá guaraní y tonocoté. Las dos primeras son de la periferia platense y, la tercera, de Florencio Varela.
El grupo de investigación buscará, junto a las comunidades, debatir e identificar problemáticas para luego poder definir políticas públicas que atiendan las necesidades y los derechos de los pueblos originarios.
“Planteamos la importancia de generar mecanismos de participación, mediante los cuales las organizaciones de pueblos indígenas puedan vincularse con los distintos funcionarios y técnicos de la administración pública”, afirmó Maidana, al tiempo que remarcó la importancia de “pensar en políticas públicas que tengan en cuenta las particularidades socioculturales, económicas y ambientales”.
Erradicar prejuicios
Según el último Censo Nacional, alrededor de un millón de habitantes de Argentina se reconoce como pueblos originarios. En la región Metropolitana de Buenos Aires, esa cifra llega a 250 mil personas, pertenecientes a algunos de los 40 pueblos indígenas que actualmente se reconocen en nuestro país. El problema, señala la investigadora, es que esta presencia muchas veces no es reconocida.
“Hay un fuerte prejuicio de que los pueblos originarios ‘no existen más’ o que sí los hay pero en áreas rurales. Es necesario revisar esos imaginarios y factores que conducen al racismo. El capitalismo se ha valido de ese proceso para poder expropiar territorios indígenas al descalificarlos, considerarlos inferiores o directamente negarlos”, analizó Maidana, investigadora del CCT- CONICET La Plata.
Con la llegada del ASPO, algunas problemáticas se acentuaron. “Son cuestiones que ya venían de antes, pero de alguna forma se exacerbaron. En el AMBA en particular, lo que notamos fue que se paralizó enormemente el empleo informal, que es uno de los principales ingresos de las comunidades. También quedó en evidencia el hacinamiento o las dificultades para acceder a la entrega de alimentos y medicamentos”, señaló la antropóloga.
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