DIARIOELMUNDO/ElSalvador.- La Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa retomó el proceso para analizar el proyecto de Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas cuya consulta fue suspendida por la pandemia del covid-19.

A la Comisión desarrollada este lunes, asistieron los representantes de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y del Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica, Gerardo Alegría y Rafael Molina, respectivamente.PUBLICIDAD

Alegría destacó que, en un consulta hecha en octubre del año pasado, los participantes de pueblos indígenas destacaron que debe realizarse una fase informativa, detallada de la ley, de una forma comprensible para ellos.

Además de realizarse de acuerdo a criterios de territorialidad, sugieren permitirles espacios de consulta según sus costumbres y sistematizar los resultados. El representante del Instituto Nacional Demócrata comentó que han identificado instrumentos para realizar la consulta en el contexto de la pandemia.

Hemos identificado procesos de consulta para grupos vulnerables, como mujeres». Rafael Molina, Instituto Nacional Demócrata para Centroamérica.

Manuel Flores, diputado por el FMLN, señaló que los instrumentos serán útiles, así como las recomendaciones de los representantes de los pueblos indígenas para elaborar «una ley acorde a la realidad de los pueblos indígenas».

También, brindó sus opiniones Betty Pérez, del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, quien destacó que realizan trabajo en territorio del quehacer de los pueblos indígenas y han avanzado en un proyecto de ley con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

El 28 de octubre de 2019 la Asamblea organizó un encuentro con más de 100 representantes de asociaciones de los pueblos indígenas para realizar el estudio de la normativa y acordó realizar consultas en todo el país, consultas que iniciarían el 20 de enero de 2020 en Sonsonate donde participarían representantes de los pueblos indígenas de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate.

Conclusiones

El Salvador aún no ha legislado el derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y a buscar su propio desarrollo establecido en instrumentos internacionales de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo que los protegen.