AGENDAPROPIA/Ecuador.- En Piwiri, dentro de la selva amazónica ecuatoriana, vive Rosa Aranda. Esta mujer indígena líder enfrenta dos enfermedades: una en su propio cuerpo, la covid-19, y la otra en su territorio, la contaminación histórica por la industria petrolera. Esta historia hace parte de la serie periodística #DefenderSinMiedo coordinada por Agenda Propia.
Hace cuatro años, Rosa Aranda Cuji, indígena de la nacionalidad Kichwa del Ecuador, decidió tomar el liderazgo como mujer amazónica resistiéndose a la explotación petrolera en su territorio ancestral. Su dolor más grande, asegura, es que durante treinta años esta actividad que se realiza cerca de la cuenca alta del río Villano ha enfermado a su gente y a su selva.
La líder me cuenta por teléfono que le preocupa su salud porque le ha tomado más tiempo del usual recuperarse. “No he podido descansar, mi trabajo como dirigente es todo el tiempo”, dice. Sabe que tiene covid-19, su esposo aún presenta secuelas, sus tres hijos ya se recuperaron y su comunidad, en plena selva, también lo padece. Ella, desde la localidad de Piwiri, ubicada en la comuna de Moretecocha (provincia de Pastaza, al oriente del Ecuador) confía que pronto estará mejor y que entonces deberá seguir enfrentando la ‘enfermedad’ más fuerte, la que destruye su selva, y que aduce a la petrolera.
Rosa Aranda observa un armashu (armadillo) joven que hace parte de los habitantes de la comuna Moretecocha, selva que ella defiende de la contaminación petrolera. Foto: archivo personal de Rosa Aranda.
El cuerpo | El territorio
Rosa tiene 40 años. Es una mujer de ojos pequeños y cabello largo y ligero, como los ríos de su tierra. Su pelo es de un color negro azulado característico de las mujeres amazónicas que lo cuidan con wituk, un fruto del que se extrae una tintura que también se usa para pintarse el rostro en momentos especiales. Rosa me cuenta que vive en Piwiri, una comunidad conformada por diecisiete familias que suman setenta personas entre niños, niñas, mujeres y hombres jóvenes y adultos, y es la presidenta de la Asociación Sumak Kawsay integrada por 150 familias de cuatro poblados (Rayayacu, Tarapoto, Kamungui y Piwiri) de nueve que conforman la comuna Moretecocha de la nacionalidad Kichwa.
El trabajo de Rosa es importante porque habita en la puerta de la Amazonía sobre lo que el catastro petrolero denomina como el Bloque 10 (mapa), territorio que comprende un área de 200 mil hectáreas de selva atravesadas por el río Villano, el cual separa a Moretecocha de la parroquia Curaray. Esta comarca se ubica en la parte alta donde desemboca el río Lliquino, que trae, según Rosa, la contaminación del campo de producción petrolero Villano A y B y el oleoducto que saca el crudo hacia el centro de procesamiento de Triunfo Nuevo. El consorcio Arco Oriente-Agip Oil ingresó hace tres décadas al territorio (1988) hasta que en 2019 fue adquirida por Petroandina Resources Corporation del grupo Pluspetrol.
Al lado del río Villano se extienden 37 kilómetros de carretera. Rosa teme que esta se siga expandiendo y llegue hasta su comunidad, dejándola expuesta a la explotación y exploración petrolera. Foto: Paola Jinneth Silva.
Hoy lo que le preocupa a Rosa es que la empresa ya tiene un pie adentro de Moretecocha con el pozo exploratorio Landayacu y que si se permite su explotación se ampliaría la carretera, la tala de balsas (tipo de madera de la zona), la cacería y el deterioro ambiental de los bosques tropicales que funcionan como sumideros esenciales de carbón. Además, su ingreso significaría una amenaza física y espiritual para las nacionalidades (pueblos) indígenas Kichwa, Shuar, Ashuar, Waorani y Sapara.
Los síntomas | La llegada de la petrolera
“Cuando empezó el virus tuve mucha fiebre, duré tres días y tres noches con mucho calor. Primero me traté con antigripales para cuidar que no me afectara los pulmones”, recuerda Rosa, quien desde su liderazgo le ha exigido a su cuerpo más de lo que puede. Ella explica que la gente le pidió que saliera de su territorio porque, si ella se enfermaba, ¿quién les iba a ayudar?
“El Estado está en las ciudades y no en la selva”, me cuenta Rosa, y por eso una de sus rutinas como defensora ambiental es viajar a Puyo, capital de la provincia de Pastaza (y a veces a Quito, capital del país) para contarle al mundo lo que pasa dentro de su selva. – “Yo ya no puedo permitir ver tanta contaminación y destrucción de nuestros ríos y enfermedades en mi territorio. Eso me duele”, dice.
Para salir del territorio, Rosa tiene dos posibilidades: una es por avioneta desde Piwiri hasta el aeropuerto Río Amazonas en Shell (un tiquete aéreo cuesta unos 380 dólares, casi un salario mínimo mensual en Ecuador), y la otra es solicitar a una persona de su comunidad que la transporte en la canoa de la Asociación durante cuatro horas por el río Villano hasta Curaray (Rosa debe garantizar el combustible y el aceite para el viaje ida y vuelta, lo que cuesta unos 10 dólares). Ya allí, como termina la carretera hacia la selva, Rosa toma un bus que tarda tres horas hasta Shell, una ciudad a 20 minutos de Puyo. Esto suma otros 15 dólares.
La defensora trabaja en el consejo de gobierno de su comuna Moretecocha como secretaria, aunque se gana la vida como contadora independiente gracias a los estudios profesionales que realizó en 2012 en la Universidad Regional Autónoma de los Andes en Puyo. Su labor como lideresa no es remunerada.
Su comunidad no tiene un servicio de salud estatal permanente, cuenta la líder. Cuando hay una emergencia, sus habitantes tienen que llamar a través de una radio para consultar al doctor del puesto de salud en Curaray. Como no está a favor de la petrolera, Piwiri se encuentra incomunicada porque la antena que la conecta con ese centro pertenece a la empresa. “Nos dicen que está averiada, pero no es real porque la señal para el resto de las comunidades sí está activa”, asegura la líder, quien en reuniones virtuales ha llamado la atención al Ministerio de Salud ecuatoriano por permitir la manipulación de un derecho de su comunidad de esa manera.
Para Rosa, la salud de su selva está intrínsecamente relacionada con la de su gente: al estar asentados en la cuenca del río Villano comen peces contaminados del pozo petrolero y sus chagras (cultivos) tienen plagas. “La papaya ya está casi extinta y la yuca tiene hongos. Eso nosotros no le podemos llamar desarrollo, el sumak kawsay (buen vivir en kichwa) es tener nuestras aguas limpias y nuestros bosques sanos en vez de dinero”, asegura la defensora.
El estudio más reciente de impacto ambiental que se conoce sobre la actividad en el Bloque 10 (en donde el Estado ecuatoriano autorizó la exploración y explotación petrolera) se presentó en 1989. El documento, producido por una Comisión Evaluadora con delegados del Estado y de los pueblos indígenas, ya hablaba de un profundo deterioro de la vegetación por deforestación; presencia de desechos tóxicos descargados directamente en los suelos y el agua; daños en la caza y la pesca, y enfermedades estomacales y en la piel. Según explica Carlos Mazabanda, coordinador de campo en Ecuador de Amazon Watch, organización no gubernamental que apoya a las comunidades del suroriente ecuatoriano “estos impactos se dieron solo en la actividad exploratoria”.“Nosotros vivimos del río, ahí está nuestra vida y los sembríos (cultivos)”, cuenta Rosa.
Y agrega que las infecciones, particularmente en las mujeres, son constantes y que se han presentado casos de cáncer porque tomar agua o bañarse ahí es un riesgo. Hace tres años, la ONG Acción Ecológica acompañó a una brigada de salud con el Centro de Especialización de la Piel y encontró que el 80 por ciento de la población tenía algún tipo de afección. De acuerdo con los relatos de la comunidad, cuando llueve la planta de tratamiento de la empresa petrolera se desborda y los residuos terminan en el río Lliquino, el cual desemboca en los afluentes Lipuno y Villano de donde la comunidad de Rosa requiere el agua para vivir.
Las acusaciones referidas a la contaminación y las enfermedades están bajo investigación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Su representante en la provincia de Pastaza, Yajaira Curipallo, explica que las denuncias no solo se limitan a la ampliación del Bloque 10, los problemas de contaminación, los derechos de la naturaleza y la consulta previa e informada sino también a la intención de la empresa de dividir a las nacionalidades indígenas ofreciendo prebendas para fragmentar y así debilitar los criterios de protección de la naturaleza. Para octubre de 2020 se espera que la investigación liderada por esta entidad determine si hubo violaciones por parte de la compañía.
Por: Paola Jinneth Silva.
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