El covid 19 arrincona a los indígenas que viven en Bogotá

Semana Rural.- Si nos encontramos por fuera de nuestros territorios de origen no es porque nos guste, se debe a los efectos del conflicto armado y a las desigualdades que hemos heredado”, afirma Maria Violet Medina Quiscue, del pueblo Nasa, consejera de la Mesa de los Pueblos Indígenas Víctimas en Bogotá.  Sus declaraciones se dan luego de los tres desalojos producidos este miércoles en el barrio Santafé que dejaron en la calle a más de 500 familias. El motivo es que no han podido pagar los 25 o 30 mil pesos que cuesta a diario la estadía en cada albergue.

La cuarentena, que ya cumple más de una semana, ha impedido que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas puedan salir a trabajar. Estas comunidades en la ciudad se dedican en su mayoría al rebusque diario. Algunos venden artesanías, otros trabajan como albañiles o se dedican a cualquier oficio relacionado con la construcción. Unos más venden productos en las calles y en los centros comerciales mientras otros se dedican al servicio doméstico.

Medina afirma que hasta el momento no hay reporte de algún contagio; sin embargo,  las condiciones en las que están viviendo los tienen preocupados. Según la Mesa de Participación de  Pueblos Indígenas, en Bogotá hay más de tres mil personas pertenecientes a algún pueblo indígena. La gran mayoría viven hacinados,  pues por lo general los albergues que pagan constan de una sola habitación en donde conviven entre seis y diez personas. Son aproximadamente 20 pueblos indígenas entre los que se encuentran:  Uitoto, Pasto, Kubeo, Misak-Misak, Eperara-Siapidara, Koreguaje, Nasa, Wounaan-Nonan, Kankuamo, Pijao, Kamëntsá, Tubú, Wayúu, Yanakuna.

Ricardo Machuca y Jairo Montañez, de los pueblos Dobida y Wayuu respectivamente, dicen que las ayudas decretadas por el gobierno no los están beneficiando porque muchas de las personas de sus pueblos no aparecen censados en el Sisben. Tampoco están registrados en programas como Familias en Acción o Jóvenes en Acción.     Las medidas, entonces, no los están incluyendo. Machuca y Montañez temen por la salud de los menores de edad y adultos mayores, pues el hacinamiento supone condiciones de sanidad que los hace vulnerables.

“La alimentación es lo que más nos preocupa, muchos se quedan encerrados aguantando hambre”, cuenta Medina, quien agrega que la alimentación es la mayor preocupación de todos los pueblos.

No se trata solo de las ayudas sino del tipo de alimentos que llegan. Las salsas, los aderezos, los enlatados y los lácteos son productos que vienen en las entregas de ayuda; no obstante, a estas comunidades no les hace bien su consumo.  Por el contrario, les produce enfermedades digestivas, que en las condiciones actuales son más difíciles de manejar. En el comunicado que expidió la Mesa de Participación este miércoles, los pueblos indígenas piden que haya un enfoque diferencial a la hora de tomar medidas para estas comunidades.

Bogotá representa el mayor de los riesgos para los indígenas por ser la ciudad con más casos de contagio, así como por las condiciones socio económicas de los pueblos. Pero en el país existen otros puntos que, por su cercanía a las cabeceras, también son un riesgo.

La Organización Indígena de Colombia (ONIC) expidió un comunicado en el que muestra las zonas de riesgo para las comunidades indígenas. El boletín tiene en cuenta una distancia igual o menor a 15 kilómetros entre  las comunidades indígenas con los puntos donde ya se han reportado contagios. Reportan 16 departamentos y 69 municipios de mayor riesgo para los indígenas gracias a las actividades económicas y culturales que se comparten con la población. Hasta el 31 de marzo, el informe reporte un total de 115.774 familias indígenas susceptibles de ser afectadas en el corto plazo en caso de continuar el patrón de contagio.

Nariño, Cundinamarca y Sucre son los departamentos con la mayor cantidad de familias rurales en riesgo. Se cuentan entre 10 mil y 63 mil familias. Mientras tanto, Huila, Magdalena y Quindío, con una cantidad entre 40 y 200 familias, son los departamentos de menor riesgo.

Algunos pueblos indígenas se encuentran en mayor riesgo, un ejemplo son los Zenú, el segundo pueblo indígena más numeroso después de los Wayuu. De acuerdo con el censo propio, tiene una población de 381.825 indígenas, en su mayoría asentados en los departamentos de Córdoba y Sucre. Su territorio ancestral se encuentra en los valles de los Ríos Sinú y San Jorge y en los alrededores del Golfo de Morrosquillo. La ONIC afirma que si continúa el patrón exponencial de contagio y se aplica el rango de 15 kilómetros entre territorios indígenas y centros poblados, tanto el Pueblo Zenú  como el Emberá quedarán en un alto nivel de riesgo.

La Dirección de asuntos étnicos de la Secretaría de Gobierno llevó a las familias desalojadas a un albergue de las Hermanas de la Caridad. Sin embargo, la medida es temporal por esto varias organizaciones indígenas en Bogotá se unieron con el fin  buscar ayuda Entre todos crearon una cuenta Vaki. Se espera que con el aporte de quienes puedan ayudar se  reúnan 130 millones para cubrir las necesidades básicas de aproximadamente 1600 indígenas.