Por: María Aguilar
Esta pandemia desnuda la urgencia de instaurar un sistema de protección nacional como un derecho que beneficie a todos.
El Periodico (6 abril 2020).- En Guatemala diversos momentos de la historia han desnudado las inequidades. Siendo el terremoto de 1976 uno de ellos, porque dentro de la devastación y la muerte, los escombros del país revelaron la corrupción de los gobiernos militares que gobernaban y la pobreza extrema en la que tenían sumida a las mayorías. Desde entonces, los desastres naturales han demostrado, como aún dentro del supuesto periodo “democrático”, la desigualdad, explotación, falta de empleo y la acumulación de la riqueza son una constante.
Y mientras el país espera que le abrace el tsunami de muerte y sufrimiento que está por llegar y que ahora devasta a Italia, España, Ecuador y ciudades de Estados Unidos, no ha sido la enfermedad sino la falta de reacción y humanidad de las acciones del Ejecutivo las que revelan las fisuras del sistema. Por eso, el toque de queda, impuesto para intentar frenar la curva de contagio, no ha logrado parar la movilidad de las personas en el país, porque muchos se ven obligados a salir a trabajar para subsistir.
En un país con una mayoría de personas dependientes del empleo informal y con un índice de pobreza y pobreza extrema de más del 60 por ciento, que sube al 80 por ciento en algunos departamentos con mayoría de población indígena, es imposible pedir a las personas que se queden en casa, si el Estado no apoya económica y socialmente a las familias. Hasta el momento el presidente Alejandro Giammattei anunció que entregará 200 mil cajas con alimentos y que 2 millones de familias recibirán un bono de mil quetzales para “pagar la luz, el agua, y comprar comida”. Es ilógico pensar que esa ayuda será suficiente para 10 millones de pobres. Además, es cruel pensar que mil quetzales cubrirán el pago de servicios y, además, comida en un país donde la canasta básica es de Q3 mil 600. Así, el bono ayudará a una mínima fracción de la población a pagarle a las grandes empresas de electricidad o telefonía, pero no servirá para comer.
Esta pandemia desnuda la urgencia de instaurar un sistema de protección nacional como un derecho que beneficie a todos, especialmente a quienes menos tienen. Solo así se dejará de aplaudir a las donaciones públicas y falsas benevolencias de una elite y un sector empresarial que actúan como si esta crisis se tratara de un show benéfico, pero que se rehúsan a pagar impuestos y prefieren limpiarse la cara a través de actos de caridad donando migajas de sus millonarias ganancias, mientras logran asegurarse privilegios fiscales por cien años en el Congreso, y seguir siendo el poder paralelo en el país.
Pero así actuaron sus antepasados, por eso, sus descendientes intentan seguir engañando, ahora en forma de grandes cheques, mientras los pobres, esperan a la muerte.
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